Erik Saracho: “Si me matan ahora, el mensaje que queda es el de un Estado fallido”

Erik Saracho Aguilar (Guadalajara, 58 años) carga con dos almohadas y una mochila a donde quiera que va para poder acomodar su brazo, aún vendado hasta casi el hombro. Desde que sobrevivió a un intento de asesinato, el pasado 11 de marzo, cuando le dispararon con la intención de matarlo a tiros, Saracho, se planta y habla con una fuerza indescriptible sobre cada una de las causas que él y sus colaboradores han liderado para proteger el territorio y medio ambiente en Jalisco y Nayarit. El activista, que hace frente y combate desde hace años los excesos inmobiliarios del turismo en la costa del Pacífico, tiene su brazo derecho totalmente inmovilizado. Fue el milagroso e inexplicable escudo que le salvó la vida cuando un hombre armado le disparó a la cara esa mañana fuera de su casa. La repercusión del ataque lo llevó a primera línea de la atención pública, pero Saracho insiste en que él no es el protagonista de la historia. Y recuerda que la violencia y abusos en el país deben ser combatidos por el Estado, no porque un activista se haya librado esta vez, sino porque el Gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad para todos.

“Si a mí me matan ahorita, el mensaje nacional que quedaría es que hay un Estado fallido. Perdón, porque parece algo centrado en mi persona, pero estoy narrando lo que le pasa al personaje que está aquí sentado, y que no quisiera ser yo”, dice a EL PAÍS durante una visita a Ciudad de México. Saracho rehúye de ser el centro de atención o de cualquier noción de heroísmo derivada del ataque -que quedó grabado en cámaras de seguridad- y opta por protegerse a él y su familia. “Voy a ser lo más prudente que se pueda y a persignarme”. Pero también sabe que ese episodio es una muestra más de lo vulnerables que son los ciudadanos que luchan por causas cívicas en México frente a las mafias de poder o al crimen organizado. “Sería bien triste y catastrófico para el país que me mataran. Perdón que lo diga así, pero ve la película: el activista de mediopelo sobre el que todo mundo decía ‘muy bien lo que hace’, lo quieren matar y no lo matan, y se hace rockstar, estrellita de plomo. Todo el mundo dice: ‘Wow, lo que hace, qué maravilla, qué bueno que no moriste, qué valiente, qué trascendente, qué chingón’. Y la presidenta le pone toda la atención y el Ejército. Ahí están los guardias federales y la camioneta blindada... ¿Y si al final lo matan? Dime la moraleja del cuento, platícame en dónde está México", cuestiona.

“Nos hicimos guardianes del territorio sin darnos cuenta”

El fundador y director de Alianza Jaguar A.C. ha sido el rostro de varias causas que van desde la defensa del territorio hasta los derechos de las infancias. En 2000 colaboró en una investigación sobre explotación sexual infantil que derivaría años más tarde en la detención del empresario y pederasta estadounidense Thomas White, un hombre acaudalado y con influencias en las más altas esferas del poder en Jalisco, que encabezó una red que abusó de decenas de menores de edad en Puerto Vallarta.

Saracho, de entonces 33 años, tuvo que marcharse de ese Estado y se mudó a Nayarit. “Fue la primera vez en que fui consciente de que podía subir el vidrio [de mi camioneta], porque tengo una mano, porque estoy vivo, porque tengo un cuerpo, porque no me han matado. Fue la primera vez que tuve la consciencia de que ese activismo podía atentar contra mi vida, y que estar vivo es un privilegio que te permite actuar”, recuerda.

Antes de eso ya se consideraba un “basurólogo”, por su implicación en asuntos ambientales desde su juventud. En 2004, se integró al Colectivo Ecologista Jalisco y logró impulsar la creación del área natural protegida de la Reserva de la Biosfera Sierra de Vallejo-Río Ameca, que comprende unas 225.000 hectáreas entre Jalisco y Nayarit. El proceso para la declaratoria duró 20 años. “Lo vimos con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, y fueron Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, quienes nos dijeron que sí”.

Años más tarde un amigo le contó que le estaban ofreciendo un jaguar en venta. Fue entonces cuando comenzaron a investigar sobre el animal y su hábitat y decidieron rescatarlo. Eso exigía también un compromiso de salvaguardar su territorio, que es la tarea que inició con Alianza Jaguar. Además, las comunidades aledañas a San Pancho empezaron a acudir a ellos para denunciar el robo de madera, agua de sus arroyos o incendios. “Nos hicimos guardianes del territorio sin darnos cuenta”, dice. “Éramos los que conocíamos la ley y teníamos contacto con el Gobierno. La gente llegaba y nos pedía ayuda”. Sin embargo, asegura, pronto se dieron cuenta de que no podían liderar todas las denuncias por el riesgo que significaba para ellos, así que orientaron a las comunidades y siguieron acompañando varios de los casos.

