Costa Rica entrega a Estados Unidos al exmagistrado Celso Gamboa, acusado de narcotráfico

Costa Rica estrenó este viernes la reforma judicial que le permite entregar a ciudadanos suyos requeridos por otras naciones por cargos de narcotráfico, pero lo más importante de la jornada es el sujeto con que se da inicio a la medida. Celso Gamboa Sánchez —exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exministro de Seguridad y otrora figura audaz en la política del país centroamericano— tuvo que caminar esposado, con casco y chaleco antibalas, rodeado de decenas de guardias de ambos países para abordar el avión enviado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Viajó hacia el país que lo juzgará por su supuesta participación en el negocio internacional de la cocaína y que, con seguridad, también lo escuchará sobre otros implicados, una posibilidad que genera altas expectativas en la nación costarricense.

Gamboa cumplirá 50 años en abril en alguna celda de Texas, donde el Tribunal Federal para el Distrito Este lo espera para procesarlo por delitos de trasiego internacional de drogas y conspiración. Mientras tanto, Costa Rica queda pendiente de lo que pueda declarar el hombre que se jacta de conocer a las redes criminales no porque sea parte de ellas, sino por su trayectoria de 20 años en cargos de seguridad, hasta que en 2018 fue destituido de su silla de magistrado bajo cuestionamientos de corrupción.

Gamboa, el hombre al que una década atrás algunos veían con perfil para presidir el país y a quien se admiraba como un político intrépido, despegó junto a otro sospechoso de narcotráfico detenido también en junio. Al exmagistrado lo capturaron en San José y a Edwin López, alias ‘Pecho de rata’, en un pueblo del Caribe sur del país donde supuestamente dirigía sus envíos de droga y legitimaba las ganancias. Ambos pasaron nueve meses entre trámites judiciales hasta que, en la mañana de este viernes, se ejecutó la primera extradición de costarricenses bajo el amparo de la reforma judicial aprobada en 2025; una medida para intentar disuadir a las bandas criminales que han elevado a máximos históricos la cifra de homicidios.

Autoridades de los distintos poderes del Estado señalaron la extradición como un hito en la lucha contra el narcotráfico y un ejemplo de la colaboración con Estados Unidos, que en meses recientes ha priorizado el combate a los cárteles en Centro y Sudamérica. “Es un hito”, dijo el fiscal general, Carlo Díaz. Es un factor de “reacomodo” de las bandas criminales en el país, señaló Michael Soto, director de la Policía Judicial. “Es una señal clara y contundente” de compromiso contra el crimen organizado, afirmó la principal diputada oficialista, Pilar Cisneros, impulsora de la reforma que se aprobó por unanimidad semanas antes de la captura de Gamboa.

“El hecho de que sea Celso Gamboa, una persona que ha desempeñado altísimos cargos, lo hace aún más relevante. Tenía que venir un gobierno extranjero a decir: ‘ojo, ahí tienen ustedes a uno de los grandes capos de Centroamérica’”, reaccionó Cisneros, insinuando que el sospechoso operaba con la permisividad del Poder Judicial, como ha sostenido también el presidente Rodrigo Chaves en su habitual línea de confrontación con entidades del Estado ajenas a su control. De ahí los mensajes indirectos sobre personas que deben estar temerosas de que el abogado las involucre al declarar ante los jueces en Texas. “Vamos a ver cómo van a dormir de ahora en adelante los aliados de Celso, porque él no actúa solo”, dijo la diputada a la prensa, utilizando una frase que también emplean críticos del Gobierno para lanzar indirectas sobre la posible implicación de las autoridades actuales.

En una entrevista televisiva concedida el martes a la agencia Reuters, Celso Gamboa aseguró estar dispuesto a compartir información sobre el actuar de las redes criminales si las autoridades estadounidenses le garantizan seguridad para él y su familia. Se atrevió incluso a vaticinar que el presidente Chaves acabará en algún momento en la cárcel, aunque no dio detalle alguno sobre una eventual participación del popular mandatario, quien dejará el poder en mayo a Laura Fernández, la leal exministra que ha garantizado la “continuidad” del gobierno actual y la alianza estrecha con Washington. Esposado, con camiseta negra y quejándose de que le han impedido dormir en las últimas semanas, Gamboa aseguró ser una “moneda de cambio” en la relación de ambos gobiernos, aunque prefirió no adelantar información para “guardar las cartas” de sus declaraciones ante la justicia estadounidense. También expresó pesimismo, pues sabe que puede ser visto por los jueces como un simple “politiquillo centroamericano” y carece de fondos suficientes para contratar una defensa de alto nivel.

Las garantías que posee son las que le concede precisamente la reforma de 2025: no puede recibir condena a muerte, cadena perpetua ni una pena de cárcel mayor a 50 años (el máximo en territorio costarricense). El resto es objeto de especulación entre analistas políticos, especialistas judiciales y comentaristas internacionales, dada la particularidad del extraditado y el contexto regional. Este incluye hitos como la reciente creación de la alianza “Escudo de las Américas”, con el objetivo de combatir el crimen organizado bajo el liderazgo de Donald Trump y 12 presidentes aliados, entre los que figuró orgulloso el mandatario Chaves.

Sin embargo, fue el mismo Trump quien en diciembre indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años por narcotráfico internacional; una decisión que pudo haber movido la aguja de las elecciones que ganó en Honduras el derechista Nasri Asfura. Chaves, no obstante, defiende a Washington como su principal aliado y ha calificado como una “vergüenza” a los magistrados y políticos opositores a quienes Estados Unidos ha retirado la visa desde 2025, incluido el expresidente Óscar Arias.

Este mismo viernes, fuerzas estadounidenses que patrullan el Pacífico tropical entregaron a la policía costarricense a dos personas fallecidas y una herida tras un bombardeo —de los cuales la Casa Blanca ha alardeado— contra lanchas presuntamente utilizadas para el trasiego de cocaína. Estas acciones han provocado más de 150 muertes desde septiembre. El nuevo ataque contra la supuesta embarcación narcotraficante confirma la continuidad de la campaña estadounidense contra los cárteles en los que, según la DEA, Celso Gamboa jugaba un papel articulador en Centroamérica, aprovechando el perfil político, el conocimiento y los contactos locales e internacionales que le dejó su largo recorrido por las estructuras del Estado.