Transición ecosocial e inmigración: una oportunidad poco explorada

El debate sobre la inmigración vuelve cíclicamente al centro de la escena política europea, con especial intensidad en cada ciclo electoral. Sin embargo, mientras discutimos la inmigración en términos defensivos, España y Europa avanzan —no sin dificultades— hacia una transición ecológica que transformará profundamente nuestra economía y nuestro mercado laboral. Lo que rara vez entra en el debate público es que ambos procesos están íntimamente conectados.

España afronta al mismo tiempo dos transformaciones estructurales: la transición hacia una economía descarbonizada y el envejecimiento acelerado de su población activa. Según las estimaciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la transición ecológica podría generar cientos de miles de nuevos empleos en esta década, especialmente en sectores como las energías renovables, la rehabilitación energética de edificios, la movilidad sostenible, la agricultura baja en emisiones o la economía circular. Cubrir esta demanda no es solo una cuestión de política industrial o climática: cada vez es más una cuestión demográfica.

Sin querer reducir el debate en torno a la inmigración a su dimensión instrumental, como si el derecho a migrar no fuese absoluto y solo pudiéramos aceptarlo cuando genera efectos económicos o demográficos positivos, no podemos obviar, desde una mirada pragmática, que la realidad del mercado laboral español muestra hasta qué punto la inmigración se ha convertido en un factor estructural de crecimiento. Desde 2019, tres de cada cuatro nuevos empleos creados en España han sido ocupados por personas inmigrantes, y su contribución al crecimiento económico en los últimos años ha sido decisiva. No estamos ante un fenómeno coyuntural ni marginal, sino ante una dinámica que atraviesa sectores clave de nuestra economía.

Sin embargo, asumir esta realidad no significa ignorar los riesgos. La investigación desarrollada por REd2RED “Migración y clima, retos y oportunidades en la transición ecosocial”, que apoyamos desde la European Climate Foundation, muestra con claridad que, si no se diseñan con una perspectiva de justicia social, las políticas climáticas pueden reproducir o incluso agravar desigualdades ya existentes. Las personas inmigrantes se encuentran con barreras persistentes para acceder a una vivienda energéticamente eficiente, a un transporte asequible, a ayudas públicas o a empleos verdes de calidad. Estas barreras no solo afectan su bienestar, sino que también limitan el potencial transformador de la propia transición.

Aquí surge una pregunta clave para el debate público: ¿queremos que la transición ecológica sea un proyecto compartido o un nuevo foco de conflicto? La respuesta no es solo ideológica, sino fundamental y profundamente pragmática. Integrar a la población inmigrante en la transición —a través del empleo, la formación y el acceso efectivo a los derechos— no es solo una cuestión de equidad en un contexto en el que las razones de la inmigración están cada vez más relacionadas con la crisis climática, es, también, una condición necesaria para que la transición funcione.

Experiencias recientes muestran que enfoques basados en la integración por contribución resultan especialmente eficaces. Facilitar el acceso de las personas inmigrantes a empleos verdes, reconocer competencias mediante formación modular y microcredenciales, y eliminar barreras administrativas tienen un doble efecto: aceleran la transición ecológica y refuerzan la cohesión social. Frente a las narrativas que presentan la inmigración como un coste, estas políticas muestran que puede ser una palanca para la prosperidad compartida que refuerza la justicia social.

Este enfoque es particularmente relevante en un contexto europeo marcado por la instrumentalización política tanto de la agenda climática como de la inmigratoria. En demasiados países, el Pacto Verde y la inmigración se han convertido en blancos habituales de discursos que prometen protección a base de un repliegue tan ideológico como cultural e identitario. El riesgo es evidente: si la transición ecológica se percibe como un proyecto excluyente o ajeno a las preocupaciones sociales, su legitimidad se debilita.

El cambio climático no tiene fronteras, pero el debate político sigue atrapado en ellas. Mientras las emisiones, los impactos climáticos y las cadenas de valor son globales, seguimos discutiendo la inmigración como si fuera una anomalía externa y no una consecuencia —y también una palanca— de esta transformación. Conviene recordar que levantar muros discursivos no protege nuestras economías ni nuestras sociedades, menos aún en un contexto bélico que muestra la agonía geopolítica del mundo fósil. Pensar la transición ecológica desde marcos cerrados forma parte del propio problema. Pensarla desde la cooperación, la inclusión y la responsabilidad compartida es parte de la solución.