¿Por qué la democracia está perdiendo la calle? Crónica de un divorcio anunciado

Si el pensamiento de izquierda abandona el bolsillo de la clase trabajadora para centrarse en las políticas de identidad, el vacío lo llenaría un ‘hombre fuerte’ en los Estados Unidos. La advertencia la lanzó el filósofo Richard Rorty en 1997 y hoy suena a una profecía cumplida.

Rorty anticipó el ascenso de un caudillo dispuesto a “romper las reglas” bajo la promesa que la “élite corrupta e incompetente” ya no tomaría decisiones. Sin embargo, lo más sombrío de su visión era que esto no traería la prosperidad prometida, sino un “sadismo socialmente aceptado” dirigido contra las minorías, borrando décadas de avances en derechos civiles.

Lo que Rorty señalaba era un error estratégico letal: el paso de la “izquierda de los sindicatos y las organizaciones sociales de base” a la “izquierda cultural”. Al priorizar el reconocimiento de identidades grupales, por sobre la desigualdad abismal de las mayorías, el progresismo rompió el sentido de solidaridad nacional. Se olvidó que la democracia no es un equilibrio estático de derechos individuales, sino un contrato social sustentado en una base material. Cuando el ciudadano promedio siente que el sistema ya no trabaja para él o ella, el orgullo se convierte en resentimiento y la libertad se intercambia por la promesa de orden.

La evidencia económica en el Norte Global respalda este desencanto. En Estados Unidos, la desconexión entre el esfuerzo y la recompensa es obscena: desde 1979, la productividad creció un 64%, pero el salario real del trabajador promedio apenas subió un 14%. Mientras tanto, la clase media ha visto cómo su participación en el ingreso nacional caía del 62% al 42% en cinco décadas. En Europa Occidental, la historia es similar: la globalización permitió que el capital huyera a paraísos fiscales mientras los Estados, debilitados en su capacidad extractiva, imponían austeridad a sus ciudadanos. El resultado es una ‘plutocracia tecnocrática’ donde las decisiones importantes las toman organismos no electos y expertos desconectados de la realidad, dejando al votante con la sensación de que su papeleta es irrelevante. No importa quien gane, las políticas son las mismas y la alternancia se vuelve un simulacro.

Ante este colapso material, las respuestas de líderes como Clinton u Obama a menudo se refugiaron en el simbolismo. Se celebraba la diversidad en las juntas directivas mientras el salario mínimo federal permanecía congelado en 7,25 dólares desde 2009. Se promovían zonas de libre comercio que devastaban comunidades industriales, compensándolas con discursos sobre inclusión que no ponían pan sobre la mesa. Esta fragmentación de la sociedad en nichos identitarios alimentó la narrativa de la “suma cero”: si un grupo gana derechos, el otro siente que pierde su estatus, destruyendo la posibilidad de un proyecto nacional compartido.

La advertencia política es clara: la democracia se erosiona por la base, no por la cúpula. Cuando las instituciones pierden su habilidad para proveer bienestar, pierden su legitimidad. La erosión democrática no es solo el ascenso de un autócrata; es el proceso de apropiación de lo público, donde el Estado es capturado por élites económicas y se vuelve sordo a la demanda ciudadana. El ‘hombre fuerte’, al igual que la polarización y las cámaras de eco de las redes sociales, no son la enfermedad, sino el síntoma de un sistema que está dejando de servir a quienes lo sostienen.

América Latina, con su habitual fervor por importar modas intelectuales, ha vivido este déjà vu con consecuencias dramáticas en diversos momentos de su historia. En Chile, la transición de la justicia social al reconocimiento identitario es evidente. Durante años, la centroizquierda priorizó agendas de nicho, como la Ley de identidad de género o la plurinacionalidad, mientras mantenía intactas las estructuras del mercado de salud y pensiones. El votante de las periferias rurales y urbanas percibió que el progresismo estaba más preocupado por los ‘derechos humanos de los grupos movilizados’ que por proteger al ciudadano común del crimen organizado o de la precarización laboral. El rechazo masivo a la propuesta constitucional de 2022, no fue un giro a la derecha ideológica, sino un grito de sectores que sintieron que se fragmentaba la igualdad ante la ley en favor de identidades que no resolvían sus necesidades de bienestar y seguridad.

En Argentina, este fenómeno alcanzó su paroxismo con el ascenso de Javier Milei: un electorado que, harto de un Estado que se autopercibía presente en todo, pero fallaba en lo elemental —estabilidad económica y seguridad—, optó por un liderazgo que prometía 'motosierra' contra todo lo establecido. El electorado pareció votar contra un progresismo que convirtió el aparato público en una maquinaria de gestión de símbolos y militancia.

La conclusión es una invitación a la reflexión urgente: ¿Qué significa ser de izquierda o progresista hoy? No basta con ser los guardianes de las formas institucionales o los promotores de la diversidad cultural. Si la democracia quiere sobrevivir al asalto de los autoritarismos, debe restaurar su capacidad estatal para intervenir en la economía y garantizar un bienestar básico universal. Debemos dejar de gestionar etiquetas y volver a gestionar recursos. Hay que reformar el sistema para que la democracia no sea un lenguaje extraño hablado por élites universitarias, sino una herramienta de mejora vital que los ciudadanos vuelvan a sentir como propia. De lo contrario, la profecía de Rorty seguirá cumpliéndose, país tras país, hasta que no quede mucho que defender.