Cristina Kirchner inicia seis años de prisión domiciliaria por corrupción

Cristina Kirchner, de 72 años, dos veces presidenta de Argentina y hoy principal dirigente de la oposición, está desde este martes presa en su casa. Los jueces que la condenaron a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y dieron inicio formal a la condena. También decidieron comunicarle su decisión con un escrito, ahorrándole el traslado hacia los tribunales federales, previsto para este miércoles. Neutralizaron así los efectos de “la manifestación popular más grande de la historia”, como había prometido el peronismo para acompañar a su dirigente hacia su destino judicial definitivo.

El peronismo, principal opositor al Gobierno de ultraderecha de Javier Milei, había convocado para el miércoles a sindicatos, gobernadores afines y movimientos sociales a sumarse a una gran marcha que debía recorrer los cinco kilómetros que separan la casa de la expresidenta, en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, con el edificio de Comodoro Py, sede de los tribunales federales.

“Queremos que no tenga inconvenientes con su prisión y vamos a ser garantía con una movilización permanente en las calles, hasta que vuelva a estar en su casa para cumplir la injusticia de esta condena”, había dicho el sábado ante periodistas internacionales la secretaria general del Partido Justicialista (PJ), Teresa García.

La marcha se realizará de todos modos, pero ya no será a Comodoro Py. El senador José Mayans, presidente del bloque peronista en la Cámara Alta, dijo que la opción ahora es “un encuentro para expresar nuestra preocupación por lo que está pasando en el país y por la proscripción de Cristina Kirchner”. El nuevo itinerario se negocia dentro del partido con la Confederación General del Trabajo (CGT), el brazo sindical del peronismo.

Pausa a las guerras internas

Se trata, en el fondo, de enviar un mensaje de advertencia a la Casa Rosada, pero también a las múltiples corrientes internas que hoy dividen al partido fundado por Juan Perón hace 80 años. Kirchner se atribuye para sí la responsabilidad de una reorganización tras el varapalo electoral de 2023 ante Milei, pero choca con las aspiraciones de aquellos que piden una renovación, como el gobernador de la poderosa provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La prisión de la expresidenta puso en pausa la guerra fratricida, sin que esté claro aún la solidez de la tregua.

La justicia argentina condenó a Kirchner en la llamada causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, a favor de un empresario llamado Lázaro Báez, ya preso por corrupción. Báez era un humilde cajero de banco cuando se convirtió en millonario como empresario de la construcción de la mano de Néstor Kirchner, por aquel entonces gobernador. La semana pasada, la Corte Suprema rechazó todos los reclamos de la defensa de la expresidenta y dejó la condena en firme, sin posibilidad de apelación.

Se convirtió así en el primer presidente argentino preso por corrupción con una condena definitiva. El único precedente fue el de otro peronista, Carlos Menem, quien cumplió prisión preventiva en una casa quinta durante 167 días por malversación de fondos. La Corte nunca trató su caso, Menem murió 20 años después con una sentencia en segunda instancia y siendo senador.

La defensa de Kirchner sostuvo desde el primer día que estaba ante un caso de lawfare, es decir, el uso de la justicia como arma para perseguir políticos opositores. Como además Kirchner era candidata a legisladora provincia en las elecciones de septiembre, el peronismo ondea la bandera de la proscripción política. Su abogado, Carlos Beraldi, adelantó que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Es un fallo que afecta al sistema democrático. La Corte ha establecido como criterio de imputación que se condene a un presidente por actos en los que no intervino, por estar separados de sus funciones”, como es la ejecución de obra pública, dijo.

Desde el entorno de Kirchner ya daban por hecho que los jueces le concederían la prisión domiciliaria, un derecho que tiene por ser mayor de 70 años, pero que no es automático. En el sistema penitenciario federal argentino hay 12.000 presos, de los cuales solo 900 son mujeres. De todas ellas, solo una está en una cárcel común, condenada por trata de personas. Beraldi había advertido que la defensa no aceptaría “ningún tipo de humillación ni falta de respeto hacia una exmandataria y además mujer”. “Esperamos un trámite breve y que vuelva a su domicilio”, había dicho ante corresponsales.

Los jueces establecieron las condiciones de la detención en un fallo de 19 páginas. Kirchner “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”, dice el texto. También “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Este punto es especialmente importante. La defensa había pedido que no se pidiese el uso del balcón desde el cual cada día Kirchner saluda a los manifestantes que se congregan en la calle para darle su apoyo. El texto no menciona nada al respecto, pero deja abierta la puerta a que su uso quede supeditado a “la tranquilidad” de los vecinos.

Por último, la expresidenta tendrá dos días para presentar “una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan”, quienes podrán acceder a su casa “sin necesidad de autorización judicial”. Cualquier dirigente político o periodista que pretenda hablar con ella tendrá que pedir permiso a los jueces.

Silencio de la ultraderecha

El Gobierno de Javier Milei se cuidó muy bien de no opinar sobre la condena contra Kirchner. El presidente apenas la mencionó el martes pasado cuando la Corte Suprema la dejó en firme y este martes no tocó el asunto en sus redes. En la Casa Rosada no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia o no del fallo.

La ultraderecha pretendía colocar a Kirchner en el centro del ring de cara a las legislativas nacionales de octubre próximo. Pero ahora tendrá frente a él a un peronismo más unido y en modo resistencia, una épica en la que se siente muy cómodo. Teresa García, secretaria general del partido, lo resumió durante el fin de semana: “Esto es un renacer, le pegaron una piña en la cara al peronismo y el peronismo ha reaccionado como tenía que hacerlo”, dijo.

Si se trata de recuperar una épica, a Kirchner le gusta mirarse en el espejo de Luiz Inácio Lula da Silva, preso durante 580 días entre 2018 y 2019 en una causa por corrupción que en 2021 fue anulada por el Supremo Tribunal Federal brasileño. Pero también en Juan Domingo Perón, exiliado y proscrito durante 18 años tras su derrocamiento en 1955. Perón manejó en ausencia la política argentina desde su retiro en Madrid, con dirigentes que iban y venían con mensajes. Kirchner intentará replicar ese santuario político en la segunda planta de un antiguo piso del barrio de Constitución.