Milei toma el control del puerto más austral de Argentina y la oposición denuncia un acuerdo con Trump

El Gobierno de Javier Milei intervino el puerto más austral del país, en Ushuaia, y tomó el control de sus operaciones. Sobre la base de denuncias por presuntos desvíos de fondos y problemas de infraestructura, la medida implica sustraerle la administración del puerto y sus millonarios ingresos a la provincia de Tierra del Fuego, cuyo gobernador es un declarado opositor a Milei. La gobernación fueguina respondió que la intervención “constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de la provincia, garantizada por la Constitución”. En un comunicado oficial, también aludió a virtuales “intencionalidades geopolíticas o económicas” detrás de la medida. Dirigentes del peronismo fueron más explícitos y acusaron al Ejecutivo nacional de haber pactado concesiones a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, en el marco del alineamiento incondicional del presidente argentino con Donald Trump.

Ubicado a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, en el confín de la Patagonia, el puerto de Ushuaia ocupa un lugar clave como nodo de la conectividad naval internacional en el Atlántico sur, en particular como acceso a la Antártida. En las dos últimas temporadas recibió, según la estadística oficial, más de 1.300 buques de pasajeros y turismo, de pesca, carga, militares y científicos, entre otros, con casi 200.000 personas transportadas y más de 120.000 tripulantes.

La intervención del puerto fue dictada el pasado jueves por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dependiente del Ejecutivo. El organismo comunicó que la medida tendrá una duración de un año y que fue consecuencia de “la falta de respuestas concretas [por parte de las autoridades provinciales] ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que allí operan”. También detalló una serie de fallas en la infraestructura portuaria.

La acusación central fue, no obstante, la del supuesto desvío de recursos. El director de la Agencia, Iñaki Arreseygor, aseguró a la prensa local que, según las investigaciones del organismo, “más del 30% de los ingresos de fondos los estaban dedicando a subsanar déficit y gastos de la provincia”, pese a que la normativa exige que sean invertidos en el mismo puerto. “En la auditoría que hicimos el año pasado, encontramos que los fondos que se desviaron eran 6.000 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares, a la cotización actual), aproximadamente, de un total de 20.000 millones de pesos que habían ingresado al puerto”, agregó el funcionario.

El gobernador de Tierra del Fuego es Gustavo Melella, dirigente del partido progresista Forja, aliado del peronismo a nivel nacional. Melella es uno de los seis mandatarios provinciales —sobre un total de 24— abiertamente opositores a la ultraderecha liderada por Milei. La intervención del puerto ha profundizado las tensiones entre la Nación y la provincia, marcada por otra decisión del Ejecutivo que impacta en la subsidiada matriz industrial del distrito: la quita de aranceles a la importación de teléfonos móviles.

“No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, respondió Melella a la intervención del puerto. Afirmó que las instalaciones portuarias cumplen “con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país”.

La gobernación difundió un comunicado con planteos similares: negó las presuntas irregularidades y falencias, le exigió al Ejecutivo “una rápida solución” y anunció “un reclamo judicial inmediato”. El comunicado oficial incluyó una mención que despertó suspicacias. “Se desconocen las razones e intenciones del Gobierno nacional para avanzar en esta intervención. Se están instalando narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas y económicas [...] que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud”.

Las sospechas de la oposición a Milei señalan hacia EE UU. “La intervención del puerto no puede dejar de analizarse en un contexto de avance de los intereses estadounidenses sobre Ushuaia, manifiestos y declarados, y también en el marco de la predisposición del Gobierno de Milei a ceder a esa pretensión de Estados Unidos de obtener mayor presencia en la zona austral de Argentina”, advierte Guillermo Carmona, quien encabezó durante el último gobierno peronista la hoy disuelta Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Si bien las aspiraciones de EE UU no son nuevas, “se han incrementado muy significativamente desde que asumió Milei”, destaca Carmona.

En abril de 2024, a cuatro meses haber ingresado en la Casa Rosada, Milei viajó a Ushuaia para reunirse con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos,Laura Richardson. Junto a ella, anunció que la base naval que estaba construyendo allí el país sudamericano pasaba a ser un proyecto compartido con EE UU. “Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, celebró Milei. Desde aquel momento, el sucesor de Richardson al frente del Comando Sur, Alvin Holsey, visitó Argentina en dos oportunidades durante 2025 —reunión con Milei incluida— y el presidente ultra autorizó por decreto el ingreso al país de tropas estadounidenses para realizar actividades en Ushuaia y otras regiones.

El alineamiento de Milei con Trump es incondicional, según él mismo ha declarado. Gracias a esa adhesión, el último año consiguió dos multimillonarios rescates para sostener su plan económico, en abril del FMI y en septiembre del propio Tesoro estadounidense. Tanto Trump como sus altos funcionarios han remarcado que aspiran a reducir la presencia de China en Sudamérica y, en especial, su eventual acceso a la Antártida.