Los 400 golpes de Trump al medio ambiente global: EE UU se convierte en el supervillano en la lucha climática mundial

La Administración de Donald Trump ha dado esta semana un nuevo paso en su contrarreforma ambiental, que busca incentivar a toda costa el consumo de los combustibles fósiles. El presidente de EE UU ha ordenado que su país abandone varios organismos internacionales científicos y medioambientales, además de dejar el principal tratado contra el cambio climático, que desde 1992 rige los esfuerzos mundiales para intentar tratar de contender el calentamiento global.

El primer mandato de Trump aparece ahora como un mal sueño cuando se compara con lo que ocurre desde que en enero de 2025 regresó a la Casa Blanca. Entre 2017 y 2021, Estados Unidos simplemente se esfumó sin hacer mucho ruido de la mayoría de foros internacionales en los que se abordan los problemas medioambientales. Pero la agenda verde global resistió y los países siguieron dando pasos adelante. Esta vez es diferente y eso a pesar de que las evidencias e impactos de la crisis climática son mayores. Y también —y quizás esa pueda ser la razón de este agresivo segundo ataque— cuando la alternativa para desplazar a los combustibles fósiles está más clara gracias al avance de la renovables y la movilidad eléctrica, impulsada en buena medida desde China.

Esta misma semana, en medio de la conmoción por la captura del presidente de Venezuela, Trump ha anunciado que retira a su país de varios organismos vinculados a la ONU y de impulso a la transición ecológica, como la Agencia Internacional de las Energías Renovables.

De puertas hacia dentro, el Gobierno federal ha dado marcha atrás en centenares de regulaciones para, entre otras cosas, bloquear las energías renovables y el coche eléctrico e incentivar al mismo tiempo a los combustibles fósiles, principales responsables del calentamiento global y grandes financiadores del republicano. De puertas hacia afuera, Trump y su Administración defienden los intereses de los petroestados en todos los foros de la ONU y se comportan como matones amenazando a aquellos países que se muestran más ambiciosos. A ello se suma el avance de la ola ultraconservadora en Europa y algunos países latinoamericanos, que ha puesto también estas política en el punto de mira, y que supone eliminar muchos de los contrapesos.

El objetivo declarado de esta Administración es “restaurar el dominio energético estadounidense” basado en el “petróleo, el gas, el carbón y la [energía] nuclear”. Y para ello ha asumido el papel de supervillano en la lucha climática. Este es el repaso a la demolición de las políticas medioambientales que Trump y su equipo han emprendido desde enero de 2025 y que en muchas ocasiones queda eclipsado por un mandato hiperbólico e hiperactivo con infinidad de frentes que se abren a la vez.

Adiós al Acuerdo de París y 294 retrocesos más. El acoso empezó en el minuto uno de su segundo mandato. Nada más tomar posesión, el 20 de enero de 2025, Trump empezó a firmar órdenes ejecutivas como si no hubiera un mañana. Por ejemplo, para sacar a EE UU del Acuerdo de París, algo que se consumará el 27 de enero de 2026. Ahora el republicano ha dado un paso más: ha anunciado que su país también abandonará la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el acuerdo marco que rige la lucha contra el calentamiento desde 1992. Durante este año ha ido aprobando también órdenes para eliminar trabas regulatorias para los combustibles fósiles, para vetar los proyectos de energía eólica marina en las aguas federales, para permitir extraer petróleo y gas en Alaska...

El Centro Sabin de Derecho sobre Cambio Climático, de la Universidad de Columbia, tiene contabilizadas 296 medidas adoptadas por la Administración de Trump este año encaminadas a “reducir o eliminar por completo” políticas “federales de mitigación y adaptación climática”. En su primer mandato estos expertos también pusieron en marcha un rastreador similar, pero contabilizó 176 normas y decisiones. Es decir, en solo un año Trump ha adoptado bastantes más medidas antimedioambientales que en los cuatro años de su anterior etapa como presidente. Y la deriva continúa: el 22 de diciembre la Casa Blanca decidió paralizar todos los grandes proyectos de energía eólica marina ya en marcha en el país.

Desmontar la ciencia climática. A mediados de diciembre, el Gobierno federal puso en el punto de mira a uno de los organismos de investigación meteorológica más importantes de EE UU, el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), ubicado en Boulder (Colorado). La Casa Blanca anunció su intención de desmantelar este centro por ser un foco de “alarmismo climático”. Ese anuncio forma parte de una tendencia de ataque a la ciencia desde una Administración tomada por los negacionistas y por el sector fósil.

En febrero de 2025, el Gobierno de Trump prohibió a los científicos dependientes de su Administración la participación en las reuniones preparatorias para la próxima gran revisión del IPCC, el panel de científicos internacionales que sienta las bases sobre el conocimiento del cambio climático. Los informes del IPCC, que reúnen periódicamente a la élite científica del mundo, son desde hace 35 años un elemento determinante en la lucha contra el calentamiento porque marcan cómo ha sido la evolución del cambio climático y hacia dónde se dirige el planeta. Esta semana Trump ha anunciado que su país directamente abandonará el IPCC.

Para que los científicos puedan elaborar esos informes son clave los datos. Como los que ofrece desde 1958 el Observatorio Mauna Loa, en Hawái, sobre la evolución de la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento. En verano, la Casa Blanca amenazó también con dejar sin fondos a este observatorio a partir de 2026.

