El peronismo exhibe su poder de movilización con una marcha en apoyo de Cristina Kirchner: “Vamos a volver”

El peronismo está vivo en Argentina. Ese ha sido el mensaje que ha querido enviar con una masiva manifestación en defensa de Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, epicentro de las batallas sociales que supo liderar en el pasado y que ahora teme perder ante la ultraderecha del presidente Javier Milei.

La prisión domiciliaria contra la expresidenta, condenada por corrupción a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, movilizó a un partido que está aún sumido en el desconcierto tras la derrota en las presidenciales de 2023. El llamado a marchar contra lo que considera la proscripción política de Kirchner, su principal dirigente, pausó por un momento las diferencias internas. Fue evidente el esfuerzo por mostrarse unido.

El Partido Justicialista, el PJ, sigla legal del peronismo, logró alinear bajo una misma bandera a La Cámpora —el movimiento del kirchnerismo—, a gobernadores, movimientos sociales y hasta a los partidos de izquierda. No le fue tan bien con la Confederación General del Trabajo (CGT), de larga enemistad con Kirchner: los líderes sindicales evitaron una convocatoria orgánica y dejaron en libertad de acción a los gremios.

“Vamos a volver”, dijo Kirchner en un mensaje grabado desde el departamento en el que está recluida. La plaza estaba en completo silencio, con el ruido de fondo del aleteo de las palomas, escuchando la voz de su dirigente por los altoparlantes. “Vamos a volver, vamos a volver”, empezó a gritar entonces la multitud. Fue ese el clímax estudiado de la manifestación. “Estoy presa porque saben que se cae este modelo. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. No me dejan competir porque saben que pierden”, agregó Kirchner. “Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con la que la construimos. Lo vamos a hacer sin violencia, pero con coraje”, cerró. “Vamos a volver, vamos a volver”, repitió entonces la gente, mientras el rock de “los redondos” proclamaba a todo volumen “todo preso es político”. Si algo tiene claro el peronismo es cómo construir épica.

La marcha no fue “la más grande de la historia”, como había prometido el PJ hasta el martes, cuando pensaba acompañar a Kirchner hasta los tribunales federales, previo al inicio de su condena. La notificación virtual decidida por los jueces dejó a la expresidenta en su casa y la marcha perdió fuelle.

Con todo, decenas de miles de personas llenaron la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. Desde temprano a la mañana, cientos de autobuses entraron desde el extrarradio de la ciudad, sobre todo desde el sur, donde se concentran los distritos populares más peronistas. El Gobierno intentó por todos los medios complicar la llegada de manifestantes con controles policiales en los ingresos a la capital. “Si no te dejan elegir no es democracia”, se leía en una enorme pancarta montada en frente a la Casa Rosada. Resignado a que la prisión es inevitable, el peronismo concentrará sus energías en revertir la inhabilitación perpetua, una medida extrema que considera inconstitucional. Su único camino legal son los tribunales internacionales.

Kirchner está detenida en el segundo piso de un edificio ubicado en Constitución, un barrio de clase media y media baja que ha mutado desde hace una semana, cuando la Corte Suprema dejó en firme la condena contra la expresidenta, en sitio de peregrinación peronista. Entre las condiciones que le impusieron los jueces para concederle el beneficio del arresto domiciliario está que no altere “la convivencia de los vecinos”. El punto no es menor, porque supone que Kichner ya no podrá salir a saludar a sus seguidores desde el balcón. “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…”, planteó en sus redes sociales. Sus abogados pidieron a los jueces que aclaren la cuestión del balcón.

La justicia argentina condenó a Kirchner en la llamada Causa Vialidad, que investigó durante años la entrega a dedo de la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo. El gran beneficiario fue un empresario llamado Lázaro Báez, ya preso por corrupción. La semana pasada, la Corte Suprema rechazó todos los reclamos de la defensa de la expresidenta y dejó en firme la sentencia de los tribunales de primera y segunda instancia, sin posibilidad de apelación. Para el kirchnerismo, la condena es un caso de persecución judicial o lawfare, y compara su situación con la que vivió Luiz Inácio Lula da Silva, preso durante más de 500 días entre 2028 y 2019. Lula se benefició con la anulación de su condena y en enero de 2023 volvió a ser presidente. Desde el Partido de los Trabajadores adelantaron que el brasileño visitará a “su amiga Cristina” en la primera semana de julio, aprovechando que viajará a Buenos Aires para participar de la cumbre de presidentes de Mercosur.

El Gobierno de Javier Milei ha mantenido una inusual distancia de la condena por corrupción contra Kirchner. El presidente, incontenible en sus redes sociales, apenas se ha referido al tema. La vocería quedó en manos de su jefe de Ministros, Guillermo Francos, el único alto funcionario del Poder Ejecutivo que no apela a los insultos cuando habla. La prisión de Kirchner “es un hecho que ha generado una conmoción en la opinión pública. Es el resultado de un proceso bastante largo que analizó una cantidad de hechos que fueron públicos y terminó por condenarla por hechos de corrupción”, dijo el martes por la noche.

Duró poco la tregua discursiva. El miércoles, la marcha alteró el espíritu diplomático de Francos y la vocería quedó en manos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un halcón mileista que hace apenas un año y medio fue la candidata presidencial de Mauricio Macri. “En el kirchnerismo creen que por estar 10 días en la calle van a volver al poder, y no es así. No vamos a permitir una invasión permanente del espacio público, estas manifestaciones son la tiranía de la calle”, advirtió. Argentina inicia así una nueva etapa política, sin precedentes en democracia.