Un debate urgente

El número y gravedad de los accidentes laborales en España no cesa de crecer y es hoy uno de los problemas más graves de nuestra sociedad. España es el segundo país europeo, por detrás de Portugal, en número de accidentes laborales con baja y es el único de Europa donde la siniestralidad no ha dejado de crecer en los últimos años. Las cifras causan verdadero desasosiego. El año pasado se produjeron 935.000 accidentes con baja, un 7,5% más que en en el anterior, y si bien el número de accidentes graves descendió algo más del 3%, los accidentes mortales aumentaron más del 2%. El coste de esta cadena imparable de accidentes pesa como una losa sobre la economía española: más de 360.000 millones por año.

En esta tenebrosa situación, el informe elaborado por el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Federico Durán, sobre los riesgos laborales y su prevención, a petición del presidente del Gobierno, resulta un punto de partida necesario, aunque quizá no suficiente, para abrir un debate social intenso sobre esta cuestión. El informe Durán ensombrece todavía más, si cabe, los perfiles de la siniestralidad española. Para empezar, el estudio asegura que las estadísticas subestiman el número de accidentes totales y el número de muertos en ellos, de forma que deberían ser corregidas para contar una aproximación más real al problema. Igualmente aterradora parece la relación entre temporalidad y accidentes, de forma que son dos veces y media más frecuentes entre los asalariados con contrato temporal que entre los asalariados fijos.

Entre líneas puede leerse en el informe Durán que la legislación española sobre prevención de riesgos ha fracasado, y de forma explícita se dice que debe ser modificada. Que el punto de partida de esa modificación sean las recomendaciones del informe -como, por ejemplo, atribuir al empresario el pago de la prestación económica por incapacidad laboral durante el periodo inicial de baja o elaborar estudios específicos para reducir el número de accidentes en las actividades de mayor riesgo- puede ser discutible, pero, en todo caso, al menos hay una batería de propuestas que merecen ser debatidas por empresarios, sindicatos y partidos políticos.