Forasteros

“Y verás cómo quieren en Chile, al amigo cuando es forastero”; aunque parece que no tanto como sugiere la letra de la clásica canción de Los huasos quincheros. Sobre la materia, hay relatos de amor, pero también de odio, que están alimentando hace varios años la conversación pública, y actualmente también sirven de inspiración para el diseño de la oferta política, que ensaya sus estrategias al calor de la campaña presidencial. Hace pocos días el Instituto Nacional de Estadística (INE) indicó que en 2024 se censó a 1.608.650 personas que declaran lugar de nacimiento en otro país, la denominada “población inmigrante”. Otra cifra oficial publicada en diciembre de 2024 por el Servicio Nacional de Migraciones estimó que en 2023 habitaban en Chile 1.918.583 extranjeros, lo que hace suponer que hoy deberían ser cerca de dos millones. El Censo también establece que la fecundidad se encuentra a una distancia sideral de la tasa de reemplazo de la población, resultando en un elevado índice de envejecimiento; con una disminución gradual del promedio de personas por hogar, y un aumento considerable de los hogares unipersonales, todas cifras que nos ponen en el dudoso podio de los países que enfrentan un proceso dramático de transición demográfica acelerada. Si bien aún no es del todo perceptible, es de sentido común que tal evolución demográfica, entre otros impactos, podría llegar a comprometer seriamente la sostenibilidad del sistema previsional, la provisión de cuidados de la cuarta edad y la renovación del mercado laboral. En contraste, vemos que la población inmigrante censada presenta una edad promedio mucho menor, con una alta tasa de inserción laboral, y una contribución creciente en distintos sectores de la economía.

La paradoja es que Chile envejece, pero la política se cierra. En efecto, el debate sobre migración ha adquirido un tono tenso, profundamente instrumentalizado, en vista del importante caudal electoral que representa. Mientras el país exhibe una realidad demográfica alarmante, sectores de extrema derecha han intensificado sus campañas contra la inmigración, presentándola como una amenaza existencial para el orden social, la seguridad ciudadana y la identidad nacional. Esta retórica contrasta brutalmente con la evidencia demográfica: sin migración, Chile no podrá sostener su fuerza laboral, su sistema de pensiones ni evitar la contracción poblacional en las próximas décadas. A este ritmo, y si seguimos parapetados en la intransigencia y la desconfianza, para mediados de este siglo Chile comenzará inexorablemente a disminuir su población.

Pese a esta evidencia irrefutable, el debate político ha girado en torno a la criminalización y la exclusión. Aunque hay razones de carácter estratégico para tales posturas. La candidata Matthei ha propuesto zanjas, muros y alambres de púas para “cerrar” el norte del país, asimilando el fenómeno migratorio a una amenaza de seguridad y desorden social. Por su parte, el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ha sugerido eliminar beneficios sociales para inmigrantes en situación irregular, incluyendo a los niños, rompiendo principios constitucionales de igualdad ante la ley y protección de la infancia. Otros candidatos presidenciales de derecha, como Kast, Kaiser y Parisi, aunque muestran algunas similitudes de enfoque, difieren en el énfasis de las medidas, casi todas de carácter punitivo. Estas propuestas, si bien son populares, especialmente entre los mismos extranjeros de las primeras olas migratorias, desconocen la necesidad estructural de migración joven en un país que envejece rápidamente.

En el oficialismo también hay incongruencias. Aunque el Gobierno ha promovido una agenda para el tema migratorio y los candidatos presidenciales del sector comparten una visión que prioriza los derechos humanos y la integración, hay opiniones que buscan limitar el derecho a voto de los extranjeros residentes, excluyéndolos de comicios nacionales y restringiendo su participación a elecciones municipales; afectando incluso a quienes llevan más de cinco años de residencia legal, lo que va en contra de estándares internacionales y contradice el discurso de inclusión que ha caracterizado al sector. Probablemente se trata de una visión temerosa del poder electoral de los inmigrantes, considerando que el Servel estima que cerca de un millón de personas extranjeras estarán habilitadas para votar en noviembre de 2025, especialmente en regiones del norte y en varias comunas de la Región Metropolitana, donde con seguridad serán voto dirimente.

En paralelo al debate político, los medios y algunos sectores ciudadanos han asociado a los inmigrantes con el aumento del crimen, el desorden urbano o la pérdida de cohesión social. Prueba de ello son los cambios impulsados en la ley de migración y extranjería, donde el uso de infracciones menores —como ruidos molestos o comercio ambulante— son definidas como causales para revocar permisos de residencia; medidas que han sido criticadas por reproducir estigmas y castigar prácticas culturales diferentes bajo el manto de la incivilidad. Por otra parte, estudios oficiales como el Informe Nacional de Homicidios, indican que el aumento de la criminalidad en Chile está más bien relacionado con redes de crimen organizado que con una nacionalidad específica de los implicados, de manera que el uso político del temor, sin sustento empírico, construye y refuerza barreras simbólicas y prácticas para la integración, alimentando discursos de exclusión en lugar de soluciones racionales de convivencia.

En resumen, el debate político parece carecer de un relato integrador del fenómeno de la inmigración, con un discurso claramente impregnado de connotaciones negativas. Son muy pocos los que visualizan que nos enfrentamos a una contradicción histórica: Chile necesita con urgencia más inmigrantes, pero a su vez permite que el debate público esté dominado por las retóricas del miedo. Si el país quiere responder al envejecimiento demográfico con la promoción de mayor cohesión social, dinamismo económico y sostenibilidad, es perentorio que abandone los discursos de trinchera y avance hacia el diseño de políticas de largo plazo. Desde mi perspectiva, el verdadero desafío no radica en determinar cuántos inmigrantes puede acoger Chile, sino en aceptar que, sin su aporte, el país, tal como lo conocemos hoy, podría enfrentar enormes dificultades para su viabilidad social y económica en las próximas décadas.