Milei apuesta a una rápida aprobación del acuerdo Mercosur-UE y a avanzar con la reforma laboral

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE será uno de los temas centrales de las sesiones extraordinarias del Congreso argentino convocadas este lunes por el Gobierno de Javier Milei. El presidente argentino anticipó el sábado en Asunción, el mismo día de la ceremonia de firma, que el país sudamericano apostaba por una ratificación rápida. Instó también al Parlamento Europeo a dar el visto bueno para que el pacto entre en vigor después de 26 años de negociaciones. Además, también formarán parte de la agenda legislativa la reforma laboral —resistida por los sindicatos— y la reforma de la Ley de Glaciares para impulsar la minería en la cordillera de los Andes.

El sábado, Milei calificó el acuerdo con la UE como “el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación”, pero pidió que su implementación “preserve el espíritu de lo negociado”, como una crítica velada a las salvaguardas de última hora impuestas por los Veintisiete para reducir la oposición del sector agrícola, el más reacio al pacto. “Como profeta de un futuro distópico, Argentina entiende de primera mano que el encierro y el proteccionismo son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza”, señaló el presidente ultra.

Abaratar el despido

Desde el Gobierno confían en que el acuerdo comercial con la UE sea aprobado sin sobresaltos ni protestas en las calles. Otro camino más pedregoso le espera a la reforma laboral, uno de los puntos fuertes de la agenda de Milei para transformar Argentina.

Nada más asumir, a finales de 2023, el Gobierno realizó cambios en la legislación laboral por decreto, pero la Justicia frenó esa reforma al declararla “inválida”. Con un Congreso más afín tras su victoria en las legislativas de medio término, el Ejecutivo ultra intentó aprobar la ley en diciembre, pero finalmente desistió y la pospuso para febrero. El proyecto comenzará a discutirse por el Senado, la cámara en la que el partido oficialista, La Libertad Avanza, tiene una menor representación.

Argentina carece de subsidio de desempleo, pero, en caso de despido, los trabajadores reciben una indemnización que les permite amortiguar el golpe. La nueva normativa abarata esas indemnizaciones al excluir el aguinaldo, las vacaciones y los premios en el cálculo final y establecer un criterio único de actualización por inflación. Además, abre la puerta a que parte del salario vaya para un fondo de compensación por despido y que los trabajadores puedan cobrar en moneda extranjera o billeteras virtuales. El proyecto permite también fraccionar las vacaciones y cambia el régimen de horas extra de tal forma que deja de ser obligatorio el pago adicional. En su lugar, la empresa puede crear un “banco de horas” que después sean compensadas con días libres o jornadas de trabajo reducidas.

Los sindicatos ya han anunciado movilizaciones en las calles contra una reforma laboral que limita el derecho a huelga mediante el aumento de los trabajos considerados esenciales y que están obligados a cumplir servicios mínimos. La mayor central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo, (CGT), advierte que convocará a una huelga general si la iniciativa se presenta sin cambios en el Congreso.

Más minería

La tercera ley clave incluida en el temario de sesiones extraordinarias presentado este lunes es la reforma de la Ley de Glaciares, vigente desde 2010. La normativa protege a los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe cualquier actividad sobre esas áreas. De esas reservas hídricas dependen para abastecerse muchos de los habitantes de provincias áridas colindantes con la cordillera andina, como Mendoza y San Juan.

El Gobierno considera que la ley actual es muy restrictiva y desincentiva las inversiones mineras. El texto propone reemplazar la protección automática de la que gozan estas zonas sensibles por evaluaciones provinciales condicionadas a la función hídrica. En la práctica, daría herramientas para aprobar proyectos extractivos que hoy están prohibidos.