La instructora contrataca e intenta implicar al actual Gobierno andaluz

La juez Mercedes Alaya ha reclamado en un auto a la Junta de Andalucía el acta del Consejo de Gobierno del pasado 28 de enero por la que acordó la disolución de tres consorcios escuelas: Forman de Málaga, Formades de Almonte (Huelva) y CTI de San Fernando (Cádiz). Es la primera vez que la juez pone bajo sospecha una decisión del Gobierno de Susana Díaz en la causa de formación, en el mismo día en que ha pedido a las partes su opinión para expulsar a la Junta del caso ERE. Con esta decisión, Alaya pone encima de la mesa su intención de investigar las decisiones más recientes del Gobierno andaluz que desde su perspectiva pudieran implicar irregularidades por el cierre de tres centros de formación para el empleo.

Además, la juez pide los informes emitidos por la Junta sobre estos consorcios escuelas y la situación de los restantes, así como el contenido íntegro de las actas del Consejo de Viceconsejeros sobre la disolución de dichos convenios. Es decir, las discusiones previas al Consejo de Gobierno.

La magistrada da 20 días a la Dirección General de Formación de la Junta para que emita un informe detallado de todos los expedientes en los que la fundación de la Junta Faffe actuara "como agente externo, debiendo indicar fecha, importe de la subvención, entidad beneficiaria y rendimientos económicos obtenidos por la Faffe desde 2003 en adelante. 

En paralelo, Alaya incorpora a la causa de la formación el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del pasado abril sobre los consorcios escuelas en 2008 y 2009. Asimismo, la juez pide al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que aporta al juzgado un organigrama que establezca la estructura de la Faffe desde su inicio en 2003 hasta 2014, con sus "correspondientes cargos directivos". Por otra parte, reclama a la Intervención General de la Junta el informe de fiscalización sobre el consorcio escuela de Gelves (Sevilla) sobre el ejercicio de 2009.