Boric recibe el informe de la Comisión para la Paz que busca la restitución de tierras al pueblo mapuche y la reparación a las víctimas de violencia

Después de 22 meses de trabajo, la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó este martes su informe al presidente de Chile, Gabriel Boric, el que deberá analizar para su implementación, que implicará el envío de proyectos de ley y consultas indígenas. El documento contiene 21 recomendaciones basadas en cinco ejes: justicia y reconocimiento, reparación a las víctimas, tierras, desarrollo territorial, y garantías de la implementación. La instancia, liderada por el hoy subsecretario del Interior, Víctor Ramos, como su secretario ejecutivo, fue presentada por el mandatario de izquierdas en junio de 2023, y busca una salida política a través de un acuerdo transversal para la restitución de tierras al pueblo mapuche y también la reparación a las víctimas de violencia en la Macrozona sur, que abarca las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Es un conflicto histórico, que Boric definió, cuando lanzó la comisión, como “un problema entrampado hace demasiados años”.

En la ceremonia en La Moneda, Boric dijo que recibe este documento “con mucha esperanza sobre los resultados” y destacó que los comisionados trabajaron “por la paz, por el entendimiento con seriedad, con responsabilidad escuchando, poniendo el diálogo por delante”. Y que en su labor demostraron “que este no era un problema inconmensurable o inabordable más allá del tiempo y los dolores que ha generado, sino que es posible dimensionarlo y con ello abrir una nueva etapa de resolución con cuyos parámetros se juzgue justamente el avance del mismo”.

Y agregó: “En el abordaje de este desafío no tienen cabida ni la violencia ni el terrorismo. Lo condenamos de manera clara y contundente porque las y los habitantes del territorio que ha estado en conflicto durante tanto tiempo tienen derecho a vivir y a trabajar en paz, mapuches y no mapuches”.

Entre los 21 puntos, la comisión recomendó reformar la Constitución para que el Estado reconozca a los pueblos indígenas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos: los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, y Selk’nam. Además, para la representación política, propuso aprobar la creación del Consejo de Pueblos.

Para el pueblo mapuche propuso el reconocimiento a sus formas propias de organización y la promoción de procesos para la revitalización cultural y lingüística.

Respecto de las tierras, se recomendó un nuevo mecanismo de restitución, cordinado por un nuevo órgano, la Agencia de reparación. Y un sistema de financiamiento a través de un fondo. Con el diagnóstico de tierras, se cacula que el valor del fondo es de unos 4.000 millones de dólares. Y aconsejó impulsar un Tribunal arbitral para que actúe como mediador en los conflictos entre comunidades y “permita conciliar distintas controversias acaecidas”.

El documento también propone empujar una ley de reparación integral a todas las víctimas de la violencia, mapuches y no mapuches. Para esa gestión aconseja crear un órgano para “identificar y registrar a las víctimas y los daños de los que fueron objeto, junto con diseñar, implementar y ejecutar los planes”.

El cuarto intento del Estado chileno

Esta es la primera iniciativa que está exclusivamente enfocada a los mapuche, el pueblo originario más numeroso del país. Pero es el cuarto intento del Estado chileno, desde el retorno a la democracia en Chile, que intenta abrir un diálogo político. Distintos mandatarios han empujado iniciativas que si bien han implicado avances y reconocimientos históricos respecto del trato a los pueblos indígenas, el conflicto ha continuado. Se suma que en esas zonas a partir de 1997 grupos radicalizados han protagonizado cientos de atentados, por lo que esos territorios están bajo estado de excepción constitucional, con presencia militar, desde octubre de 2021.

En 2001, por ejemplo, el presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, con 25 integrantes y que lideró el expresidente democristiano Patricio Aylwin (1990-1994). Se suman la socialista Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, que impulsó el Plan Araucanía encabezado por su exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. En 2023, Boric convocó a Moreno a la Comisión para la Paz, quien compartió la copresidencia con el senador democristiano, de la centroizquierda, Francisco Huenchumilla.

