El Gobierno regional denuncia al alcalde de Colmenar de Oreja por prevaricación

El Gobierno regional ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Territorial al alcalde de Colmenar de Oreja, Antonio García Fernández, como presunto autor de un delito de prevaricación. Según la denuncia, en tres comisiones permanentes, a las que Antonio García asistió de forma presuntamente irregular, se le otorgaron licencias para la construcción de 58 viviendas en polígonos que no cuentan con planeamiento urbanístico. El alcalde, de Coalición Popular, niega las acusaciones y asegura que se trata de "una persecución personal"

La denuncia se basa en el artícu o 358 del Código Penal, sobre la prevaricación: "El funcionario público que, a sabiendas, dictare resolución injusta en asunto administrativo, incurrirá en la pena de inhabilitación especial".Por otra parte, la ley de Procedimiento Administrativo establece que "la autoridad ( ... ) en quien se dé alguna de las circunstancias señaladas ( ... ) se abstendrá de intervenir en el procedimiento". Entre las circunstancias aludidas figura la de "tener interés personal en el asunto". "La no abstención en los casos en que proceda", añade la ley, "dará lugar a responsabilidad". Según el escrito enviado al fiscal, el 25 de septiembre de 1982 se celebró una comisión permanente en la que Antonio García participó como teniente de alcalde y en la que se le concedió licencia para 32 chalés. Según el Gobierno regional, el suelo donde se empezaron a construir no cumple los requisitos legales.

Entre estos puntos incumplidos figuran la falta de un plan parcial, de un proyecto de compensación, el hecho de que cada parcela no alcance la superficie mínima que se exige, legalmente, y la superación de la edificabilidad permitida.

Los días 18 de octubre y 20 de diciembre de 1984 la permanente concedió a Antonio García, que presidió como alcalde, licencia para 24 y 2 viviendas. La denuncia ante el fiscal indica que, además de no haber plan parcial y proyecto de compensación, 20 de las viviendas se construirían en suelo con uso deportivo, en tanto las otras seis quedarían edificadas sobre suelo rústico.

El alcalde manifestó que no recuerda haber asistido a la primera de las sesiones, y sobre las dos últimas manifestó que "no se trataba de otorgar licencias de construcción, sino de legalización, pues las viviendas fueron construidas hace unos ocho años".

"Además", añadió, "yo no entiendo de leyes, y si no tenía que estar presente me lo tenía que haber dicho el secretario".