Una fecundidad en picada y un envejecimiento veloz: “En Chile se está acabando el bono demográfico”

Chile, con 18,5 millones habitantes, tiene la tasa de envejecimiento más alta de América Latina (un 14% son mayores de 65 años) y, según las cifras dadas a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base al Censo 2024, cada vez menos mujeres son madres, las que lo son tienen menos hijos y más tarde en la vida. El 56,6% de las mujeres entre 15 y 49 años tienen hijos, un promedio de 1,97 por madre. Ambas cifras representan mínimos históricos y los expertos ya alertan de la extinción del bono demográfico -la población en edad de trabajar es proporcionalmente mayor que la dependiente-. En este complejo escenario demográfico irrumpe la inmigración, una población que se ha duplicado en los últimos cinco años en el país sudamericano hasta alcanzar el 8,8% (poco más de 1.600.000). En promedio tienen 33,5 años, cinco menos que los nacidos en Chile. Su presencia puede ayudar a fortalecer el mercado laboral, pero el problema, sostienen los estudiosos del tema, es que pertenecen a los grupos más vulnerables de la sociedad y urgen políticas públicas para su integración.

La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, alerta que el nuevo panorama demográfico chileno tiene implicancias para el mercado laboral, el crecimiento económico y las finanzas públicas, ya que hay que financiar pensiones e implica un gasto en salud distinto, y posiblemente también en educación si hay menos niños. “En los últimos 15 años, aproximadamente un 40% del crecimiento se debe a un mayor empleo y eso ha guardado relación en parte a un bono demográfico, pero se está acabando. Eso es lo que nos están diciendo estos números”, planteó en las oficinas del INE durante el lanzamiento de las cifras del Censo 2024 sobre fecundidad y migración.

“Se necesita un conjunto de políticas diversas: no es un bono, una reducción de impuestos o solo la sala cuna o solo la corresponsabilidad”, apuntó sobre la necesidad de robustecer el mercado laboral formal para ir eliminando las barreras con que se enfrentan las mujeres cuando deciden si tener un hijo o no.

Para David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y asesor del INE, “el bono demográfico ya se acabó”. Se presenta por los dos bordes, dice: el índice de envejecimiento, que saltó más de lo proyectado (por cada 100 personas de 14 años o menos, hay 79 adultos mayores) y la abrupta caída de la fecundidad: el 56,6% de las mujeres entre 15 y 49 años tienen hijos, una disminución de 14,1 puntos desde 1992, registrándose la mayor caída en el período 2017-2024 (9 puntos). “Los datos conocidos ya incluyen a los migrantes, que están aliviando el problema, pero no está claro que lo vayan a aliviar en el futuro a la misma tasa”, advierte por teléfono.

Una de las interrogantes era cuánto pesan los migrantes en la población chilena. En el último censo, de 2017, alcanzaban los 746.000, y en el de 2024 alcanzaron las 1.608.650 personas. Si se considera el total proporcional a los habitantes por región, los extranjeros se concentran en las tres regiones más al norte, donde el país de origen es Bolivia, aunque prácticamente en todo el resto del territorio son venezolanos. La población del país caribeño (669.408) superó a Perú (233.432), que lideraba el ránking de 2017. En tercer lugar figura Colombia (197.813), seguido por Bolivia (168.083) y Haití (80.781).

Gabriel Borges, representante del equipo de Población del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), sostuvo en la publicación de las cifras que en Chile, la migración ayuda a cubrir la escasez de mano de obra, principalmente en la agricultura y sectores de cuidados. “Demográficamente, la población de migrantes es más joven que la de no migrantes, por lo que tiene un impacto de rejuvenecimiento de la población, algo importante en el contexto de rápido envejecimiento”, afirmó. “Por otro lado, los migrantes representan los grupos más vulnerables de la población. Hay que pensar políticas públicas para la integración, inclusión y protección social de ellos”, añadió.

Además de reforzar un control fronterizo para que la migración sea ordenada, segura y legal, los expertos ponen el acento en su incorporación a los derechos como la educación, la salud y la vivienda.

Bravo remarca que uno de los desafíos está en los campamentos, donde, según las cifras que maneja, el 70% son migrantes. También ve la necesidad de contar con un registro adecuado en las entradas de la frontera ya que, salvo que alguien ingrese al país en avión, los registros son manuales. “No está generalizado el registro electrónico y eso hace muy complejo el control de las fronteras, incluso de los que entran legalmente. Si las políticas de largo plazo, como las pensiones, van a tener un requerimiento de años en el país, tiene que haber una posibilidad real de contar con esa documentación”, plantea.