“Hicimos bien ahí diciendo: ‘Aquí tenemos que cuidar el territorio porque hay jaguares’, y aventamos a los jaguares por el frente. ¿Qué pasó? Los rancheros dijeron: ‘Ah, si hay jaguares, pues los matamos a todos’. Igualito que sería el error de decir: la defensa del territorio está centrada en sus defensores, pues mátelos a todos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces no puede estar la historia centrada en el héroe, en el mártir, en la persona. Es la causa, el objetivo, el territorio”, reflexiona. Y señala los puntos flacos del sistema: “Son las estructuras de poder, los procesos de inversión, las leyes que no pueden defender al territorio, son los procedimientos torpes jurídicos, civilistas que hacen difícil interponer una demanda. ¿Sabes cuánto tiempo y dinero te cuesta meter demanda para que tú, ciudadano, logres defender un bien público?“.

Luego vinieron los desarrollos turísticos inmobiliarios que han acechado durante décadas la ribera nayarita. Primero, fue la empresa Emerald Coast, que, según Saracho, comenzó a vender por fax, desde México a Estados Unidos, terrenos que formaban parte de la sierra. Denunciaron tráfico de tierra, corrupción y especulación inmobiliaria. “Fueron los primeros que llegaron en una fiesta del pueblo a decirme que estaban juntando firmas para que me fuera”, recuerda. Tras la crisis inmobiliaria, la empresa quebró.

En 2017, llegó un conflicto que hoy continúa abierto. La protesta social del pueblo de San Pancho en contra del desarrollo de lujo de Punta Paraíso. El propietario interpuso una demanda en contra de Saracho y otras personas en el vecino Jalisco. El desarrollo comprende tres edificios de departamentos de lujo frente a la playa. Parte de la comunidad y de los activistas han denunciado que las autoridades locales aprobaron que el predio del complejo avanzara al menos 15 metros sobre la playa pública, con el argumento de que la playa ha crecido. Dijeron que eran “terrenos ganados al mar”, reprocha el activista, para privatizar una zona federal.

Y, finalmente, el desarrollo Ysuri. En noviembre pasado, a Saracho le llegó que estaba siendo señalado de extorsionar al empresario propietario. Él dice, que ni siquiera conocía al dueño. Lo único que sabía, como una apreciación personal, era que el edificio que se proyectaba construir debía tener al menos un espacio de estacionamiento por cada unidad del edificio. Algo que a todas luces no existía. Entonces, supo que la empresa había arrendado un terreno junto a una escuela para usarlo como estacionamiento. “Yo solo tenía mi opinión de que no era apto porque no respetaba la ley”, asegura Saracho.

Dos días antes de que ser atacado la puerta de su casa por un hombre armado cuya identidad aún se desconoce, Saracho y su colaboradora Indira Santos tuvieron una reunión pública con el presidente municipal, Héctor Santana, y representantes de los desarrolladores de Ysuri. Acordaron volver a encontrarse el miércoles, pero la noche de antes antes, Santos y Saracho, conscientes de que no tenían la información necesaria para posicionarse, cancelaron el encuentro. La mañana de ese 11 de marzo, del día en que debía darse la reunión, un hombre de mediana edad vestido completamente de negro se acercó a la casa de Saracho y le disparó en al menos dos ocasiones.

En un video hecho público por la Fiscalía de Nayarit se observa que el presunto agresor dispara y sale corriendo. “Ayúdanos a localizarlo. Se busca a la persona que aparece en este video”, dice el mensaje, que incluía una recompensa de 100.000 pesos (poco más de 5.500 dólares) por información que llevara a dar con el sospechoso. “La recompensa me parece una burla. En realidad, está diciendo: ‘Tu vida significa muy poquito para nosotros”, cuestiona el activista. Y pone una comparación: “El desarrollador [de Ysuri] puso un letrero del tamaño de una pared en un edificio que dice: ‘Donaremos 100.000 pesos por cada departamento que se venda a la secundaria”.

La investigación judicial del ataque sigue en curso. En ella participan autoridades locales del Bahía de Banderas, del Estado y de la Federación. “Todavía no puedo señalar a nadie, porque no ha habido una decisión judicial que determine de dónde vino el ataque, pero para nosotros está claro que no fue el asesino solitario, sino que hubo más gente involucrada”, dice Saracho. Asegura que el país entero está enfrentando “un asedio terrible del crimen organizado” y pide repetidamente que el foco de cualquier relato no sea él, sino la urgencia de que se tomen medidas contra la violencia. “Yo necesito que el Gobierno federal lo haga, yo no; yo necesito que el Gobierno enfrente a las mafias, yo no. Lo que yo tengo que lograr es que nuestras instituciones se muevan, que no vivamos en un pinche país de impunidad y corrupción y simulación. Tenemos que lograr que México funcione y no lo vamos a hacer nosotros. ¿Cuál caudillo? Yo no soy Zapata, no, no me toca; les toca a ellos. Son sujetos obligados; les pagamos, dijeron que sí podían, chínguenle".