La Comisión para la Paz y el Entendimiento: un camino político y técnico para avanzar en la reparación territorial

En 1956, el historiador chileno Álvaro Jara publicó Legislación indigenista de Chile a nombre del Instituto Indigenista Interamericano, una experiencia internacional que unió a intelectuales y dirigentes con el fin de crear políticas públicas para mejorar el desarrollo social de la población indígena y crear una comunidad nacional. Con sede en la ciudad de Patzcuaro en México, este grupo se planteó como misión adoptar “las medidas necesarias, de tipo técnico y económico, para que, en el plazo más breve posible, recopile toda la legislación de los países latinoamericanos y procure su publicación”.

Casi 70 años después, en La Moneda, agricultores -herederos de los triunfadores de la ocupación a la Araucanía- y los mapuche, también derrotados de esta historia, todos víctimas en un sentido plural del término, convergieron para entregar el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento al presidente Gabriel Boric.

Desde el retorno a la democracia en 1990, las políticas reparativas a los pueblos indígenas no han dejado de crearse y recrearse. La Ley Indígena de 1993 inició una nueva etapa bajo un contexto internacional que transitaba desde los reconocimientos a la creación de políticas afirmativas, que contribuyes en revertir la pobreza y la discriminación. A esta ingeniería política el movimiento mapuche sumó las discusiones de las que sus dirigentres fueron parte a nivel internacional: reconocimiento constitucional, ratificación del Convenio 169 de la OIT y mecanismos de autogobierno, como el derecho a la autonomía.

La Comisión para la Paz y Entendimiento recoge varios de estos elementos y le da una continuidad. Aunque subraya algunos no cumplidos, como el reconocimiento constitucional; el reconocimiento a las formas propias de organización mapuche –propuestas impusladas también durante el Proyecto Orígenes de Michelle Bachelet y el Plan Araucanía de Sebastián Piñera–; revitalización cultural y las recomendaciones dadas por expertos nacionales e internacionales, como la representación política. Esta última, cumplida bajo los dos procesos constitucionales de Chile, pero diluida a raíz de las ideas planteadas en la Convención Constitucional de 2022.

La comisión propone 1997 como el punto de inflexión. Alfredo Moreno, uno de sus líderes, ha planteado que desde ese año la violencia ha contribuido a la pobreza y estancamiento de la región. Sin embargo, los niveles de pobreza en el mundo mapuche eran extremos previamente a esa fecha. Niños sin zapatos, ausencia de alimentación en la niñez, desnutrición, analfabetismo y dificultades para el desarrollo económico crearon un estancamiento para el mundo indígena.

Luego de 1997, los gobiernos comenzaron a darle relevancia al tema indígena y a intentar dar soluciones. En 2001, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, se convocó a la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (CVHNT), cuyo liderazgo recayó en el expresidente Patricio Aylwin y, en cierto ámbito, marcó el punto de inflexión en las políticas del Estado en relación con los pueblos indígenas. La CVHNT no solo reconoce una historia de violencia sobre los pueblos indígenas; también entrega medidas de acción afirmativa -como la beca indígena y los subsidios habitacionales, por ejemplo- que contribuyeron a la movilidad social del mundo indígena y que pueden además explicar la búsqueda de reconocimientos políticos más específicos, como fueron los escaños reservados, que se plantearon años después en los dos procesos constitucionales. La comisión que lideró Aylwin, como otras instancias, propuso el reconocimiento constituicional a los pueblos indígenas, recomenación que también recuerda el informe que recibió el presidente Boric.

Después de la CVHNT, comenzaron a aplicarse sus recomendaciones con políticas públicas. El Gobierno de Bachelet lo llamó Proyecto Orígenes y el Piñera, Plan Araucanía. Ambos administraciones incorporaron con mayor profundidad la definición de interculturalidad, la que en el documento entregado al presidente Boric se define como “un principio de la diversidad cultural del país”. Sobre este acto de buena voluntad, sin duda es importante reconocer como luego de estas instancias de Estado, los gobiernos se han focalizado a los ámbitos como la inserción a la educación superior, la salud intercultural, la asociatividad indígena y las recomendaciones a los empresarios para sumar al mundo indígena a los proyectos de producción. El documento de la Comisión para la Paz propone, por ejemplo, la creación de una zona franca, exenciones tributarias temporales además de licencia para casinos para comunidades indígenas.

El movimiento mapuche es una pluralidad de organizaciones, pero que logran convergen en ámbitos como el derecho a la autodeterminación y la reparacióm territorial.

A diferencia de otras instancias, esta comisión rompe con lo desarrollado por las otras en un acto: incluye a los no mapuche en el marco de las víctimas y les da una solución: “un marco de indemnizaciones, prestaciones y garantías con la finalidad de reconocer y atenuar las consecuencias de la violencia sufridas por las víctimas, sus familias y todos los afectados por ellas”.

Además, dentro de las distintas reflexiones una parece relevante y que fue la misión de esta comisión: la tierra. Sobre esto último, se hace una autocrítica en relación con la demora en la compra y entrega. Y también otra reflexión sobre el papel de la especulación de los agricultores que elevan los precios dejando a CONADI sin un presupuesto viable para cumplir con la palabra que a la vez empeña ante las comunidades. El debate entre todos los actores determina que se necesita 4.000 millones de dólares para lograr cumplir con la demanda mapuche y se propone una agenda de reparación.

De esto último, reconociendo la relevancia del Convenio 169 de la OIT, se plantean formas de reparación de una manera técnica y aplicable. Una hoja de ruta que supera en ese ámbito a las instancias creadas por los gobiernos anteriores y que se abre también a quienes, por razones históricas vinculadas al despojo territorial, pueden ser reparados ahora a través de planes habitacionales. Si bien esto ya se ha puesto en práctica por algunos municipios con población mapuche mayoritaria, se vuelve a plantear ahora como un mecanismo para sanar a quienes se vieron forzados a desplazarse a lo largo del siglo XX.

Finalmente, y tal vez un punto que puede ser controversial –pero no necesariamente impopular– es permitir contratos de usufructo, arrendamiento, mediería y otros contratos de mera tenencia, sobre tierras de comunidades y de personas individuales mapuche. Se entregan mecanismos para realizarlo, con contratos no superiores a una década para la creación de proyectos en conjunto con otros actores vinculados a las zonas reseñadas.

El inorme de la Comisión para la Paz y el Entendimieto, como planteó el senador Francisco Huenchumilla, “es un camino para revertir el conflicto” o como bien sostuvo Moreno, “el inicio de un camino”. Un camino que también fue ratificado por Adolfo Millabur, integrante de la comisión, que lo llamó “un primer paso” para subsanar el sufrimiento que los mapuche llevan desde 1860.

En efecto, la síntesis del informe permite observar un camino político y técnico para avanzar en una reparación territorial y a partir de ella, entrega recomendaciones para un nuevo tipo de gobernanza con el pueblo mapuche. Tal vez, más allá de los números que están planteados, es que por primera vez distintos actores políticos involucrados reconocen el derecho a la reparación territorial del pueblo mapuche, más amplio que los Títulos de Merced en los que se basó la Ley Indígena de 1993 y también permite que los mapuche, como actores conscientes de su futuro, poder ser parte, decidir y optar por nuevas formas de producción para lograr revertir la pobreza de larga duración.