Hacia el bienestar integral en las universidades: más allá del diagnóstico, una responsabilidad compartida

¿Qué está pasando con la salud mental, la convivencia y la necesaria formación integral en las universidades? ¿Estamos con la apertura y preparación necesaria para abordar los nuevos desafíos de la realidad estudiantil?

Recientemente, el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), presentó el Informe Bienestar universitario: claves para la convivencia y la salud mental, el cual ha surgido en el marco de una preocupación creciente de las universidades y de la educación superior, por abordar problemáticas relacionadas con la salud mental, la convivencia y el bienestar general de las comunidades universitarias.

El documento presenta antecedentes relevantes –a nivel nacional e internacional– del estado de la salud mental en la población universitaria y de la convivencia entre estudiantes en universidades chilenas. Los datos reflejan un preocupante aumento de problemas de ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias; así como dificultades en el ámbito de la convivencia, todo lo cual impacta en el bienestar integral y el desempeño académico de las y los estudiantes.

La salud mental estudiantil ha adquirido una relevancia creciente en el quehacer universitario. Si bien las instituciones de educación superior implementan diversas acciones en esta área, tanto desde la promoción y prevención como en la atención de crisis, su capacidad para abordar el problema de forma integral se ve limitada.

Por otra parte, las debilidades del sistema de salud, marcadas por la escasez de recursos y de especialistas en la atención en la red de atención, dificultan una respuesta articulada y oportuna a las crecientes necesidades en salud mental. Aunque existen esfuerzos en marcha, como programas preventivos y servicios de acogida inicial en las universidades, se advierte la urgencia de reforzar estas iniciativas, generar una vinculación efectiva con la red pública y consolidar el bienestar psicosocial como un componente estructural del proceso educativo.

El sostenido crecimiento de la matrícula universitaria, que alcanza una tasa anual del 3,3%, ha transformado de manera importante la composición del estudiantado, generando una creciente diversidad en términos de trayectorias educativas, género, edad, condiciones físicas y psíquicas, así como identidades socioculturales. Esta creciente heterogeneidad plantea nuevos desafíos para las instituciones de educación superior, al ampliar el espectro de necesidades y expectativas que deben ser atendidas.

En muchas universidades, los conflictos entre estudiantes o las faltas a la normativa suelen abordarse desde una lógica más punitiva que educativa. La respuesta predominante es sancionar, en lugar de abrir espacios de diálogo que permitan comprender el origen de los problemas y avanzar hacia soluciones colaborativas. Esto no solo perpetúa una cultura del castigo, sino que invisibiliza la posibilidad de generar procesos de responsabilización y reparación, que son fundamentales en cualquier comunidad.

Este enfoque preocupa si consideramos que las universidades no solo forman profesionales, sino también ciudadanos y ciudadanas. Frente a una sociedad que promueve la competencia por sobre la cooperación, el rol de las instituciones de educación superior debiera ser precisamente lo contrario: fomentar una convivencia basada en el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos.

A ello se suma una crisis más amplia, que afecta a todo el sistema educativo. Hoy vemos una pérdida de sentido en los aprendizajes, un deterioro de la convivencia escolar y universitaria, y una desconexión evidente entre los niveles de enseñanza. Lamentablemente, poco se ha reflexionado —de manera profunda y sostenida— sobre el impacto que la pandemia tuvo en nuestras relaciones y en la manera de enseñar y aprender. Aún estamos a tiempo de hacerlo, pero se requiere mayor voluntad política, académica y pedagógica para transformar las universidades en espacios más coherentes con los desafíos del presente.

El informe también da cuenta además de algunos modelos que permiten comprender los alcances de estas dos dimensiones -salud mental y convivencia-, como forma de avanzar hacia conceptualizaciones comunes que den fundamento a las decisiones que se generan en estas materias.

Así también el informe identifica nudos críticos y recomendaciones para orientar acciones en distintas áreas de la vida universitaria, como los marcos regulatorios existentes; las trayectorias académicas y la diversidad del estudiantado; los conflictos presentes en las universidades; la organización y participación estudiantil; las demandas de atención en salud mental; y la necesidad de investigar respecto de la eficacia de las intervenciones de promoción y prevención que se realizan. Se espera que este informe contribuya al diseño e implementación de iniciativas que favorezcan la formación integral y el bienestar estudiantil, y que impacten de manera positiva en todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria.