Justicia tumba la estrategia para salvar 52 chalés junto al mar

El expediente jurídico de los 52 chalés en primera línea de playa en San Vicente do Mar (O Grove) vuelve a sumar folios tras 24 años de trajín. La urbanización de Os Raeiros, levantada en suelo rústico para la venta de adosados pese a que la licencia de obra era para un apartotel, acumuló sentencias en contra hasta que la Xunta —que con el bipartito había cuestionado repetidamente el complejo, orden de derribo incluida— interpretó en 2013 que modificando el uso residencial de la parcela por el turístico se podía dar por cumplido un fallo del Tribunal Supremo que mandaba “restituirla a su estado original”. La maniobra se hizo mal, según ha certificado la Dirección General de los Registros y el Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, que ha anulado la reversión.

 En una resolución del 26 de febrero, el director general, Javier Gómez Gálligo, ratifica en lo esencial una nota del Registro de la Propiedad de Cambados que suspendía el cambio de denominación instado en 2013 porque dos de los propietarios originales no dieron el visto bueno presencialmente, un trámite indispensable “dadas las repercusiones que tiene en la titularidad de los copropietarios pues, aun cuando conserven el dominio, es significativo el cambio en el régimen y condiciones de su ejercicio”. Gómez ratifica que no vale con que la junta de propietarios aceptase la modificación por unanimidad.

El escrito del director de los Registros repasa el expediente, en el que figuran también ventas de algunas de las parcelas cuando ya el Supremo había fallado definitivamente sobre la cuestión, entre ellas tres que se traspasan a Promociones y Construcciones San Ero, SL, sociedad con vínculos con la promotora original, Galicia Improin, SL, administrada a su vez por Fernando Varela, hermano del primer conselleiro de Cultura de Feijóo. Una de las incógnitas que había suscitado el cambio de régimen de propiedad era precisamente los efectos para los compradores, que habían abonado precios que en algún caso rondaron los 400.000 euros.

La resolución es recurrible. En este caso ante el Juzgado de lo Civil de Pontevedra. Resta aún por conocerse el efecto de una sentencia de septiembre de 2013 del Tribunal Superior de Xustiza, esa sí firme, que a su vez ordenaba el derribo de los chalés, ante la que la Xunta se declaró en su día perpleja.