Chile ante el desafío histórico de seguir transitando a la formalidad laboral

Las recientes mediciones del mercado del trabajo han entregado buenas noticias, sobre todo en materia de creación de puestos de trabajo, aumento de salarios y reducción de la informalidad laboral. En los últimos doce meses los ocupados han aumentado en más de 120 mil personas, la tasa de desocupación disminuyó en 0,3 puntos porcentuales, el Índice de Remuneraciones aumentó en un 2,0%, acumulando 30 meses de variación positiva y la tasa de informalidad también disminuyó, manteniendo niveles históricamente bajos. Si a este cuadro le agregamos el antecedente de que el producto interno bruto creció 2,3% el primer semestre de 2025, el escenario es optimista, pudiendo ya verse los resultados de las políticas de empleo e inversión desplegadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Los niveles de informalidad laboral alcanzados representan un buen punto para interrogarnos respecto de la naturaleza del fenómeno, así como los desafíos pendientes en la materia. La informalidad tiene una directa relación con los niveles de desarrollo: acceso a la vivienda, la educación, salud, transporte y otros servicios. En ese sentido, Chile tiene un nivel de informalidad muy en línea con esta correlación. Mientras en la región las relaciones laborales informales están en torno al 50%, hoy en Chile la informalidad persiste relativamente baja, estable y más prevalente en sectores y actividades más renuentes a cualquier tipo de regulación. En consecuencia, su formalización exige medidas más sofisticadas y estudiadas, que reconozcan la heterogeneidad y complejidad del trabajo informal, comprendiendo que este responde a distintas causas y exhibe importantes diferencias sectoriales que deben tenerse en cuenta.

Y es que los ocupados informales no sólo son trabajadores independientes que operan por fuera de los registros tributarios. También son miles de trabajadores asalariados a quienes sus empleadores, sean empresas u hogares, no les hacen contratos de trabajo y/o no les pagan sus cotizaciones de pensión y salud. Personas en esta condición representan más de un 30% de los trabajadores informales. Por tal motivo la reciente Política Nacional Inspectiva de la Dirección del Trabajo establece como su primer objetivo el fomentar la formalización laboral, promoviendo una cultura del cumplimiento de los derechos laborales y el uso de grandes volúmenes de datos y de la inteligencia inspectiva para hacer más eficientes los procesos de fiscalización.

Pero junto a la fiscalización, es necesario generar nuevos incentivos regulatorios, diálogo social y mejores sistemas de registro. Especialmente relevantes son los sistemas de protección social y políticas de empleo, en el marco de lo cual este gobierno ha diseñado e implementado un amplio repertorio de medidas. A modo de ejemplo, la ley que crea el sistema de Subsidio Unificado al Empleo (SUE) promoverá la contratación laboral formal de grupos prioritarios en donde, principalmente, se concentra la desocupación y la informalidad. También destacan los subsidios de retención laboral, implementados ante crisis regionales o cierres de industrias y desastres naturales, los que evitaron desvinculaciones y ”premiar” la formalidad. Así mismo, en la implementación de la Ley de Plataformas Digitales se han generado mecanismos para que las empresas sean las responsables de emitir las boletas por los trabajadores independientes, llevándolos a generar cotizaciones y los consecuentes beneficios asociados. Finalmente destaca el enfoque adoptado en una histórica reforma de pensiones, donde la creación del Seguro Social entrega una garantía de 0,1 UF por año cotizado, lo que incentiva la formalidad volviéndola más atractiva para el trabajador.

Estas acciones son parte de una orientación estratégica de esta administración para la transición a la formalidad. Dada su relevancia para la construcción de Estado, ella debiese ser sostenida en el tiempo y permear diversos campos de acción, como las políticas de desarrollo productivo, las de empleo y competencias, y también las de protección social. Todos tienen derecho a un trabajo decente y a ser cubiertos por un marco de seguridad social. En buena medida allí se juega el pacto social y la estabilidad de nuestra democracia. La reducción de la informalidad representa un logro país que debe sostenerse, pero también un desafío renovado para empujar el trabajo decente y la cohesión social en Chile.