Impulso a la minería en aguas internacionales. En el plano de la diplomacia medioambiental y el derecho internacional, la Administración también ha actuado al margen de las reglas. Por ejemplo, con la orden ejecutiva del 24 de abril en la que daba un impulso a la minería en aguas internacionales. Esos recursos, según los diferentes tratados y convenciones de la ONU, son “patrimonio común de la Humanidad, cuya exploración y explotación se realizarán en beneficio de toda la Humanidad”. Desde hace años, en el seno de Naciones Unidas se intenta desarrollar un reglamento, pero los temores sobre el impacto medioambiental que estas prácticas puedan tender en la biodiversidad marina crecen.

En junio, desde una cumbre sobre el océano celebrada en la ciudad francesa de Niza, se lanzó un mensaje de alerta y 37 países se unieron a los grupos ecologistas y científicos para pedir una moratoria a la minería en las aguas internacionales. “Los fondos marinos no pueden convertirse en un salvaje Oeste”, advirtió António Guterres, secretario general de la ONU, desde ese foro.

En el ámbito de la protección marina ha llegado una de las pocas noticias positivas de 2025: en septiembre se consiguió reunir las 60 ratificaciones de países necesarias para que entre en vigor el denominado Tratado de Alta Mar, que entre otras cosas sienta las bases para fijar áreas de protección en las aguas internacionales. Esa entrada en vigor se producirá el 17 de enero, 10 días antes de que EE UU deje el Acuerdo de París.

Amenazas. El texto de otro importante tratado, el que debe poner coto a la contaminación por plástico, también debería haber salido adelante en 2025. Pero en agosto las conversaciones volvieron a fracasar y la negociación se ha quedado en el limbo. Es cierto que estás conversaciones ya fueron complicadas antes del regreso de Trump, porque los países petroleros —el plástico es un derivado de este combustible— se oponen a que se establezca cualquier límite a la producción de este material. Pero la vuelta del republicano ha reforzado su posición: EE UU comunicó por carta en vísperas de la reunión de agosto en Ginebra que no admitiría ningún límite a la producción de plástico, la vía a la que apuntan los científicos para contener este problema medioambiental y de salud.

En otros casos sí se puede achacar al Gobierno de EE UU fracasos de este año, como que no se haya activado la tasa mundial que graba las emisiones del transporte marítimo internacional. En octubre, cuando se debería haber aprobado en la Organización Marítima Internacional, la Casa Blanca hizo público un comunicado en el que amenazaba con todo tipo de aranceles y sanciones a los países que apoyaran ese nuevo impuesto. La tasa, finalmente, no se puso en marcha.

Bloqueo de los informes de la ONU. La Administración de Trump también se ha mostrado activa este año contra algunos de los informes medioambientales de referencia de la ONU. Por ejemplo, con el que analiza la brecha existente entre los planes climáticos de los países y los objetivos del Acuerdo de París. El Departamento de Estado exigió a Naciones Unidas que ese documento publicado a principios de noviembre recogiera de forma textual una declaración en la que EE UU se desvinculaba del informe y del Acuerdo de París. “La política de Estados Unidos es que los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente no deben ser una carga indebida o injusta para los Estados Unidos”, señalaba el texto.

Unos días después se publicó otro informe de referencia, el de las perspectivas mundiales de la Agencia Internacional de la Energía. En ese documento, que se elabora anualmente, se plantean diferentes escenarios de evolución de sector energético. En el de 2024, el pronóstico principal apuntaba a que en 2030 la demanda de combustibles fósiles tocaría techo en el mundo y se abriría “la era de la electricidad”. Este verano el secretario de Energía de EE UU, Chris Wright —directivo del sector fósil hasta hace un año—, amenazó con abandonar la AIE si no dejaba de promover las energías renovables. Finalmente, en el informe de 2025 aunque la agencia mantenía el escenario de la caída de la demanda fósil al final de esta década, incluyó uno nuevo que apunta a que el consumo de petróleo podría seguir creciendo hasta 2050.

EE UU también ha jugado un papel determinante en otro informe de referencia de la ONU: Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, conocido por las siglas en inglés GEO y en el que han trabajado durante tres años 287 expertos de 82 países. Ese extenso informe, publicado a principios de diciembre, debería haber ido acompañado de un resumen político que se elabora entre los científicos y los representantes de todos los países. Pero las menciones a la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles y al plástico despertaron el rechazo de países como Arabia Saudí y Rusia. A ellos se unió en el último momento EE UU y no se pudo acordar ese resumen político por primera vez.

De momento, Trump no ha dado señales de que pretenda abandonar Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), bajo cuyo paraguas se elabora ese informe de perspectivas globales y el tratado sobre plásticos. Su permanencia puede suponer un bloqueo a importantes textos legales internacionales. Sí ha anunciado que EE UU deja la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y la plataforma IPBES, las siglas en inglés del Grupo Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas.

Ausente de la cumbre del clima y del G20. El Gobierno de Trump se ha ausentado en el tramo final del año de dos citas internacionales básicas: la cumbre del clima celebrada en Belém (Brasil), a la que EE UU no envió ningún representante, y la del G20 en Sudáfrica, que se cerró con una declaración en la que se insta a luchar contra la crisis climática. Con su ausencia, principalmente de la cita en Johannesburgo, Trump intentó deslegitimar estos encuentros. La siguiente reunión del G20 la organizará precisamente EE UU y la Casa Blanca ya ha anunciado que la agenda del encuentro será mucho más reducida y se centrará en el área financiera, ignorando así lo acordado en las anteriores reuniones en las que se había puesto en un lugar destacado la necesidad de combatir el cambio climático.