La fiscalía investiga a la empresa Celtifarma por fraude fiscal

La fiscalía investiga a la empresa monfortina Celtifarma por un presunto delito contra la Hacienda Pública. El ministerio fiscal intenta demostrar cómo la sociedad limitada captaba supuestamente medicamentos de farmacias españolas (con una fuerte subvención pública) para desviarlos al mercado negro y venderlos en otros países a un precio muy superior.

Ayer, el grupo político Independientes de Lemos hizo público un escrito que, según informó, presentó al fiscal solicitando que se tome declaración, en calidad de testigos, a dos extrabajadores de la nave monfortina y al secretario general técnico de Sanidade, en relación con los sucesivos expedientes abiertos por la Xunta a la empresa. La Guardia Civil también la ha investigado. Los agentes sospechan que Celtifarma comerciaba fraudulentamente con psicofármacos y medicamentos que contenían opiáceos. De ahí que el año pasado se encomendasen las pesquisas al EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga), que según fuentes del instituto armado no se pudieron culminar porque el juzgado de Monforte no dio en su momento la orden de entrada y registro. Hoy, en la inmensa nave de Celtifarma no queda rastro de las supuestas pruebas del delito (partidas de fármacos desviados, albaranes falseados) que los agentes esperaban hallar.

 Ayer, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hizo una serie de aclaraciones ante la repercusión que ha tenido la noticia, al trascender este fin de semana que tanto la Xunta como la Guardia Civil perseguían un supuesto caso de tráfico de fármacos calcado a la trama Dorribo (que investiga la Operación Campeón). Según el Superior, el caso no recayó en todo momento en el juzgado 2 de la localidad, sino que en diferentes fases intervinieron tanto el número 1 como el 2 de Monforte.

El 1 de junio de 2012, explica el Superior, entró en el juzgado Mixto nº 1, en funciones de guardia, una solicitud del EDOA para la identificación del titular de un teléfono y la entrada y registro en las oficinas y almacenes de Celtifarma “por la presunta comisión de un delito contra la salud pública y blanqueo de capitales”. El juzgado denegó la medida, según argumenta la nota del tribunal, “porque no era proporcional con el fin perseguido, pues los miembros de EDOA dudaban sobre la calificación jurídica de las infracciones”. Esta resolución no fue recurrida y se hizo firme. Después, la titular del 1 se inhibió a favor del 2, que acordó el sobreseimiento de las actuaciones hasta que, al llegar nueva información del EDOA, se reabrieron las diligencias pero "solo por un supuesto delito contra la Hacienda Pública".

El juzgado 2 de Monforte planteó luego una cuestión de competencia, basándose en que el domicilio social de Celtifarma estaba en Madrid, y el Supremo acaba de resolver que “deben ser los Juzgados de Monforte de Lemos quienes conozcan del asunto al entender que el verdadero domicilio se sitúa en esta localidad”.

En ese tiempo, la nave de Celtifarma en Monforte fue desmantelada, pero el Superior de Galicia niega que fuese porque se alertase a la empresa: “Desde ninguno de los juzgados de Monforte se suministró información alguna que pudiera poner en alerta a los administradores o trabajadores de las entidades investigadas”. “Después de dos inspecciones de sanidad desarrolladas en mayo de 2012 sobre Celtifarma y Farmatrust, y otras dos en Madrid y A Coruña”, concluye la nota judicial, “no es difícil que ellos mismos puedan deducir que están siendo objeto de una investigación más profunda”.

En la actualidad, informa por último el Superior, “las investigaciones siguen su curso respecto del posible delito contra la Hacienda Pública, sin que se hayan aportado más datos de interés en relación al otro ilícito penal (o administrativo) denunciado inicialmente”.