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Economía chilena
Tribuna
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La viga maestra

Los altos precios del cobre debieran alimentar en Chile un debate amplio sobre qué hacer con la bonanza y cómo transformar la “contingencia” en una “condición” de carácter estructural

Constitución de Chile 2022

A mediados de los años 60, en el contexto de la chilenización y posterior nacionalización del cobre en 1971, el mundo político relevó la importancia estratégica y económica del recurso para el país con la frase “el cobre es la viga maestra de Chile”. Ya entonces, hace 60 años, todo indicaba que el metal rojo era y seguiría siendo un insumo crítico para la expansión de las telecomunicaciones y la electrificación y para el desarrollo de actividades como la construcción, el transporte y la fabricación de bienes de consumo.

Nada hacía pensar, sin embargo, que poco más de medio siglo después el mineral viviría una dinámica como la actual, que bien podría calificarse como una verdadera “fiebre del cobre”. Factores estructurales y circunstanciales han hecho que el metal destelle hoy como nunca antes, sin que exista claridad respecto de los techos que este proceso podría alcanzar.

Se trata, sin duda, de una buena noticia. Pero también de una que amerita una reflexión más profunda sobre sus causas y alcances, y que debiera alimentar un debate amplio sobre qué hacer con la bonanza y cómo transformar la “contingencia” en una “condición” de carácter estructural, que permita sacar el mayor provecho posible de este aumento en el “sueldo variable” de Chile.

Técnicamente, y en su condición de recurso no renovable, el cobre no debiera ser visto como la viga maestra del país en el largo plazo —porque los países no tienen fecha de vencimiento y las reservas de cobre sí—. Menos aun cuando las fuerzas detrás de los muy positivos niveles actuales de precio no reúnen condiciones suficientes para producir un cambio de paradigma en la débil performance de la economía.

Dejando de lado el debate en torno al riesgo de la “maldición de los commodities” o de la “enfermedad holandesa” —que puede hacer que la abundancia derive en distorsiones de precios relativos, dependencia, corrupción y subdesarrollo—, el buen momento de precios adolece de dinámicas que dificultan una lectura exitista y, más bien, invitan a aprovechar la coyuntura como una ventana de oportunidad que debe ser gestionada de manera responsable por las nuevas autoridades.

Lo anterior implica que no corresponde suponer que el actual ciclo del cobre pueda cambiar de manera fundamental el estado de cosas en materia de crecimiento. Habrá, por cierto, efectos en la balanza comercial, el mercado cambiario y la recaudación fiscal, entre otros, pero todo indica que el impacto macroeconómico de este aumento tiene una alta probabilidad de ser transitorio y distinto de lo que cabría prever en condiciones habituales.

En este sentido, el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central incluyó un análisis sobre la naturaleza y perspectivas del ciclo que vive el cobre, subrayando que los impactos observados pueden ser distintos en esta oportunidad, en la medida que el fenómeno se explica en una proporción relevante por shocks de oferta —menor producción— y factores geopolíticos que han alentado movimientos financieros en torno al commodity, los cuales son, por definición, altamente volátiles.

Más allá de que la expansión de la Inteligencia Artificial, la electromovilidad y las crecientes inversiones en defensa que alienta el escenario geopolítico favorecen una demanda robusta, el IPoM consigna un gráfico que explica que cerca de un tercio del delta de mayor precio observado desde febrero de 2025 obedece a restricciones de oferta, y unos porcentajes menores, pero no menospreciables, a las condiciones geopolíticas, movimientos financieros y toma de posiciones de cobertura frente a eventualidades arancelarias y otros riesgos macro.

Dado lo anterior, en uno de los aspectos en que hay mayor consenso es que el ciclo actual debe ser aprovechado en la gestión fiscal, en particular a la luz de los rezagos de arrastre y los ambiciosos objetivos que han declarado las nuevas autoridades.

Un aumento de ingresos fiscales (que expertos cifran entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones, si la libra de cobre promediara US$ 5,5, es decir más de un dólar por encima de la previsión de la Dipres), puede cambiar no sólo la conversación respecto del polémico tema del nivel de deuda pública y sistemático incumplimiento fiscal, sino que permite pensar incluso en abordar de una buena vez el postergado tema de reponer recursos al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que está en niveles históricamente bajos y al cual incluso se llegó a echar mano por parte del saliente Gobierno en un escenario de no crisis.

Y, en una dimensión quizás no central pero sí relevante, el fenómeno que se vive en el cobre desafía a las empresas minera en general y a Codelco en particular. En general, en lo que se refiere a cuidar los costos de producción y gestionar adecuadamente las más de 30 negociaciones colectivas que contempla la agenda de 2026 en el sector. Y en lo particular, para Codelco, en lo que respecta a abordar sus retos estructurales. Nada de esto es menor para el país como un todo, ni para las regiones donde se desarrolla esta actividad.

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