Justicia intenta suavizar el cambio en la remuneracion de notarios y registradores

El Gobierno ha decidido aplazar la tramitación de un proyecto de ley de Economía y Hacienda que pretendía sustituir la actual remuneración de los notarios y registradores de la propiedad por la recaudación de tasas. Ante la alarma provocada en estos profesionales, el Ministerio de Justicia les ha ofrecido seguridades de que esta normativa no prosperará. Como alternativa, prepara un decreto que simplifica los actuales y abusivos aranceles, vigentes desde 1971.

El anteproyecto de ley de tasas y precios públicos -elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda y aparcado el pasado miércoles en la reunión de subsecretarios preparatoria del Consejo de Ministros de hoy suprimía el actual sistema de arancel, vigente para notarios y registradores. Las tasas serían recaudadas por estos profesionales para ingresarlas en el Tesoro Público, de donde después se les devolverían sus emolumentos.Según fuentes de Economía y Hacienda, el objetivo de la fu turia ley -que el titular del de partamento, Carlos Solchaga, llevará a un próximo Consejo de Ministros- es lograr la transparencia fiscal en las transmisiones de bienes y otros actos jurídicos, en los que estos profesionales reciben su retribución por un importe muy superior al que figura en el documento del que dan fe. Tales fuentes manifestaron que los notarios y registradores "deben tener una remuneración digna pero no cobrar lo que quieran". Por su parte, el director general de los Registros y del Notariado, Mariano Martín Rosado, explicó a EL PAÍS que el Ministerio de Justicia no desea un enfrentamiento con el de Economía y Hacienda, pero que técnicamente el proyecto de ley de Tasas no es el instrumento adecuado para clarificar el servicio que prestan 2.000 notarios y 800 registradores con un total de 23.000 empleados. Aseguró que la filosofía del departamento no es "defender ningún privilegio ni favorecer la opacidad, sino mejorar el servicio prestado a los ciudadanos".

En concreto, Martín Rosado anunció para antes de dos meses un decreto de reforma de los actuales aranceles. El futuro decreto establece un catálogo sencillo de precios y de conceptos para que el ciudadano sepa lo que le va a costar la operación, y regula una minuta exhaustiva con trascendencia para la Hacienda Pública. "Si el interesado dice que el precio de venta es de cinco millones, el notario pondrá esa cantidad, pero si cobra por el precio real de 25 millones, esa cantidad será también la que figurará para el fisco", explicó.

Alarma

Ante la alarma provocada entre los notarios, el decano, Roberto Blanquer Uberos, se reunió el pasado miércoles en la sede del colegio notarial con sus compañeros, a quienes transmitió las indicaciones recibidas del Ministerio de Justicia de que se mantuviera la confianza en el departamento que dirige Fernando Ledesma. En cumplimiento de esta recomendación, Blanquer no quiso expresar opiniones a este periódico, pero sí explicó que el sistema de tasas no remunera en función del servicio prestado por un profesional, sino del tributo que debe pagar el ciudadano, lo que significaría "un giro copernicano sobre la situación actual".

Otro notario, José María de Prada, afirmó que la tasa es "lo que cobra el Estado por un servicio que presta el Estado", mientras que el arancel es "una remuneración que, por su importancia pública, regula el Estado, pero que perciben los profesionales que prestan el servicio". Como ejemplo de arancel puso el de los taxistas. De Prada manifestó que las tasas podrían beneficiar económicamente a los notarios, porque, a diferencia de lo que ocurre ahora, tendrían que pagar todos. Añadió que, de seguir adelante el proyecto de ley, se trataría de una "nacionalización a la portuguesa", como la que realizó Oliveira Salazar y ha provocado la expulsión de los profesionales portugueses de la Unión Europea de Notarios.