Las mujeres toman posiciones para poseer las tierras que trabajan

Un papel, una firma, un sello. Un documento que certifique que la tierra en la que trabajan las mujeres les pertenece y así puedan tomar decisiones sobre cómo gestionarlas, acceder a ayudas y formación, y conseguir autonomía. Las mujeres poseen menos del 15% de las tierras agrícolas del mundo, a pesar de que representan casi la mitad de la fuerza laboral agrícola, y producen hasta el 80% de los alimentos en los países en desarrollo afectados por la desertificación, la degradación del suelo y las sequías, recoge la ONU. Y este diciembre, las mujeres han tomado posiciones para revertir la inercia. Es la primera vez que un caucus (asamblea) de género está incluido en la agenda oficial del comité anual de revisión de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés), celebrado este diciembre en Panamá.

En España se han producido situaciones que ponen de relieve la importancia de estas demandas. Andalucía acumuló altas tasas de analfabetismo por la gestión de la tierra con latifundios, lo que mantenía iletradas a las personas del campo. No pasó lo mismo con las regiones del norte, donde el minifundio propiciaba que mujeres y hombres aprendieran a escribir y hacer cálculos para comerciar. Trasladado a la formación actual, el resumen del caucus detalla que se requiere para las mujeres más capacitación y un mayor acceso a recursos productivos, tierras, crédito, formación y tecnología. “Se insta a fortalecer la cooperación regional para facilitar el intercambio de soluciones y ayudar a cerrar las brechas en el acceso a recursos y oportunidades”, se lee en el texto, además de destacar la carencia de datos segregados. Lo que sí consta es que en un centenar de países a las mujeres se les niega el derecho a la tierra en virtud de leyes y prácticas consuetudinarias, religiosas o tradicionales.

“Ahora el caucus es una parte esencial de la agenda y podemos escuchar voces representativas de quienes son el nexo de unión entre la tenencia de tierras y los derechos de las mujeres, que es lo que más deberíamos seguir explorando y lo prioritario para España. No podemos tomar decisiones sobre la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) si dejamos fuera al 50% de la población”, indica María Medina, jefa del servicio de desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica de España y delegada del país en este encuentro, en el que participan 196 Estados y la UE. La cita, que ha celebrado su 23ª edición y a la que ha sido invitada EL PAÍS por la UNCCD, es la antesala de la Conferencia de las Partes sobre tierras y aguas (COP17), que se celebra este agosto en Mongolia.

“A pesar de no tener siempre acceso a las tierras, las estamos trabajando, las restauramos y luchamos. Tener tierras nos garantiza ser parte del proceso del cuidado de la conservación y los recursos naturales”, ilustra Aulina Ismare, jefa de la comunidad indígena Wounaan de Panamá y participante del caucus. En el documento resumen de la asamblea se lee: “Algunas partes reiteraron que las mujeres, en particular las de pueblos indígenas y comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y la administración de los recursos naturales (...)”.

Pero pese a las aportaciones de las mujeres, el texto resalta que siguen estando entre las más afectadas por la DDTS. “Enfrentan un acceso limitado a tierras de calidad, una persistente inseguridad en la tenencia, una mayor vulnerabilidad a la DDTS y una carga desproporcionada en la restauración de los ecosistemas degradados”, indica el resumen. Lo de las tierras de calidad es clave. La ONU calcula que hasta un 40% del suelo ya está degradado porque sus propiedades han sido destruidas durante siglos con fertilizantes, tóxicos, mal manejo...

“Las mujeres siguen siendo las principales responsables de los cultivos para la nutrición del hogar y la familia. Y suelen elegir leguminosas, que fertilizan el suelo. Los hombres tienden a preferir cultivos comerciales, como el algodón”, esboza Jes Weigelt, jefe de programas del think tank TMG. Su entidad, junto a la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, entre otras, ha lanzado en Panamá el proyecto Abordar la gobernanza de la tenencia y la igualdad de género en los derechos sobre la tierra para fortalecer las iniciativas de neutralidad de la degradación de la tierra.

Porque para llegar a ese papel, se necesitan unos tediosos trámites administrativos avalados por leyes y cambios culturales que modifiquen tradiciones de herencias y políticas discriminatorias. Weigelt explica el propósito del proyecto: “Por ejemplo, en Alemania hay un ministerio que se encarga de una cosa, y otro de otra. El desafío es poner a trabajar juntos a los que se ocupan de agricultura, género o medio ambiente, porque normalmente no hablan entre ellos. Queremos que se unan para poner el foco en fortalecer los derechos de las mujeres respecto a las tierras”.

Paraguay es uno de los países que ha participado en la fase piloto de este proyecto y el director de biodiversidad de su ministerio de Medio Ambiente, Darío Mandelburger, lo califica de “éxito”. En su caso, han vinculado a tres ministerios. “Es importante que la mujer se sienta con el dominio de la tierra, apropiada, dueña. Ellas provocan cambios no solo en la familia, también en la producción, en el comercio, en el manejo del suelo, en la educación. Y detectamos también que es importante contra la violencia de género”, dice. Los datos avalan la tesis, un estudio recogido por la ONU concluye que las mujeres propietarias de tierras tienen hasta ocho veces menos probabilidades de sufrir violencia doméstica.

“Poseer la tierra te da libertad de decisión sin constricciones. Tienes la autoridad para cultivar lo que prefieras”, declara Rokiatu Traoré, fundadora de la empresa social maliense Herou Alliance. Cuenta que compró nueve hectáreas a un propietario después de hacer los trámites y pagos con el dueño, la autoridad del pueblo, el alcalde y el gobernador de la región. “Ese documento va al Ministerio del Territorio para legalizarlo. Y luego van ingenieros para estudiar las condiciones del terreno y conseguir el título”, explica.

Traoré declara que priorizó plantar la nutritiva moringa para restaurar las tierras, alimentar a la población y fomentar el empleo en mujeres y jóvenes. “La procesamos para hacer té, aceite, polvo, miel, jabón, especias... y la comercializamos a Alemania, Francia, Italia, Senegal, Níger...”, ejemplifica en Panamá, donde ha impartido varias charlas. Evidencia también cómo el cambio climático complica la profesión en el Sahel, donde apenas se emite el dióxido de carbono que calienta la tierra, y reclama investigación para buscar soluciones. “Un año tuvimos sequías y el otro inundaciones. Hemos perdido mucho, pero nunca debemos parar”, alienta.

La líder indígena Ismare, que comparte también las bondades de la titularidad colectiva para la gestión en comunidad, apela además a la responsabilidad de los Gobiernos para alejar a las multinacionales y la minería de su entorno. “No es el Estado quien está todos los días cuidando los ríos. Lo hacemos quienes estamos allí”, ilustra. Con una actitud valiente frente al micrófono, reclama más presencia en las decisiones políticas. “Entrar en estos espacios de la ONU no es fácil, y aquí traigo muchas voces que no suelen ser escuchadas”, asume. Como una alegoría, el panameño Rubén Blades ya decía junto a Willie Colón en la canción Siembra: “Y da la cara a tu tierra y así el cambio llegará”. Ellas ponen rostro a sus derechos tras el papel, la firma, el sello y la voz para que así sea.