Noticias sin fuentes, la mala hierba en la Redacción

Ocurre en el periodismo como con la maleza entre los cultivos: cuando no se cortan de raíz las malas prácticas, lo contaminan todo. En un periódico, la mala hierba es la imprecisión en el origen de las informaciones. Eso ocurre cuando, por un exceso de celo al proteger sus fuentes, el redactor utiliza muletillas que, pese a no aportar nada, pasan el filtro de la supervisión.

Como en esta aparente explicación en una noticia del jueves pasado sobre cómo el redactor conoció la reunión entre la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y María Corina Machado: “[Se verán] media hora antes de que la opositora venezolana se dirija a los convocados en la Puerta del Sol, según ha podido saber EL PAÍS”. El Libro de Estilo cita esta última frase como modelo de lo que “no puede sustituir a la referencia a una fuente”. En la web, se corrigió así: “Según ha confirmado el equipo de Ayuso”.

Normas. El manual exige que los periodistas citen una fuente siempre que no hayan estado en el lugar de los hechos que narran, ya sea un testigo presencial o un documento que explica los hechos. La regla general es que el reportero debe “esforzarse en huir de las fuentes anónimas y citar el nombre de quienes hablaron con él”. Pero en algunos ámbitos, como la política, los tribunales o las empresas, resulta una rareza porque los informantes exigen como condición permanecer en la sombra.

Anonimato. Carlos E. Cué, corresponsal político de EL PAÍS, lo explica en el cambio radical que han experimentado las esferas de poder. “El hiperliderazgo y la desaparición de los contrapoderes en la política han hecho que muy pocos se arriesguen a hacer declaraciones públicas”, explica.

En los partidos, recuerda, han desaparecido la crítica interna organizada y los reequilibrios territoriales: “En Vox hemos visto cómo han echado a los críticos y, si no, las formaciones tienen una forma más sibilina, que es expulsarlos de las listas electorales”. Esta ausencia de contrapesos ha extendido la obsesión por la seguridad ante posibles filtraciones. Cué describe cómo muchos políticos tienen activado el borrado automático periódico de los mensajes de WhatsApp.

Otro factor que influye es la fragmentación parlamentaria, que ha convertido a los socios de gobierno en un fiscalizador adicional de lo que cuenta la prensa. “Si escribo ‘fuentes del Gobierno’ en una noticia, puede ser utilizado en contra en una negociación”, explica Cué, quien recalca que la obsesión por el relato ha entrado a formar parte de los pactos políticos, donde se incluyen detalles de cómo se anuncian los acuerdos, quién emite el primer comunicado o dónde se pone el foco. “Cómo se cuentan las cosas se ha convertido en un acto político de primer orden”, señala. “Por eso ahora, para huir del relato controlado, a veces solo podemos trabajar con fuentes anónimas”.

Fórmulas. Para estos casos, el manual contempla que el lector reciba algún tipo de orientación: “Cuando no se puedan citar nombres, conviene huir de expresiones genéricas” como “según fuentes consultadas”, “fidedignas” o “dignas de crédito”. La mejor opción es usar aquellas que aproximen lo máximo posible el origen de la información, como “fuentes judiciales” o “del Gobierno”. Sobre todo, nunca deben aparecer como si fueran informantes quienes solo aportan opiniones.

“Fuentes conocedoras”. En las noticias sobre empresas resulta frecuente la atribución sin más a “fuentes conocedoras”, aunque nadie consultaría a quien desconoce el asunto que se trata. En la cobertura del cambio de presidencia en la compañía Indra, los artículos abusan de esa expresión: “La Moncloa se tuvo que conformar con proponer una presidencia no ejecutiva para conseguir así que el nombramiento saliese adelante, indican fuentes conocedoras”. El subdirector de Economía, Ricardo de Querol, admite que habría sido mejor citar “fuentes empresariales”.

Este mando también percibe un control cada vez más férreo de las grandes empresas sobre la información que hacen pública. “Facilitar información o documentos internos a un periodista fuera de los canales autorizados puede ser sancionado incluso con el despido”, explica. “Las sociedades cotizadas están sometidas, además, a la regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que a menudo les pide explicaciones tras conocerse una noticia por los medios”.

Querol recuerda que la obligación del periodista es sortear los obstáculos, pero también, subraya, respetar el secreto profesional. “Debemos, sí, ser precisos en estas aproximaciones, sin traicionar la confianza de las fuentes que no quieren ser identificadas”, afirma. “Por este motivo nos referimos con frecuencia a fuentes “cercanas a la negociación”, “al tanto de la operación”, “del mercado” y otras fórmulas similares. El lector puede confiar en que son dignas de confianza, y que hemos contrastado la información de la forma más cuidadosa”.

Opacidad. En el ámbito judicial, explica Reyes Rincón, redactora de tribunales, la mayoría de las noticias parten de documentos oficiales. En ese aspecto, añade, en la última década ha mejorado la situación porque casi todos los órganos judiciales cuentan ya con gabinetes de prensa que facilitan el acceso a los escritos. Más difícil es obtener declaraciones públicas, porque jueces, fiscales y abogados tienen el deber de confidencialidad y pueden ser condenados por incumplirlo, como le ha ocurrido al ex fiscal general del Estado. “Es razonable que las fuentes pidan el anonimato, porque cuando te cuentan la deliberación de un tribunal están revelando secretos”, explica. “Pero a veces se abusa y se exige cuando no sería necesario”.

Rincón opina que “la condena al fiscal general del Estado ha hecho muchísimo daño al periodismo judicial”, porque se ha extendido la opacidad, justo cuando más facilidades existen para el bulo y los órganos judiciales podrían combatirlo con información.

Conclusión. Este es un debate sensible y de muchos matices. Las dificultades que explican estos periodistas no son un lamento por las trabas del oficio, sino un retrato social, que muestra el deterioro de la calidad democrática en algunas instituciones. Los mecanismos del poder que impiden con presiones internas la transparencia en las empresas, partidos políticos y tribunales atacan directamente al derecho a la información. Sortear estos obstáculos es un deber del periodista y en esa tarea no debe exponer a quienes se atreven a eludir el control de sus organizaciones. Pero desdibujar las fuentes confidenciales hasta hacerlas desaparecer es una falta de profesionalidad. Y eso también es un daño al derecho a la información, que pertenece, no a los periodistas, sino a los ciudadanos.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).