Un proceso

La aprehensión del mayor alijo de cocaína detectado en España, el 7 de mayo de 1988, dio lugar a sólo tres detenciones: la del colombiano Julián Giraldo Muñoz, de 35 años, que, según la sentencia, se encontraba en España "con la finalidad de hacerse cargo de la cocaína para su ulterior distribución"; la de José Tortosa Jiménez, de 50 años, español residente en Francia "que había realizado diversos viajes a Colombia y trabó conocimiento con personas de aquella nación, con las que convino realizar la importación clandestina de una importante cantidad de cocaína"; y la de Javier Lecuoria Aldanondo, de 45 años, agente de Aduanas de Irún, "quien disponía de una lonja que había alquilado para almacén en la calle Peio Vishente, número 2 de Irún", donde fue encontrado la mayor parte del alijo.Un cuarto implicado, que había alquilado en Madrid, bajo la identidad falsa de Enrique Sánchez Mora, la furgoneta en la que se hallaron 47 kilos de cocaína y que presumiblemente se disponía a recogerla, desapareció el mismo 7 de mayo sin dejar rastro.

El atestado correspondiente a este operativo sugiere que la detención de Tortosa y Giraldo hubo de precipitarse, "ya que daba toda la impresión de que hubiesen detectado la presencia y existencia del seguimiento policial". Esa circunstancia puede explicar que la investigación del caso quedara muy incompleta, y que incluso la reconstrucción judicial de los hechos presente lagunas notorias.

El proceso iniciado sobre esta base se abrió mediante auto de procesamiento, siendo posteriormente reconducido a procedimiento abreviado, sistema por el que se celebró la vista hasta la conclusión de la fase de prueba. En ese momento, el fiscal modificó sus conclusiones, pidiendo para cada uno de los acusados la pena de 23 años de reclusión mayor y multa de 225 millones de pesetas, así como la reconversión inmediata del procedimiento a ordinario.

La vista concluyó, sin aplazamientos, dando paso a la siguiente sentencia: en el caso de Giraldo y Tortosa, que llegaron ante la Sala con sendas peticiones acumuladas de 16 años y de multas, respectivamente, de 100 millones y 3 millones de pesetas, la última calificación del fiscal fue plenamente aceptada. Lecuona, que había inciado la vista con una petición fiscal de cuatro años y seis meses, más un millón de multa, fue condenado, "por indicios", a 20 años y un día de reclusión mayor y multa de 225 millones de pesetas. El caso se encuentra actualmente ante el Supremo.