El Defensor del Pueblo europeo resolvio sólo 4 de los 537 recursos recibidos

El primer Defensor del Pueblo Europeo, el finlandés Jacob Söderman -que asumió el cargo en septiembre de 1995 aunque la institución se creó tres años antes -, se presentó ayer públicamente en España para dar a conocer cómo funciona su organismo. Falta hace, a la vista de los datos: De las 537 reclamaciones que ha recibido, sólo ha admitido a tráirúte 86 -el resto escapaban a sus competencias- y resuelto cuatro -las cuatro por solución amistosa- Según declaró ayer Söderman, de las actualmente en trámite "no hay ninguna reclamación importante procedente de España, y me gustaría que hubiera alguna". Söderman tiene fuertes vínculos con España. Habla castellano, ha vivido en Barcelona y le interesa mucho Latinoamérica.A la vista del Informe Anual 1995 del Defensor, los españoles no han acertado en sus reclamaciones. Es el tercer país que más recursos ha presentado (59), tras la avalancha de Reino Unido (112) y Alemania (75); pero sólo le han sido admitidas dos, muy por detrás de las 42 de Reino Unido y las 19 de Bélgica. Y es que la misión del Defensor del Pueblo Europeo consiste en recibir las reclamaciones relativas a casos de mala administración por parte de los órganos de gestión comunitaria. Söderman explicó ayer en rueda de prensa, y en una reunión previa con varias orgarinizaciones no gubernamentales, que los españoles presentan muchas demandas sobre derechos humanos, que él no puede aceptar y se las pasa a su homólogo español.

La razón de la supremacía británica de recursos está en sus demandas colectivas "sobre la supuesta inacción de la Comisión Europea en relación con las pruebas nucleares francesas en Polinesia".

Entre los casos resueltos -que dan una idea de los asuntos que trata- figura la reclamación de una empresa belga que organizó una conferencia en nombre de la Comisión Europea; poco antes fue cancelada y supuestamente la CE se negó a compensar las pérdidas. Entre los pendientes, el de tres periodistas franceses que dicen que se les ha negado poder consultar la lista de asistencia de los diputados al Parlamento Europeo.