La policía chilena allana las oficinas de Codelco y de dos de los tres ejecutivos despedidos por un accidente en El Teniente en 2023

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile allanó este jueves las oficinas de Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, en las ciudades de Santiago y de Rancagua, en las regiones Metropolitana y de O’Higgins, respectivamente, y también los domicilios de dos de los tres altos ejecutivos que fueron despedidos de la cuprífera estatal el viernes, Mauricio Barraza Gallardo y Claudio Sougarret Larroquete, por posibles omisiones de informaciones vinculadas a un estallido de roca dentro de su división El Teniente, ocurrido el 24 de julio de 2023 y que podrían haber tenido incidencia en el accidente sucedido en esa misma mina el 31 de julio de 2025 en el que murieron seis trabajadores.

En el operativo, realizado en coordinación con La Fiscalía de la Región de O’Higgins, se incautaron equipos electrónicos y otros dispositivos que pertenecían a Barraza, exvicepresidente de Operaciones Centro Sur de Codelco; y de Sougarret, exgerente general de El Teniente, los que serán analizados por los peritos de la PDI en el marco de la investigación. Las diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Desde Codelco señalaron a EL PAÍS que hubo una entrega voluntaria de antecedentes, más que un allanamiento, y que fue coordinada con el fiscal regional Aquiles Cubillo, que investiga el caso.

En 2025, el derrumbe en El Teniente, el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo ubicado en el municipio de Machalí de la región de O’Higgins, a unos 83 kilómetros de Santiago, fue la peor tragedia que ha enfrentado Codelco en los últimos 35 años, al punto que el presidente Gabriel Boric decretó tres días de duelo nacional. Siete meses después, una auditoría interna realizada en el marco de la investigación de ese hecho concluyó que hubo “inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a autoridades sectoriales” tras el estallido de roca en El Teniente, en 2023, así como desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos de la empresa, según una declaración pública de Codelco emitida el viernes.

Además, la compañía anunció que había despedido a su vicepresidente de Operaciones, Mauricio Barraza; al gerente general de El Teniente, Claudio Sougarret; y al gerente de Proyectos, Rodrigo Andrades Contreras. Cuando sucedió el estallido de roca de 2023 (donde quedó atrapado un minero, que luego fue rescatado con vida), Sougarret tenía el cargo de gerente de Operaciones de El Teniente, y Andrades Contreras, de gerente de Minas. A este último no se le realizó un allanamiento este jueves, pues ya en octubre se le había incautado pertenencias a raíz de las indagatorias por la tragedia en la que fallecieron seis mineros.

Los tres exejecutivos son investigados por la Fiscalía y se encuentran en condición de imputados por esta causa, aunque no han sido formalizados por ningún delito hasta ahora. En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería ( Sernageomin), un organismo técnico y fiscalizador del Estado chileno en materia minera, interpuso una denuncia formal este lunes en contra de Codelco ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República después de confirmar inconsistencias entre los hechos y la información técnica entregada por parte de la productora de cobre. Durante unas cinco horas, el presidente ejecutivo de la cuprífera, Rubén Alvarado, declaró este miércoles ante la Fiscalía de O’Higgins en calidad de testigo, pero también como representante legal de la empresa.

Este lunes, Sernageomin anunció que instruyó a Codelco entregar de forma inmediata y obligatoria toda la documentación técnica y administrativa analizada por su directorio. En una declaración, el organismo indicó que los antecedentes consignados por la estatal confirmaron discrepancias sustantivas entre la realidad operativa de la mina y lo reportado oficialmente a la autoridad, lo que compromete los estándares esenciales de seguridad minera. Además, Sernageomin pidió el acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico, indicando que “no se aceptarán informes procesados” ni márgenes de desviación en el flujo de información, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales.