La ONU exige a los talibanes que revoquen el código penal que legaliza la violencia contra las mujeres

Los talibanes deben dar marcha atrás en el nuevo código penal promulgado el mes pasado en Afganistán, en el que se legaliza la violencia contra las mujeres, y respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ha pedido este jueves en Ginebra Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“Insto a las autoridades de facto a que deroguen este decreto y adapten todas sus normas legales a sus obligaciones internacionales”, dijo el responsable.

Türk insistió en encontrar “maneras de presionar” a los fundamentalistas para que ”reviertan cualquier forma de exclusión" de las mujeres, que sufren “una discriminación y opresión extremas por razones de género”. “Hay que garantizar que mujeres y niñas tengan acceso a la educación secundaria y superior, a la sanidad y al empleo; y que puedan participar plenamente en la vida pública”, dijo, en su discurso.

Las palabras de Türk son la primera reacción de peso, dentro de la ONU, tras la aprobación del nuevo código penal, que convierte en ley la violencia y los abusos que las mujeres están sufriendo desde el retorno de los fundamentalistas al poder, en agosto de 2021. Escudados en la llamada “prevención del vicio”, los talibanes convierten a las mujeres prácticamente en siervas o en objetos propiedad de un amo, que está protegido frente a los delitos que pueda cometer contra ellas.

“Las mujeres y las niñas son el presente y el futuro, y el país no puede prosperar sin ellas”, insistió Türk, durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que se celebra estos días en Ginebra. “Codificar el apartheid de género es esencial para acabar con él”, agregó, subrayando de nuevo su apoyo para incluirlo entre los delitos de la futura Convención Internacional para la Prevención y Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad, actualmente negociándose.

Las mujeres y las niñas son el presente y el futuro, y el país no puede prosperar sin ellas

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Por otra parte, Türk subrayó la necesidad de que las afganas, incluidas las que trabajan para la ONU, tengan acceso sin obstáculos a las instalaciones de Naciones Unidas, algo que los talibanes impiden desde septiembre de 2025. “Estas restricciones son sin precedentes y profundamente preocupantes”, insistió.

“Se está normalizando un orden social altamente represivo, en el que se elimina progresivamente la autonomía de las mujeres y las niñas, con profundas consecuencias para su salud física y mental y su supervivencia”, insistió por su parte el relator para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, que presentó este jueves en Ginebra un informe desolador sobre las dificultades de las mujeres afganas en acceder al sistema de salud debido a las restricciones de los fundamentalistas.

El responsable también subrayó que la “rendición de cuentas” es esencial y se felicitó por la emisión, en julio de 2025, de órdenes de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional contra el líder de los talibanes, Haibatulá Ajundzadá, y el presidente del Tribunal Supremo de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani.

Türk admitió la complejidad, pero reiteró la necesidad de seguir interactuando con las autoridades de facto y de exigirles que respeten sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para que el país se reintegre un día en la comunidad internacional, objetivo de las reuniones que se han ido celebrando en Doha (Qatar).

El Alto Comisionado también se dirigió a la comunidad internacional y pidió que se reviertan los recortes en cooperación, que en países como Afganistán suponen privar de “su último salvavidas” a millones de personas que viven en la pobreza extrema, sin acceso a alimentos adecuados, educación o sanidad. “El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte de que está rechazando a tres de cada cuatro niños afganos con desnutrición aguda debido a la falta de financiación”, citó.

En su intervención, el responsable de la ONU también se refirió a la “censura y presión financiera” que sufren los medios de comunicación afganos, que castiga especialmente a las reporteras que siguen ejerciendo. También citó el número significativo de refugiados que sigue regresando a Afganistán, la mayoría de ellos obligados por países vecinos, especialmente Pakistán e Irán, sin ninguna protección y sin evaluar sus circunstancias, y alertó sobre el aumento de víctimas civiles en los enfrentamientos en la frontera con Pakistán, que hace necesario “un diálogo político urgente, en lugar de escalar el uso de la fuerza”.

Por último, pidió una moratoria completa sobre las ejecuciones, con vistas a abolir la pena de muerte, el cese de las detenciones arbitrarias y garantías de debido proceso y juicio justo para todos.