El PP fracasó en su intento de pactar con los socialistas el texto legal

En abril pasado, el Gobierno intentó pactar la Ley de Aguas con la principal fuerza de la oposición. Para lograrlo, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, y el de Agricultura, Jesús Posadas, mantuvieron un par de encuentros con los socialistas Cristina Narbona y Víctor Morlán. Pero el pacto se frustró ante el rechazo frontal del PSOE a que se liberalizase la compraventa de los derechos del agua. El argumento socialsita radica en que este recurso es un bien fundamental de derecho público que no puede ser objeto de transacción comercial. Así, los socialistas mantienen que la comparventa del agua limita el acceso al agua de quien más dinero ponga sobre la mesa para comprarla. El PP mantiene en que la liberalización permitirá asignar adecuadamente este recurso. Descartado el acuerdo con el PSOE, al PP sólo le quedó conseguir el respaldo de los nacionalistas, en particular los catalanes de CiU. En la tramitación parlamentaria, este grupo presentó una enmienda por la que las comunidades con competencias plenas en materia de aguas (Cataluña, Galicia, Baleares y Canarias), donde ya se aplican cánones propios para financiar obras hidráulicas, los consumidores quedarían excluidos de pagar el canon estatal o en todo caso, el importe total no debería superar el canon de mayor cuantía.

Según fuentes nacionalistas catalanas, esta enmienda había sido inicialmente aceptada por el Gobierno, pero éste pidió su exclusión del texto legal con la promesa de recogerla posteriormente en una especie de protocolo. Las mismas fuentes aseguran que el apoyo definitivo de CiU a la Ley de Aguas se produjo tras conseguir del Gobierno un acuerdo para que el Estado se haga cargo de una parte importante de la financiación del canal Garriga-Noguera, con el que Cataluña aspira a convertir en regadíos miles de hectáreas de secano en la cuenca izquierda del Ebro. La Generalitat de Cataluña ha peleado durante años hasta lograr que el Estado se comprometa a financiar este plan con 54.000 millones de pesetas.