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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Las elecciones autonómicas de Andalucía

EL DOMINGO próximo coinciden las elecciones a las Cortes generales con las votaciones autonómicas andaluzas. Son dos convocatorias de distinto rango pero necesariamente relacionadas entre sí. Existen, con todo, particularidades en esta autonomía que merecen analizarse separadamente. Andalucía ha jugado un papel específico en la construcción del Estado democrático configurado en la Constitución de 1978, y la renovación de su Parlamento tiene un significado preciso en el panorama político español. Oportuno es recordar que el actual partido en el Gobierno dio un paso decisivo en su constitución como alternativa de poder al capitalizar en su provecho la clamorosa derrota del centrismo en el referéndum andaluz de febrero de 1981 y mediante el cual esta autonomía se equiparaba a las nacionalidades históricas.Puede que por este hecho -y también por la procedencia de buena parte de la actual cúpula dirigente socialista- todo lo que viene sucediendo de Despeñaperros para abajo sea abordado con una visión política singular. La implantación del poder socialista en Andalucía es abrumadora. El PSOE gobierna la Junta, todas las diputaciones -con la excepción de la de Granada- y la inmensa mayoría de los ayuntamientos de las capitales de provincia y ciudades importantes. La cita con las urnas constituye, en consecuencia, un riesgo para el PSOE, al que le es ya bastante difícil mejorar sus posiciones. Teniendo esto en cuenta puede explicarse mejor el empeño de los dirigentes socialistas por hacer concidir estas elecciones autonómicas con los votaciones a Cortes.

Pero hay más riesgos para el partido socialista. Durante la primera legislatura andaluza se produjo la dimisión de Rafael Escuredo. El actual presidente, José Rodríguez de la Borbolla, no ha tenido oportunidad de calibrar su aceptación en las urnas y el apoyo que reciba es una incógnita. La dimisión del anterior presidente andaluz puso fin a las expectativas de un líder con carisma popular, pero sirvió probablemente para quirae de matices folclóricos a la Administración regional.

Las elecciones autonómicas llegan a un cuerpo social especialmente castigado por el ajuste económico. Los intentos del poder por introducir reformas en el sistema de la propiedad de la tierra, sector básico y fundamental en esta economía, han quedado paralizados, de momento, por los tribunales. Complementariamente, las grandes empresas públicas, bolsas de prosperidad en otro tiempo, constituyen hoy impresionantes mausoleos que engordan los números rojos del sector público. Con una tasa oficial de paro del 31,61% de la población activa, la sociedad presenta síntomas de desintegración.

Frente a la política reformista de los socialistas, que ocupan un amplio sector de las simpatías de la izquierda y la gran mayoría del centro político, la opción de la derecha representada por Coalición Popular no ha sabido aprovechar en su beneficio el desgaste del poder y la erosión generada por los perjuicios derivados del ajuste económico español. Las encuestas parecen augurar un avance del candidato Hernández Mancha, pero el acceso al poder se presenta todavía como una hipótesis inverosímil. Los votos cosechados por la extinta UCD en 1982 se reparten entre el Centro Democrático y Social de Suárez, el Partido Reformista y el Partido Andalucista, sin que las previsiones permitan suponer que alcancen papeles significativos en el reparto de escaños.

La principal incógnita, sin embargo, se presenta con la candidatura de Izquierda Unida, que aun siendo la misma extraña mezcla de elementos que concurre a las legislativas, cuenta con posibilidades de obtener unos reultados bastante más brillantes que en el resto de España, fundamentalmente merced al prestigio personal de su candidato a la presidencia de la Junta, Julio Anguita.

Incluso si los socialistas cosechasen peores resultados en los comicios regionales que en los de las legislativas, no parece que esté en peligro su hegemonía, ni, por tanto, que vaya a variar sustancialmente el modelo de gobierno ensayado en esa autonomía, como prefiguración del que tal vez apliquen a la nación.

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