California promulga nuevas leyes para proteger a sus inmigrantes de los embates del ICE

Las deportaciones de la Administración Trump han provocado la separación de miles de familias, y con ello la preocupación sobre el cuidado de los niños estadounidenses que permanecen en el país tras la expulsión de sus padres. Para hacer frente a esa realidad, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el pasado domingo el proyecto de ley AB-495 que permite a familiares de los migrantes deportados actuar como cuidadores de sus hijos. La norma aprobada por la mayoría demócrata de la Asamblea del Estado también prohíbe a las guarderías recopilar información sobre la situación migratoria de los niños y sus progenitores, y les da la posibilidad a estos de nombrar un tutor legal temporal para sus hijos en los tribunales.

“Apoyamos a nuestras familias y su derecho a mantener su información de forma privada, conservar los derechos parentales y prepararse en caso de emergencias”, declaró Newsom luego de una fuerte campaña impulsada por organizaciones de la sociedad civil a favor de la iniciativa. “Presenté este proyecto de ley para que los niños no tengan que preguntarse qué les pasará si sus padres no pueden recogerlos en la escuela”, expresó por su parte la diputada demócrata Celeste Rodríguez, redactora de la ley.

La entrada en vigor de la AB-495 no ha estado libre de controversia. Grupos y activistas conservadores se opusieron a su aprobación. Sus críticas se dirigen a la llamada “declaración jurada de autorización del cuidador”, un formulario vigente desde hace décadas en el que los familiares de un niño, cuyos padres se encuentran temporalmente ausentes, certifican ante las autoridades que son sus cuidadores. Esto le permite al adulto en cuestión matricular al niño en la escuela y dar su consentimiento para que reciba atención médica y dental.

La nueva ley amplía la declaración jurada del cuidador a cualquier adulto de la familia que esté “emparentado con el niño por consanguinidad, adopción o afinidad dentro del quinto grado de parentesco”. Esto incluye a sus tías abuelas y primos. Los padres pueden cancelar esta designación de ser necesario, que solo está pensada como una tutela temporal y en ningún caso les otorga la custodia.

La diputada Celeste Rodríguez restringió la legislación durante el verano para excluir a los “miembros de la familia extensa no emparentados”, pero los republicanos reclaman que la ley pone en peligro a los niños porque la declaración puede ser presentada en ausencia de los padres. Uno de ellos, el asambleísta por San Diego, Carl DeMaio, calificó la legislación como “el sueño de cualquier traficante de personas”, pero sus promotores alegan que la norma ofrece a los migrantes una garantía para el cuidado de sus hijos en caso de que sean arrestados y deportados.

Protección para los vendedores ambulantes

El gobernador Newsom también firmó el proyecto de ley SB-635, que protege los derechos de los vendedores ambulantes indocumentados. A partir del 1 de enero de 2026, las autoridades locales no podrán exigir huellas, datos personales ni preguntar por el estatus migratorio de vendedores ambulantes que tramiten un permiso para la venta de productos en las calles de California. La iniciativa surge ante el temor de que estas bases de datos puedan ser usadas por agentes federales para ubicarlos y perseguirlos.

“Los gobiernos municipales no pueden compartir información delicada con el Gobierno federal. Están prohibidos de hacer eso”, declaró a Telemundo la senadora estatal María Elena Durazo, responsable del proyecto de ley. Esta norma también ordena destruir datos sensibles antes de marzo de 2026 y limita las sanciones a vendedores ambulantes a multas administrativas.

Jubilación para indocumentados

Aprobada en el primer mandato de Donald Trump, la ley AB-450 brinda protecciones a los trabajadores indocumentados durante operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en lugares de trabajo. Desde entonces, la legislación ha reforzado la política californiana como “Estado santuario”. En este sentido, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes está impulsando una ampliación de la norma que permita la jubilación de migrantes de la tercera edad que no tengan documentos, pero llevan décadas trabajando en la entidad y pagando impuestos. De ser aprobada por el Congreso estatal, la medida entraría en vigor en enero del próximo año.

Otras leyes

Desde el mes pasado, California exige órdenes judiciales a agentes migratorios que deseen acceder a escuelas y hospitales para llevar a cabo detenciones de migrantes, y obliga a que los colegios notifiquen a los padres y maestros cuando haya agentes del ICE en el campus. También se convirtió en el primer Estado en prohibir que la mayoría de los agentes del orden, incluidos los agentes del ICE, se cubran el rostro durante sus operativos. El Departamento de Seguridad Nacional respondió que no acatará esta disposición.