Los planes de Kast para Punta Pueco, la cárcel de los violadores a los derechos humanos de la dictadura de Pinochet

El Gobierno de José Antonio Kast ya ha definido las primeras directrices para el Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, la excárcel de Punta Peuco, donde desde 1995 cumplen condena más de 130 exuniformados sentenciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En el ocaso de la Administración del izquierdista Gabriel Boric, la prisión cambió su estatus especial a una cárcel común, una medida criticada por las derechas, pero que no pretende revertir el actual Ejecutivo. El plan inicial es gestionar que Gendarmería, el servicio de prisiones, no envíe más presos comunes y mejorar la infraestructura del recinto, donde la mayoría de los reclusos son octogenarios. Esto, mientras se terminan de construir las nuevas celdas en lo que era una cancha de tenis y los representantes de los presos batallan para que no pierdan los beneficios que han recibido.

Kast es el primer presidente de Chile que votó a favor de la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988. En 2017, durante su primera campaña para llegar a La Moneda, dijo que si el dictador estuviera vivo votaría por él y, ese mismo año, visitó en Punta Pueco a los exagentes que cometieron crímenes de lesa humanidad. “Más allá de las condenas, militares y civiles merecen justicia. Hoy en muchos casos prima la venganza por sobre la justicia”, afirmó entonces. Sobre la conversión a un penal común, el mandatario sostuvo en una entrevista con las radios locales, el pasado 31 de marzo, que fue “una decisión que marcaba una línea política” que no hicieron los presidentes anteriores. “Yo creo más en esa línea que en la línea que aplicó el presidente Gabriel Boric”, apuntó. En esa misma conversación, no descartó indultar a condenados por violaciones a los derechos humanos. “Vamos a analizar cada caso de manera particular”, dijo, y añadió que se evaluarán todas las solicitudes que se presenten formalmente.

Cuando la cárcel, ubicada en la comuna de Til Til, a 44 kilómetros de Santiago, se convirtió el pasado noviembre en un penal común, había 142 reclusos, la mayoría de ellos exagentes de inteligencia y de seguridad que en la dictadura pertenecieron a la DINA y la CNI, la policía secreta de Pinochet. Actualmente son 148, según las cifras de Gendarmería, actualizadas el 28 de febrero. Al menos tres internos son comunes, según Canal 13, segregados en base a los requerimientos de la institución. El criterio de Gendarmería para los nuevos reclusos es que sean hombres mayores de 60 años que no representen “un alto potencial de eventos críticos violentos” con un “compromiso delictual” medio-bajo. El primer prisionero en esa calificación que ingresó fue Clemente Espinoza, de 75 años, que desde 2012 cumplía una condena 15 años de presidio por abuso sexual de un menor de edad en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la exPenitenciaría, ubicado en el barrio del Centro de Justicia.

Uno de los argumentos que pretende defender el Gobierno de Kast para que no ingresen más presos comunes es que el recinto tiene una población penal por sobre sus capacidades (133). La sobrepoblación actual es de un 111%, mientras que el promedio nacional es de 149%. Por ahora, la directriz no ha sido comunicada a Gendarmería, una institución que este jueves se incorporó a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, pasando a depender del ministerio de Seguridad Pública, que encabeza Trinidad Steinert, y no del de Justicia y Derechos Humanos.

Desde hace unos meses, en el terreno en que había una de las dos canchas de tenis del penal, se están construyendo celdas para 32 internos, con su baño y ducha, respectivamente. Están pensadas para que cada una tenga dos camas y no literas, debido a la edad avanzada del perfil penitenciario. El Gobierno de Boric había anunciado que estarían listas en febrero, pero Canal 13 visitó las instalaciones a comienzos de marzo y aún estaban en la etapa de edificación. Lo mismo ocurre con la instalación de una nueva zona de generación de energía y una planta de tratamiento de aguas.

El cambio de estatus de la cárcel creada en 1995, durante la Administración del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), ha supuesto restricciones en los beneficios que recibían los reclusos. Esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso de protección presentado por la abogada Carla Fernández en favor de 149 internos por el retiro de la máquina expendedora de bebidas del recinto. Fernández alega, según La Segunda, que el penal no cuenta con agua potable y que la máquina era la única fuente autónoma de hidratación para los internos, además de que era costeada por ellos. En febrero, por su parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago para el retiro de electrodomésticos en el penal, que, según los registros publicados en la prensa local, incluyen 105 refrigeradores, 73 televisores, 74 calefactores, 29 hornos eléctricos, microondas y hervidores y 10 lavadoras secadoras.

Los reclamos del entorno de los reclusos exuniformados -familiares, abogados, exmilitares- son muchos y variados. Desde el retiro de los electrodomésticos hasta que deba haber un agente de Gendarmería presente cuando un interno acude a la enfermería. Dentro de las principales preocupaciones de la Administración de Kast sobre las condiciones en las que están exuniformados, figura la disposición de las camas. Según la información que manejan, y que este medio no pudo confirmar con Gendarmería, es que debido a que varios reclusos no pueden subirse a las literas por su avanzada edad, convirtieron un comedor en una habitación y ahora hay un comedor instalado en la mitad de un pasillo. No está contemplado realizar una ampliación de la infraestructura ya edificada, pero no descartan construir en los terrenos aún disponibles, aunque reconocen que el presupuesto para hacerlo es una interrogante.

Los internos de la excárcel de Punta Peuco también han sido objeto de debate por el proyecto de ley impulsado por la un grupo de parlamentarios que permite un cumplimiento alternativo de penas para presos mayores de 70 años con enfermedades graves, lo que podría beneficiar a los exuniformados reclusos. A comienzos de marzo, el Senado aprobó en general el proyecto, que se encuentra en su primer trámite. El ministro de Justicia y Derechos Humanos Fernando Rabat, quien en la década del 2000 fue parte del equipo de abogados que defendió a Pinochet, no se ha posicionado sobre el asunto, y ha defendido que el proyecto suma centenares de indicaciones, por lo que no corresponde hacer aportes mientras continúa su tramitación.

La senadora independiente Fabiola Campillai, recién elegida para encabezar la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, y Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), le enviaron una carta el miércoles al presidente Kast en la que le solicitaron que “se abstenga de indultar a responsables de crímenes atroces2 y que, además, no respalde los proyectos de ley que buscan la conmutación de penas bajo el pretexto de “razones humanitarias”. En la misiva también criticaban el despido de tres jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia de las 1.469 personas que permanecen desaparecidas desde la dictadura, aunque Rabat ha defendido que el plan “seguirá adelante, con los mismos criterios”.