Es inconstitucional la ley de incompatibilidades de los parlamentarios

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el proyecto de ley orgánica sobre incompatibilidades de diputados y senadores, contra el que habían presentado recurso previo 53 senadores del Grupo Popular. El fallo del alto tribunal se fundamenta en que la regulación de tales incompatibilidades ha de hacerse necesariamente en la ley electoral. Al margen de la irritada reacción socialista, la sentencia abre paso a la elaboración, en breve plazo, de una ley electoral.La sentencia declara la inconstitucionalidad de todo el proyecto de ley, definitivamente aprobado por el Parlamento el 20 de diciembre de 1983, por infracción del artículo 70.1 de la Constitución, que establece que "la ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores...".

Los diputados y senadores recurrentes solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la totalidad del proyecto de ley o, en su defecto, de los artículos 1, 6 y 7 y la disposición transitoria, que pretendía aplicar la ley a los actuales parlamentarios.

El pleno del alto tribunal ha estimado que el contenido esencial de la ley electoral "no se cumple cuando el legislador se limita a establecer las incompatibilidades de diputados y senadores", sino cuando regula materias tales como "quiénes pueden elegir, a quiénes se puede elegir y bajo qué condiciones, para qué espacio de tiempo y bajo qué criterios organizativos desde el punto de vista procedimental y territorial". Sin esos contenidos, la ley no puede considerarse electoral y sólo en una ley de ese carácter pueden regularse las incompatibilidades de diputados y senadores.

La sentencia ha suscitado opiniones airadas por parte de los parlamentarios socialistas, que aseguraron que el actual debate sobre las incompatibilidades de los funcionarios resultará "moralmente afectado" por la misma. El portavoz del Grupo Socialista, Javier Sáenz Cosculluela, señaló que "si no se pueden exigir incompatibilidades a los parlamentarios, mal se pueden exigir a otros ciudadanos".

Mientras tanto, los diputados del Grupo Popular se mostraban eufóricos por la victoria jurídica y política que representa la sentencia.

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