Tensión en el Gobierno por las leyes que regulan los derechos del detenido

La persistencia de las dificultades entre los departamentos de Justicia e Interior sobre la regulación de los derechos del detenido ha creado una creciente tensión en el seno del Gobierno, que tenía previsto cumplir este mandato constitucional en los primeros meses de la presente legislatura. Las resistencias de los cuerpos de seguridad para desarrollar una de las partes más progresistas de la Constitución dejan, por otra parte, al PSOE en situación delicada ante las proposiciones de ley patrocinadas por el PNV y el PCE para regular el hábeas corpus y la asistencia letrada.Para altos cargos gubernamentales -no sólo del departamento de Justicia- las rebajas sucesivas a los iniciales textos propuestos por ese ministerio han venido a demostrar que no se trata de dificultades técnicas, sino de una determinada concepción de la detención de los ciudadanos que choca frontalmente con la filosofía constitucional.

El objetivo de garantizar que durante las diligencias policiales no se produzcan torturas o malos tratos parece cada día más lejano, si se acepta un texto de compromiso pactado con los cuerpos de seguridad, que contaría con el respaldo del Grupo Parlamentario Popular, pero que sería contestado dentro del propio PSOE y por las minorías progresistas. Mientras tanto, el Gobierno carece por el momento de una respuesta adecuada a la propuesta del PNV para regular el hábeas corpus y a la del PCE sobre la asistencia letrada, pendientes de tramitación en el Parlamento.

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