Antonio Vercher, exfiscal: “El delito medioambiental es una forma de suicidio”

Antonio Vercher (Tavernes de la Valldigna, Valencia) cumplió 72 años hace justo una semana, el 21 de septiembre. Ese es el tope para ejercer como fiscal. Su jubilación supone la salida de un actor clave del medio ambiente en España en los últimos 20 años. Porque Vercher era el coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo desde que se creó en abril de 2006. Hablar con él es adentrarse en un viaje por dos décadas de protección del medio ambiente.

Pregunta. ¿Cómo se va?

Respuesta. Me voy triste. Me gusta lo que estoy haciendo, las cosas están saliendo bien y, a pesar de los pesares, el sistema está avanzando. Y piensas: queda tanto por hacer y sería tan conveniente que todo el trabajo continuara con la perspectiva de unidad. Además, la gente que tengo en este momento es genial, creo que no he tenido nunca gente tan buena como la que tengo ahora en la fiscalía, desde la Guardia Civil a los agentes forestales.

P. Sigue usted hablando en presente del equipo y la fiscalía…

R. Sí, sí… Además, ellos se quedan todos, algo que es estupendo. Llevamos 19 años funcionando, se han sentado las bases, y lo deseable sería que se produjera esa continuidad. Pero bueno, hay ciertos factores totalmente inevitables que determinan mi cese.

P. La edad.

R. Sí. Bueno, ahora continuaré con el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, que presido, hasta agotar el año, y luego seguramente intentaré trabajar en algo.

P. Cuando se creó la fiscalía en 2006 y fue nombrado coordinador, ¿era el urbanismo la principal preocupación?

R. Sí, totalmente. Realmente los detonantes fueron las operaciones Ballena Blanca y Malaya, cuando se observó que había mucho problema de construcciones ilegales ligado al blanqueo de capitales. Todo el mundo en el Parlamento estaba de acuerdo en que era conveniente su creación y se empezó sobre todo con la vista puesta en el urbanismo. Recuerdo artículos de EL PAÍS años antes de la creación de la fiscalía especializada donde se hablaba de irregularidades urbanísticas de una forma que daba pavor. Y me preguntaba cómo es que no se hacía nada. Teníamos una regulación en el Código Penal desde el 1995, pero pasó un poco como con la temática ambiental en general. El delito contra el medio ambiente se introdujo en el Código Penal en 1983, pero se tardó siete años en conseguir la primera sentencia, que fue de condena, en 1990. Pero cuando se empezó a aplicar y se estabilizó el criterio, vimos que la temática urbanística se convirtió en la más numerosa en nuestras estadísticas.

P. ¿Y se ha mantenido en estas dos décadas?

R. Sí. Se le acercan ahora las condenas por los delitos relacionados con los malos tratos a animales domésticos.

P. ¿Y esas condenas urbanísticas que ocupan el primer puesto son por construcciones ilegales?

R. Sí, aunque esos casos han ido bajando. Lo que pasa es que ahora están apareciendo aspectos que seguramente obligarán a revisarlo todo.

P. ¿Por ejemplo?

R. Las declaraciones responsables, que son un problema extraordinario. Porque una forma de controlar es a través de las licencias y autorizaciones. Pero si se abre la posibilidad de decirle a la gente que construya y solo haga una declaración responsable donde exponga qué es lo que va a hacer… Antes con el sistema normal de licencias y autorizaciones había lógicamente una perspectiva inicial de control que facilitaba que la gente se lo pensara todo más veces. Pero a través de la normativa comunitaria se introducen las declaraciones responsables en España y estaban pensadas para otro tipo de cometidos. Pero han ido ajustándola a otros asuntos y hemos visto ya cosas extraordinariamente raras.

P. ¿Se han convertido en un coladero?

R. Sí, se han convertido claramente en un coladero. Y, además, el problema es que es muy difícil de controlar.

P. ¿La falta de demoliciones de las construcciones con sentencia sigue siendo un problema?

R. El tema de las demoliciones es un verdadero problema. Esa es la razón por la que nosotros empezamos a introducir también en las memorias anuales y en las estadísticas, el número de demoliciones que se hacían. Ahora sí hay demoliciones, hay años que superamos las cien por la vía penal, cuando históricamente en este país no se ha demolido jamás. Pero hay aspectos del sistema que realmente son difíciles de controlar.

P. ¿Quién se hace cargo de la demolición, por ejemplo?

R. Hay una tendencia generalizada a declarar insolventes a los condenados. Y luego se hace al Ayuntamiento responsable civil subsidiario. Desde la fiscalía en un determinado momento empezamos a proceder penalmente contra alcaldes, y se condenó una alcaldesa porque después de que la sentencia dejara claro que el Ayuntamiento era el responsable subsidiario, no se demolía.

