Qué está en juego con la Ley de Movilidad Sostenible: vuelos cortos, trenes nocturnos, etiquetas de la DGT y 10.000 millones de Bruselas

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible llega este miércoles al Congreso con muchas novedades respecto a su planteamiento inicial: si se aprueba, obligará a las empresas de más de 200 trabajadores a contar con planes de movilidad sostenible y puntos de recarga para coches eléctricos, impulsará la reducción de los vuelos cortos con alternativa ferroviaria y la recuperación de trenes nocturnos de conexión con Europa, y planteará una reforma de las etiquetas ambientales de la DGT. La aprobación de la norma es requisito para recibir otros 10.000 millones de fondos europeos, pero se enfrenta a una votación endiablada de resultado incierto, con Podemos amenazando con hacerla descabalgar. Este martes, 15 organizaciones ecologistas y sindicales han lanzado un comunicado en apoyo de la norma.

El texto, que inició su andadura en 2022 y pasó por el Consejo de Ministros en febrero de 2024, mantiene desde entonces puntos clave como la financiación estatal del transporte público urbano —algo que ahora solo ocurre en algunas urbes— y pasa a considerar la movilidad como nuevo derecho “que los poderes públicos están obligados a regular y a salvaguardar” como “un medio para el ejercicio de otros derechos”. En cambio, por el camino ha perdido avances como la posibilidad de instalar peajes urbanos.

Entre las novedades añadidas tras la tramitación, la norma recoge que el Ministerio de Transportes “impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media”, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. Para ello, tendrá que elaborar antes de seis meses un estudio de impactos de esta posible reducción.

También se insta a realizar otro estudio que recoja la viabilidad y posibilidad de implantación de servicios ferroviarios de conexión con los países europeos del entorno, “con especial atención a los servicios con horarios nocturnos con objeto de impulsar aquellos que sean viables en términos medioambientales, sociales y económicos”. España perdió sus últimos trenes nocturnos en 2020 —con la pandemia—, y desde entonces no los ha recuperado, mientras en el resto de Europa este tipo de convoyes aumentan.

Pide además lograr la electrificación total en los trenes —todavía quedan máquinas diésel— y apuesta por implantar autopistas ferroviarias en corredores estratégicos del país, e implementar un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para el tráfico de mercancías para lograr el cambio modal de la carretera al ferrocarril.

La ley insta a modificar las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) “teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO₂ como criterio adicional”. Para ello, obligará a presentar antes de un año un análisis elaborado por varios ministerios y las comunidades autónomas que desemboque en una reforma del sistema. Esas etiquetas son fundamentales para conocer qué vehículos pueden acceder a las zonas de bajas emisiones que van llegando a cada vez más ciudades.

Los planes de movilidad sostenible para empresas han cambiado su redacción: se preveían para empresas de más de 500 trabajadores y ahora se aplicarán —si se aprueba— para aquellas con más de 200, que deben contar con uno en dos años. Las compañías deberán fomentar la movilidad activa —a pie y en bici—, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa —como compartir coche al trabajo—, soluciones para facilitar el uso y recarga de vehículos cero emisiones, y el teletrabajo cuando sea posible.

Hay más novedades para los coches eléctricos: el Gobierno informará sobre la localización de las infraestructuras de recarga de acceso público y pondrá señales de tráfico para indicarlas en todas las carreteras estatales, así como las distancias hasta esas infraestructuras y hasta las próximas más cercanas.

El texto pretende ayudar en la descarbonización del transporte, para lo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incluirá objetivos concretos y vinculantes de reducción de emisiones en el sector para 2030 y 2040, contando con las energías limpias y los combustibles renovables. Por ejemplo, pide descarbonizar los puertos, lo que incluye “tomar las medidas necesarias para asegurar el suministro de energía eléctrica a buques y embarcaciones atracados”.

Dura batalla parlamentaria

Todos estos aspectos han concitado el apoyo de la mayoría de investidura, incluyendo a Junts y PNV, pero dejan por ahora fuera a Podemos, que para secundar la ley exige que el Gobierno paralice las ampliaciones del puerto de Valencia y el aeropuerto de Barcelona, algo difícil de asumir para el PSOE. La portavoz morada, Ione Belarra, dijo este martes en rueda de prensa: “No tiene ningún sentido aprobar una Ley de Movilidad Sostenible cuando al mismo tiempo se produce la enorme incoherencia de llevar adelante proyectos desarrollistas que son incompatibles con una visión ecologista y con la reducción de emisiones”. Si finalmente votan que no, es muy probable que la norma decaiga, mientras que una abstención podría salvarla. La batalla parlamentaria se prevé dura.

“Nos estamos jugando ser menos ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, no garantizar la apuesta por el ferrocarril, no tener una ley que prohíba los vuelos cortos, no recuperar el tren nocturno y cambiar el etiquetado de coches en las zonas de bajas emisiones, que Vox intenta desmantelar”, contrapone Alberto Ibáñez Mezquita, diputado de Sumar y portavoz en la Comisión de Transportes. “El transporte supone el 31% de emisiones, la mayoría por carretera; mucha gente coge el coche para ir al trabajo, así que la creación de planes de movilidad al trabajo son motivo suficiente para justificar la ley”, añade, y finaliza: “Hemos puesto de acuerdo a fuerzas diferentes y conjugado las necesidades de transporte de grandes urbes con zonas de la España vacía, con el taxi, el tren, la bicicleta…”.

Fuentes del PSOE apuntan que “se trata de una ley importante que facilita las herramientas para articular la movilidad sostenible como un derecho para la ciudadanía” que eleva a rango de ley el objetivo de descarbonización en el transporte. Y destacan esto: “Impulsa un nuevo mapa concesional [de autobuses] garantizando que no se pierda ninguna parada en el ámbito rural; ningún ciudadano perderá oportunidades de viaje, ya que el Ministerio de Transportes garantizará la parada en todos los municipios actualmente atendidos por las concesiones estatales en caso de que las comunidades no acepten prestar los servicios de su competencia”.

Isidre Gavín, diputado de Junts, destaca que su grupo ha conseguido ampliar las ciudades beneficiarias de los fondos estatales para transporte público: “La norma preveía un modelo muy centralizado, para poblaciones de más de 50.000 habitantes, o de más de 20.000 con más de 36.000 unidades catastrales registradas. En Cataluña quedaban fuera poblaciones importantes, por eso hemos consensuado que sean 27.000 unidades registrales, con lo que una veintena de urbes catalanas podrán beneficiarse, al igual que muchas otras en todo el Estado”. Además, “se facilitará la transición energética de flotas”, por lo que finalmente su grupo votará sí.

Este martes, 15 organizaciones ecologistas y sindicales —Greenpeace, UGT, CCOO, Ecodes, Ecounion, T&E, Ecologistas en Acción…— han lanzado un comunicado en apoyo de la norma: “España necesita urgentemente una Ley de Movilidad Sostenible. El proyecto [...] sienta las bases para avanzar en la consecución de un sistema multimodal de transporte, descarbonizado, eficiente, sostenible, justo e inclusivo en España”, dicen. Por eso, piden a todos los grupos parlamentarios que voten a favor.