El precio de la fe pública

El secuestro privado de la fe pública es reconocido por los notarios y registradores, si bien muchos de ellos aseguran que, además de fedatarios, prestan una labor de asesoramiento jurídico, especialmente en el medio rural. Frente a este criterio, desde posiciones radicales, como la de la juez Manuela Carmena, se afirma que, puesto que ni notarios ni registradores comprueban lo que dicen constatar, podría prescindirse de ellos, ya que el servicio de estos profesionales sale carísimo a la sociedad. Para Carmena la solución no es la que pretende Economía y Hacienda, ya que, en su opinión, con las tasas se añadiría el riesgo de corruptelas, como ocurrió en los juzgados.Por su parte, los registradores consideran que el Registro de la Propiedad ofrece a los ciudadanos la seguridad de quienes son los titulares de los bienes y qué cargas pesan sobre ellos. Los notarios estiman que sustituir el actual sistema de arancel nos alejaría de la Comunidad Europea.

El notario José María de Prada afirmó que las minutas dependen del número de folios y de copias y que no todos los notarios ganan mucho, aunque "mientras exista la elección, es inevitable que los clientes se concentren en unos pocos". Advirtió sobre los riesgos de convertir a los notarios en funcionarios, ya que esto afectaría al personal y al material de trabajo. Reveló que, según una reciente encuesta realizada por Demoscopia, los españoles muestran una aceptación general de las notarías, en contraste con la opinión sobre los servicios públicos.