Un contencioso, iniciado en agosto

La actuación del Ejecutivo autónomo contra el alcalde de Colmenar de Oreja se inició el pasado mes de agosto. Un primer escrito enviado a la fiscalía de la Audiencia Territorial denunciaba al alcalde como presunto autor de un delito de falsedad en documento público. Según el Gobierno regional, el alcalde había firmado una certificación en la que sostenía que no había inconveniente para la urbanización de una parcela, cuando ello no era posible legalmente.Con posterioridad, la Consejería de Ordenación del Territorio ordenó paralizar las obras de construcción de 26 chalés, promovidos por el alcalde, por carecer el terreno de planeamiento urbanístico, a pesar de lo cual las viviendas contaban con licencia municipal. El alcalde argumentó entonces (véase EL PAÍS de los días 11 y 15 de septiembre pasado) que las citadas viviendas llevaban construidas varios años, y así fue comprobado por este periódico. Según el alcalde, las licencias concedidas a estas 26 viviendas fueron de legalización, y no de construcción.

"En las actas que obran en nuestro poder dice que las licencias eran de construcción, y así Io hemos hecho constar en esta nueva denuncia", manifestó ayer Jesús Morón, viceconsejero de Ordenación del Territorio. "De todas formas, sean de construcción o de legalización, no se puede dar vía libre a unas viviendas si no se han subsanado las deficiencias urbanísticas".