La justicia obliga a Países Bajos a proteger sus territorios del Caribe de la subida del mar

Un tribunal de Primera Instancia de La Haya ha ordenado al Estado neerlandés que elabore un plan para proteger a los habitantes de la isla de Bonaire —antigua colonia de Países Bajos en el Caribe y hoy parte de su territorio como municipio especial— de los efectos del cambio climático. El fallo, emitido este miércoles, determina que los habitantes de Bonaire han sido tratados de manera distinta respecto a los neerlandeses residentes en Europa. El caso ha sido respaldado por Greenpeace y, en la práctica, supone que el Gobierno deberá presentar en el plazo de 18 meses una lista de objetivos vinculantes para reducir las emisiones de CO₂, y proteger a la población contra la subida del nivel del mar.

Bonaire está situada frente a las costas de Venezuela, a unos 8.000 kilómetros de distancia de Países Bajos, y suma cerca de 27.000 habitantes. Es uno de los territorios neerlandeses en el Caribe, junto a Saba y San Eustaquio.

Durante la lectura de la sentencia, el juez, Jerzy Luiten, dijo que la isla caribeña de Bonaire “ya sufre inundaciones debido a tormentas tropicales y lluvias extremas”. Recordó que, según varios investigadores, “la situación empeorará y las previsiones más conservadoras indican que partes de la isla estarán bajo el agua en 2050”. Y advirtió de que “el Estado reconoce las graves consecuencias del cambio del clima, pero si los países eluden la adopción de medidas señalando a otros, nunca se alcanzarán los objetivos”.

Según un estudio de la Universidad Libre de Ámsterdam (VU, en sus siglas neerlandesas), encargado por Greenpeace, una quinta parte de la isla caribeña puede acabar sumergida a finales de este siglo debido a la subida del nivel del mar. Por otro lado, el alza de las temperaturas aumentará las enfermedades transmitidas por mosquitos, y el estrés térmico afectará a la salud mental.

Dado el peligro excepcional afrontado por la población isleña, el fallo señala que el Estado no ha hecho lo suficiente para protegerla “y les ha discriminado con respecto al resto de los habitantes europeos de Países Bajos”. Debido a ello, da al Estado un plazo de 18 meses para “fijar objetivos claros y vinculantes” en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Además, le ordena “elaborar un plan de adaptación que incluya a Bonaire y sea aplicable en 2030”.

“Los jueces nos han escuchado de verdad; ya no somos ciudadanos de segunda clase”, dijo Jackie Bernabela, una de las ocho demandantes de Bonaire apoyadas por Greenpeace, una vez leído el fallo, y todavía en el tribunal. Para la organización ecologista, esta sentencia es la primera importante desde que el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) emitiera el pasado julio un dictamen consultivo señalando que “los países que no luchan contra el cambio climático violan el derecho internacional”. Marieke Vellekoop, directora de Greenpeace en Países Bajos, declaró también después del juicio que este “podría sentar un precedente mundial”.

Los abogados del Estado alegaron que Países Bajos ya avanza en la lucha contra los efectos del cambio climático, pero el tema “debería ser abordado por las administraciones nacionales y no por los jueces”. En estos momentos, y con un nuevo Gobierno de centro derecha que prevé presentar este viernes su programa, el objetivo de Países Bajos es reducir para 2030 las emisiones de CO₂ en un 55% con respecto a 1990. Con la sentencia de Bonaire en la mano, los planes del Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua tendrá menos margen de maniobra para aplicar una política climática restrictiva. Por otro lado, el liberal de izquierda Rob Jetten, futuro primer ministro, fue titular de Clima y Política energética entre 2022 y 2024, y se ocupó de impulsar una serie de leyes destinadas a reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles para reducir así las emisiones de CO₂.

No es la primera vez que el tribunal de Primera Instancia de La Haya que se ha ocupado de Bonaire emite un fallo innovador. Fue el mismo donde se trató la primera fase del caso Urgenda, una pequeña organización ecologista que logró -en 2019, ya en el Supremo- que se ordenara la reducción en un 25,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero comparadas con las de 1990. Urgenda sentó un precedente global esgrimiendo el respeto a los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, para reclamar que se tomen más medidas contra el calentamiento del planeta. Allanó a su vez el camino a litigios similares en el mundo. Entre ellos, el presentado de la agrupación suiza Klimaseniorinnen (Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima), a la que le dio la razón en 2024 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Alegaron que Suiza vulneraba el derecho al respeto a la vida privada y familiar con su inacción climática, y ganaron.