Sindicatos, empresas e Industria acuerdan la reestructuración de la cuenca de Fabero

La Dirección General de Minas, la Junta de Castilla y León, los sindicatos CC OO y UGT y las cuatro empresas carboneras de Fabero suscribieron ayer un principio de acuerdo para la reestructuración de la cuenca a medio plazo, que abarca diversos aspectos técnicos, financieros y sociales de las explotaciones de la zona.El documento base del preacuerdo contempla el mantenimiento de una producción de mineral de interior que se sitúa en las 700.000 toneladas anuales, con una reducción de plantillas que afectará hasta 1993 a 530 de los 1.800 trabajadores actuales.

La Administración central aportará alrededor de 8.000 millones de pesetas como anticipo de los suplementos de precio del carbón, ayudas sociales y a la investigación y puesta en marcha de nuevos campos de explotación. Las cuatro empresas mineras Antracitas de Fabero, Antracitas de Gaiztarro, Combustibles de Fabero y Antracitas de Marrón se han comprometido a iniciar negociaciones para la explotación conjunta de los yacimientos.

Esta colaboración contará con transacciones y acuerdos de fusión entre las cuatro sociedades, que atraviesan desde hace varios años una crítica situación financiera, con un endeudamiento global de más de 10.300 millones de pesetas (7.000 millones para Hacienda y Seguridad Social). Las cuatro empresas deberán renegociar las deudas y ejecutar ampliaciones de capital por un total de 1.000 millones.

El preacuerdo incluye, además de las obligadas fusiones, la explotación conjunta a cielo abierto de una zona de Fabero denominada La Gran Corta, con un yacimiento próximo a las 17,5 millones de toneladas de antracita.

Las cuatro sociedades tendrán que vender los activos no mineros cuyas plusvalías serán aplicadas a la mejora de su estructura financiera. Hasta 1994 las empresas afectadas por la reestructuración no podrán proceder al reparto de beneficios. Las ayudas estatales representarán el 55% de las inversiones (20% a fondo perdido y el 35% reintegrable).

Tras la firma del acuerdo definitivo se constituirá una comisión de seguimiento que estará formada por representantes de las administraciones central y autonómica, empresas y trabajadores.