P. A los alcaldes esa foto del Ayuntamiento demoliendo casas no debe gustarle…

R. Desde el punto de vista electoral es fatal. El propietario de una casa demolida vota, y vota su primo, su tío, su hijo, su hermana, su el entorno, los vecinos…

P. Casi al mismo tiempo en que se creó la fiscalía de medio ambiente se dictó la paralización de El Algarrobico. Pero ahí sigue en pie casi 20 años después.

R. Es una de las burradas más grandes que hemos visto. Sí, pero sigo pensando que, sin embargo, ha sido un éxito lo ocurrido. Lo realmente preocupante sería que se hubiera revitalizado y abierto. Pero ahí está, como un monumento a la barbaridad. Y ahora estoy completamente convencido que si se decidiera rehabilitarlo y ponerlo en marcha habría reacciones extraordinariamente potentes de la sociedad. Se están haciendo esfuerzos para demolerlo, pero hay tantos factores en juego y han intervenido tantas administraciones e intereses, que se dan pasos adelante y atrás.

P. Y hay unos alcaldes que se resisten a cumplir las sentencias.

R. Y otro que en su momento ya estaba condenado por delito electoral.

P. ¿La sociedad española está más concienciada con el medio ambiente que en 2006?

R. Sin duda. Cada vez nos llegan más denuncias, y también cada vez con más signos de desesperación.

P. ¿Por ejemplo?

R. Nos llegan muchísimas que las lees y te das cuenta de que el denunciante está hasta el moño de presentar denuncias, alegaciones y reclamaciones ante las administraciones local, autonómica y provincial, la que sea. Cuando están ya desesperados reclaman a la Fiscalía.

P. ¿Cree que está ya superada la dicotomía que contrapone el empleo a la protección del medio ambiente?

R. No está superada, pero no se utiliza. Cuando empezaba la fiscalía sí era habitual que se argumentara que el medio ambiente era importante, pero la gente tenía que comer. Hoy no se usa. Pero sigue habiendo muchísimos problemas, pero no porque seamos más delincuentes ni peores. Cada vez hay menos recursos naturales, y hay que ajustarse a lo que hay. Cuando yo estudiaba en la escuela, mi libro de geografía hablaba de que en España éramos 30 millones de habitantes y ahora somos 50. Esto en el plazo solo de mi vida. Algo tan rápido y grave históricamente no ha pasado jamás. Y se le añade el cambio climático. Hay quien dice que hemos perdido la batalla ya, y otros que todavía tenemos un asidero en el último vagón del tren. No lo sé. Pero me da una pena infinita que haya quien se cachondea de esto. Pero lo gracioso es que cuando surge un problema relacionado con delitos medioambientales son los que se ponen más vociferantes, los que reclaman dureza del Código Penal.

P. ¿La solución está en aumentar las penas?

R. Creo que no. La solución es concienciarse de lo que hay, como con el tabaco. Me preocupa que se está recurriendo con exceso al derecho penal. En 1983 existía en el Código Penal un solo artículo sobre delitos medioambientales, el 347 bis. Ahora tenemos casi 50 y han pasado solo 42 años.

P. ¿Y eso qué refleja?

R. Es un reflejo de que los recursos naturales cada vez son menos, y la situación se complica. Que ante episodios como el de este verano de los incendios y los del futuro que vamos a sufrir se buscan soluciones, y la más rápida es el Código Penal.

P. ¿Qué piensa cuando escucha tras una ola de incendios que la solución son pulseras para pirómanos? ¿O que hay un terrorismo incendiario?

R. Chile ha aplicado normativa antiterrorista para el tema de incendios. Lo que observo, incluso a nivel de derecho comparado, es que cuanto más grave y grande se hace un problema, hay más tendencia a magnificar y a buscar soluciones que en una tarde tranquila y en un ambiente acogedor uno no tomaría. Este tipo de temas necesitan tranquilidad, sosiego…

P. No legislar en caliente, nunca mejor dicho en este caso.

R. La clave es que seamos conscientes. Habremos dado un paso gigantesco en el momento en el que para el ciudadano, cualquiera, el delito contra el medio ambiente esté al mismo nivel que el robo, algo que no ocurre. Hay un amplio sector en España que considera este tipo de delitos como delitos de segunda o tercera.

P. Y es un robo a todos, a las generaciones presentes y futuras.

R. No se dan cuenta de que se están suicidando. El delito medioambiental es una forma de suicidio.

P. ¿Si usted estuviera en la misma situación que la del fiscal general ahora dimitiría?

R. Son situaciones insólitas, no se han producido nunca. Estoy leyendo muchísimo y viendo muchas opiniones, pero uno de mis principios es que si no empiezo el procedimiento y lo termino no abro la boca. En este momento hay factores más que de sobra para que el aspecto emocional prime sobre lo demás. Pero es una situación totalmente nueva, y supongo que en el momento que toque se legislará para que precisamente si se vuelve a producir tengamos esquemas más sólidos para pronunciados.