PP, PSOE y Junts pretenden frenar el seguro deportivo fijado por la ley del Deporte

Quedarse tetrapléjico practicando deporte federado da derecho a una indemnización de 12.000 euros, la misma cantidad que hace 32 años. La misma lesión, producida por un accidente de tráfico, da derecho a millón y medio de euros. Es la parálisis del Seguro Obligatorio Deportivo (SOD), que tres enmiendas de Junts, PSOE y PP pretenden perpetuar modificando un artículo de la ley del deporte aprobada en diciembre de 2022.

En 1993, con Alfredo Pérez Rubalcaba de ministro de Educación, el real decreto del Seguro Obligatorio Deportivo establece una cantidad de dos millones de pesetas como indemnización por lesiones graves, como la tetraplejía. La norma fija que la cantidad debe actualizarse cada tres años. Desde entonces, solo se modificó en 2002 para traducir los dos millones de pesetas a 12.000 euros. Esta es la cantidad que recibió en 2015 el jugador de rugby Alberto Aláiz tras sufrir una lesión en la médula durante un partido y quedar tetrapléjico. Insuficiente para afrontar mínimamente los gastos en que incurrió solo para su vida cotidiana, por no hablar de la rehabilitación. Su lucha por una indemnización digna, similar al millón y medio de euros que habría percibido si hubiera sufrido la misma lesión en un accidente de tráfico, llevó al Congreso a aprobar en 2021 una proposición no de ley (PNL) que obligara a poner al día los 12.000 euros aplicando las actualizaciones trienales no efectuadas. Vía muerta.

En diciembre de 2022, por fin, la nueva Ley del Deporte parecía dar respuesta a la injusticia, estableciendo en su artículo 22: “La cuantía de las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo será, como poco, la del baremo establecido para la valoración de los daños y perjuicios causados en accidente de circulación”. Falsa esperanza a la que quisieron agarrarse en 2024, inútilmente, otros deportistas con lesiones medulares producidas practicando deporte, como el motociclista Carlos Tatay y el gimnasta Adrián Márquez. Aún no se ha aprobado un reglamento que regule el Seguro Obligatorio Deportivo según esas bases, ni parece que el futuro Estatuto del Deportista que ampare el desarrollo reglamentario de la Ley lo recoja.

Alarmadas por el aumento de precio de las licencias en las que está incluida la prima del seguro que la aplicación de la Ley supondría, las federaciones deportivas españolas se movilizaron para evitarlo. Conmovidos, PSOE, Junts y PP han atendido su llanto y han aprovechado la tramitación en el Congreso de la llamada ley del patinete, la que obligará a sus usuarios a tomar un seguro de responsabilidad civil, para infiltrar enmiendas regresivas en la ley del Deporte, retorno al 93. Redactadas de forma similar, los tres partidos que garantizarían una aprobación por mayoría proponen una redacción del artículo de la ley del deporte que dijera algo tan vago como estas comillas de Junts: “La cuantía de las prestaciones mínimas del SOD se garantizará de forma suficiente para la práctica deportiva, se establecerá mediante reglamento y será actualizada y ajustada a la naturaleza del seguro de accidentes…”

Las alambicadas justificaciones, puro sofisma que juzga las razones y obvia las consecuencias, de los partidos mayoritarios en el Congreso, más Junts, para motivar las enmiendas —“el deportista asume el riesgo voluntariamente, a diferencia de los accidentes de tráfico, en los que habitualmente existe un responsable”; “no parece lógico dar el mismo tratamiento indemnizatorio a un supuesto que se genera cuando media culpa de un tercero que genera el daño, que a un supuesto que se genera de forma fortuita”— se hacen claras en una sola frase: “trasladar las cuantías previstas en este proyecto de ley al SOD provocaría un incremento de la prima del seguro tan alto que desincentivaría la práctica federada de la mayoría de los deportes”. Aunque el seguro es individual, no es el deportista quien lo contrata, sino las diferentes federaciones territoriales o provinciales, que llegan a acuerdos globales con las diferentes compañías y cargan el precio en la licencia. El monto total de los cuatro millones de pólizas supera los 600 millones de euros.

A María José López se la llevan los demonios cuando lee estas propuestas. López, abogada de Aláiz, movilizó todo lo movilizable para conseguir la proposición no de ley del 2021, posteriormente trabajó para la inclusión de la referencia a los accidentes de tráfico en la ley del Deporte de diciembre de 2022 y ahora, como abogada de la AFE, el sindicato de futbolistas profesionales cuyo ámbito de acción lucha para ampliar, regresa a la pelea. “Con estas enmiendas que quieren colar por la puerta de atrás se propiciará que los deportistas profesionales puedan ampliar privadamente sus pólizas, mientras los cuatro millones de no profesionales se quedarían con el mínimo”, alerta López, que exige que, en todo caso, los sindicatos de deportistas formen parte de la comisión de seguimiento para actualizar el monto de las indemnizaciones. “Ante este movimiento del lobby de las federaciones, desde la AFE, proponemos otra idea para asegurar las indemnizaciones iguales a los accidentes de tráfico, pensando, sobre todo, en los deportistas no profesionales”, explica López, que ha hecho llegar a los partidos, esperando ser escuchada, una enmienda para modificar la ley del deporte en ese sentido: “El problema económico de las federaciones y el de los deportistas se podría solucionar si el Consorcio de Compensación de Seguros cubriera los supuestos de siniestros de deportistas no asegurados o con coberturas que no lleguen a las tablas del baremo. El Consorcio ya lleva a cabo una función análoga en el ámbito del seguro agrario combinado”.

El proyecto de ley del patinete, la puerta por la que se intenta modificar la ley del Deporte, se encuentra aún en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital en el Congreso. Aún no hay fecha para su tratamiento en el pleno.