La urgencia de reforzar la memoria chilena

Hace apenas una semana que fue declarado el triunfo de Jeannette Jara en las primarias oficialistas y el foco mediático se ha posado en su militancia: será la primera candidata del Partido Comunista (PC) en liderar a toda la izquierda en una elección presidencial desde el retorno de la democracia chilena. Muchos medios han centrado la atención en lo llamativo de su perfil, poniendo énfasis en que su partido debe entregar garantías.

Sin embargo, en un país con una herida tan profunda como la que dejó la dictadura liderada por Augusto Pinochet, resulta curioso que no llame tanto la atención que tres de los cuatro principales candidatos a La Moneda carguen un pasado o un presente que avala esa misma dictadura y sus 17 años de horror. Sin ir más lejos, uno de ellos, el diputado Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, de la extrema derecha, reconoció sin complejos en una entrevista de televisión transmitida el pasado jueves que “sin duda, absolutamente” apoyaría un nuevo golpe de Estado en caso de repetirse circunstancias similares a las de 1973. Aun cuando las consecuencias fueron represión y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Kaiser ha declarado en varias oportunidades su simpatía por la dictadura y también ha propuesto proscribir al PC.

El panorama en el vecindario ha demostrado que la democracia no se da por descontada: alabar dictaduras sanguinarias de Latinoamérica no tuvo ningún costo para políticos como Jair Bolsonaro o Javier Milei, sino al contrario, los llevó a la presidencia de Brasil y Argentina, respectivamente. Desde allí demostraron que la democracia y sus procesos penden de un hilo demasiado fino, y que en apenas en un período se puede retroceder en materia de garantías y derechos que ya parecían conquistados. Al otro lado del continente, en Estados Unidos, Donald Trump tardó apenas dos semanas en comenzar a desmantelar la mayoría de los programas sociales, luego de convertirse por segunda vez en presidente y sin que el asalto al Capitolio tuviera consecuencias para su capital político.

En tiempos de crisis global, con guiños al fascismo y cuestionamientos a las instituciones electorales, se han normalizado discursos que hasta hace no tantos años podrían haber sido un escándalo. Como quien aplica un manual, en las presidenciales de 2021, José Antonio Kast habló de la opción de recurrir a tribunales electorales de haber una votación estrecha, un gesto que varios analistas apuntaron como parte de una estrategia electoral con rasgos “trumpistas”, pero que resultan llamativos en un país en el que siempre se ha destacado la seriedad y legitimidad de su sistema electoral.

En Chile, el camino de la transición fue complejo, accidentado, cargado de pactos de silencio, omisiones y concesiones. El país sigue a deber en cuanto a reparación, por lo que el hecho de que tres de los cuatro candidatos a la presidencia sean representantes de esa derecha pinochetista nos hace preguntarnos cuánto hemos avanzado en reforzar una memoria histórica que nos permita rechazar el relativismo en materia de derechos humanos, y con eso defender y robustecer ese sistema democrático que tanto costó recuperar.

Se normaliza que ciertos sectores políticos y culturales apliquen el fenómeno de la “amnesia social” buscando minimizar o justificar lo ocurrido, como una forma de blanquear la historia y evitar asumir responsabilidades. La narrativa oficial del régimen de Pinochet, que presentaba el golpe de Estado como una “salvación nacional”, ha sido uno de los principales obstáculos para el avance de la memoria histórica. Es ahí donde aparecen perfiles como los de Bolsonaro, Milei, Kaiser o Kast, que retoman el discurso mesiánico de la salvación.

Resulta preocupante que en las recientes primarias con voto voluntario apenas un 9% del padrón electoral total haya decidido participar. A lo largo de los años, el sistema político ha sido víctima de desconfianza, especialmente entre quienes fueron afectados directamente por la represión. La reconciliación, a la que se apela constantemente, solo es posible si el país asume la verdad en su totalidad, sin eufemismos ni tergiversaciones. Sin ensalzar golpes de Estado en horario prime.

La Comisión Valech, el Informe Rettig, los testimonios de las víctimas y la preservación de sitios de memoria han sido pasos fundamentales en este proceso. Un sistema democrático se consolida cuando sus ciudadanos confían en la veracidad y justicia de sus instituciones. No sólo importa recordar, sino también cómo se recuerda y se procesan estos eventos, pues de eso depende la construcción de la identidad nacional y la justicia social. Sus instituciones serán entonces un espejo de ello: un espacio donde se refleje la confianza, o una mancha que no permite mostrar la realidad y mantiene a sus ciudadanos y ciudadanas desconectados de las decisiones políticas.

Este paso no sólo es fundamental para las víctimas y los familiares de miles de personas que fueron detenidas, torturadas, desaparecidas y ejecutadas, que necesitan que la sociedad reconozca lo sucedido para que haya una reparación simbólica y material. También lo es como garantía para este nuevo electorado joven que hoy se suma a los movimientos sociales o sale a las calles para exigir demandas, pero que luego no confía en la vía electoral para consolidar sus ideas políticas. La educación en torno a los derechos humanos y los eventos de la dictadura debe ser fortalecida para que las nuevas generaciones comprendan la importancia de recordar, de preservar la memoria colectiva y de no permitir que los errores del pasado se repitan. Para que nos alejen de ese abismo que hoy parece distante, pero que sucedió hace apenas medio siglo.

“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”, dijo José Saramago, escritor portugués y Nobel de Literatura. Hoy, en Chile, tenemos que asumir responsablemente esa memoria, trabajar para mantenerla y defenderla como merece.