Holanda logra reforzar el poder de los parlamentos nacionales

Después de que el 62% de sus ciudadanos votaran no en el referéndum de la Constitución Europea, Holanda pensó que era urgente fomentar la participación de los ciudadanos en la Unión. El primer ministro, el liberal Jan Peter Balkenende, achacó la derrota a la percepción de que la Constitución daba demasiado poder y soberanía a la UE. Tras declararse pro europeo, Balkenende propuso (como Reino Unido) suprimir los símbolos que sonaran a súper Estado (himno, Constitución, bandera) y abogó por dar a los Parlamentos Nacionales más tiempo y poder para fiscalizar las decisiones que toma la Unión Europea.

La medida holandesa, conocida ya como la Tarjeta Naranja (en alusión a que el mecanismo funciona como una advertencia al legislador europeo), fue incluida anoche en la última propuesta alemana con nuevos detalles que refinan su funcionamiento. Pleno éxito de Holanda, que se completó con una mención a las condiciones de adhesión que deben cumplir los nuevos países.

La filosofía de la nueva herramienta de subsidiariedad es que la Unión Europea no podrá imponer directivas si estas cuentan con la oposición de una mayoría simple de los votos atribuidos a los Parlamentos Nacionales (que son un total de 54, dos por país).

Según el borrador del nuevo Mandato, si una mayoría simple objeta un proyecto de ley, la Comisión podrá mantenerlo, retirarlo o enmendarlo. Pero si lo mantiene deberá justificar en un informe razonado por qué cree que el texto cumple el principio de subsidiariedad (es decir, si se aprueba en la instancia más cercana al lugar de la decisión).

Recorte de poder

Para muchos socios, la idea supone un recorte del poder de la institución que dirige Durão Barroso. Y de hecho, el primer ministro de Luxemburgo, Jean Claude Junker, mostró su rechazo frontal a la idea al advertir que el "refuerzo de los Parlamentos Nacionales no debe conllevar una disminución total o parcial del rol de iniciativa de la Comisión Europea".

La reforma, además, aumenta de seis a ocho semanas el periodo de tiempo que las Cámaras tienen para examinar las directivas. Alberto Navarro, secretario de Estado español para asuntos europeos, consideró la ampliación del plazo como positiva, ya que concederá más tiempo a los Parlamentos autonómicos para pronunciarse.

En la cuestión de los criterios de adhesión, los holandeses también se apuntan un tanto. Aunque querían incorporar los criterios de Copenhague (respeto al Estado de Derecho y la Democracia, economía de mercado y aplicación de la legislación europea), la propuesta alemana no los incluye tal cual, pero en un párrafo invita a tomar en cuenta las condiciones de admisión decididas por el Consejo Europeo.