Castellón no retirará el plan general hasta que el TSJ le inste a hacerlo

El Ayuntamiento de Castellón no ejecutará de forma voluntaria la sentencia del Tribunal Supremo que declaró “radicalmente nulo” el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regía el planeamiento de la ciudad desde el año 2000 y que ha sumido en un desconcierto legal el urbanismo de la capital. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, compareció el viernes en el pleno municipal, a petición del Grupo Socialista, para dar explicaciones por primera vez de las medidas a tomar tras el fallo. Así, manifestó que hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana no inste a la ejecución forzosa de la sentencia, el plan urbanístico “sigue vigente y se puede seguir aplicando”.

El concejal ha admitido que no van a ejecutarlo de forma voluntaria (tienen dos meses para ello desde el conocimiento de la decisión del Supremo) y que, además, ya lo han recurrido. “Lo único que nosotros podemos hacer es presentar un recurso de nulidad y esto ya se ha hecho”, indicó. Según explicaron desde el Ayuntamiento, este recurso se presenta porque la sentencia “ha modificado sustancialmente el fallo del Supremo 2008 y dicha modificación implica la vulneración del derecho fundamental de tutela judicial y efectiva del Ayuntamiento”. El recurso no paraliza los plazos.

Cabe recordar que el Supremo ya anuló el PGOU en una resolución de 2008, pero entonces el Ayuntamiento y la Consejería de Urbanismo llevaron a cabo un “simulacro de cumplimiento” tal y como reconoció la Administración autonómica al calificar el nuevo proceso de exposición pública del plan como una “ficción legal”. Un grupo de vecinos reclamó la ejecución real de la sentencia y es ahora cuando el Supremo recuerda al Ayuntamiento que “el PGOU fue declarado nulo de pleno derecho en la sentencia de 9 de diciembre de 2008 y, por consiguiente, ese trascendental vicio procedimental contamina al PGOU aprobado, que es radicalmente nulo”.

Mulet defendió el viernes que la actuación fue respaldada por los servicios jurídicos, y alegó que esperarán de nuevo a que el tribunal inste a la ejecución forzosa, lo que se prevé en apenas un mes.