Los ocho comisionados que la integraron son de distintos sectores y de ellos cuatro son de origen mapuche: Huenchumilla; la diputada socialista Emilia Nuyado; la trabajadora social y encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío, Gloria Callupe, y el alcalde de Tirúa y exconvencional constituyente, Adolfo Millabur. Además de Alfredo Moreno; la senadora por La Araucanía Carmen Gloria Aravena; el abogado especialista en derecho internacional y exasesor de la Comisión Asesora de La Araucanía Nicolás Figari y Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco y el único voto disidente en algunas propuestas la instancia.

El documento fue aprobado por siete votos a favor y uno en contra, el de Naveillán, por lo que no logró la unanimidad de sus comisionados, como era la aspiración. A su vez, en la mayoría está la senadora Aravena, quien dijo que debió renunciar al Partido Republicano por haber respaldado el informe. Según la parlamentaria, la formación de la extrema derecha le había solicitado que lo rechazara, condicionando con ello su futura elección en el Parlamento. Lo visó, explicó, pues ella es de La Araucanía.

El domingo, el exministro de Piñera, Alfredo Moreno, defendió el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento pese a que no lograra la unanimidad en todos los temas. Y destacó especialmente que había que valorar lo que el grupo logró pues en Chile “es muy difícil tener acuerdos”. En una entrevista concedida a El Mercurio, señaló que el informe contiene la cantidad de hectáreas que ya se han entregado y “cuántas se están demandando”. También destacó que habrá opciones a la entrega de tierras y las personas podrán optar a decisiones de restitución de manera individual o colectiva, y que se reparará a quienes han sido víctimas de violencia. Y recalcó que el actual sistema “lleva a la confrontación”, mientras que la propuesta que presentarán este martes a Boric será “lo contrario”.

Moreno dijo además que la propuesta “acaba el sistema actual de reparaciones, que no tiene límite”. “Estamos hablando de una verdadera revolución respecto del sistema que hoy tenemos”, dijo a T13 Radio.

Quien también relevó el trabajo de la Comisión fue el abogado Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y uno de los analistas influyentes de Chile. Su columna dominical de El Mercurio se tituló Un notable acuerdo. Y en ella puso énfasis en que para entender el trato al que llegó el grupo, es necesario “echar la vista hacia atrás”. “Durante todo el siglo XX el pueblo mapuche fue invisible. Se le mimetizó, también se podría decir que se le ocultó, tanto por la izquierda como por la derecha, en la ficción del Estado nacional como si su identidad no existiera o como si, no obstante existir, mereciera haberse extenguido”, escribió.

Peña dijo que esta comisión, a diferencia de las anteriores, entre ellas mencionó la liderada por Aylwin, “pone el acento en las soluciones posibles a un problema que no se puede ocultar: el hecho de que ese pueblo fue despojado, a veces a sangre y fuego, y en otras mediante el timo y el fraude, de los territorios donde desenvolvía su vida”. “Entre las virtudes de este acuerdo se encuentran, ante todo, las medidas de reparación material, de justicia correctiva (...) Si este acuerdo se rubrica con los proyectos de ley que se requieren, se habrá trazado un horizonte por referencia al cual se podrán medir las futuras demandas”.

Previamente, la candidata presidencial de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, dijo el 1 de mayo, cuando la comisión terminó su trabajo, que “es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales se les tiene que hacer algún tipo de reparación, pero por sobre todo de que tiene que haber una acuerdo absoluto entre todos que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible”. Y agregó que “la entrega de tierras no necesariamente traerá paz. Y si no, miremos el caso de Temucuicui”. El senador Huenchumilla, en tanto, consultado por el medio Ex-Ante, señaló que la comisión abordó la violencia y el terrorismo y que aquello “fue tocado y está resuelto”. “Nosotros no somos tribunales de justicia, por lo tanto no teníamos que pronunciarnos sobre el terrorismo, no estaba dentro de nuestra facultad”, agregó.

Moreno también se refirió a la controversia y dijo que la comisión se ha abocado a los temas que se les pidió: “Yo creo que hay terrorismo en la zona”, pero “el análisis no corresponde a la comisión”.