La extracción ilegal de oro se desborda en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua por la voracidad minera de China

Una desenfrenada minería ilegal de oro se expande en más de 3.000 hectáreas en la frontera norte de Costa Rica, mientras las autoridades locales se declaran impotentes ante el robo del mineral, la destrucción de bosques y el poder de redes criminales que aprovechan la presencia de empresas chinas en territorio nicaragüense dispuestas a comprar el mineral ilícito. El llamado “oro sucio” se alimenta de los precios que se pagan por onza, de más de 5.000 dólares, lo que hace a las autoridades costarricenses calcular que el saqueo puede superar los 250 millones de dólares en un año.

Lo que empezó hace 20 años como una concesión gubernamental a una empresa canadiense para explotar la finca llamada Crucitas, colindante con territorio nicaragüense, es ahora escenario de una disparada de la extracción informal en una amplia zona donde la presencia policial es insuficiente, como admite el Gobierno de Costa Rica. El factor clave es el papel de compañías que compran el oro en suelo nicaragüense, en especial mineras chinas que en los últimos años han obtenido concesiones del Gobierno de Nicaragua, como ha comentado el presidente Rodrigo Chaves en recientes reuniones con autoridades de Estados Unidos.

La historia de la minería en Crucitas en este siglo acumula juicios, prejuicios, acusaciones de corrupción, reivindicaciones ambientales y protestas callejeras. También un arbitraje internacional, planteamientos para aprovechar el oro de manera legal y, mientras tanto, varios años de incursiones de grupos de mineros ilegales que cruzan la frontera para cumplir su “sueño dorado”. Sin embargo, los reportes al comenzar el 2026 dan cuentas de una nueva etapa con una realidad peor: la extracción ilegal crece descontroladamente en alrededores del proyecto original y se consolida como una industria criminal en una suerte de “viejo oeste” tropical con forajidos, muertes, pozos con cianuro y la sed insaciable por el oro, pero también con ribetes geopolíticos que complican aún más la solución.

“Estar ahí es una mezcla de desolación y de peligro. Es una montaña en medio de la nada, donde uno sabe que hay muchos mineros sencillos, pero también gente armada de las redes criminales en un lugar donde sólo rige la ley de la selva”, dijo el periodista Cristian Montero, que visitó la zona donde solo llegan, a veces, contingentes policiales desaventajados que suelen llegar más a monitorear que a controlar el área. Él y su fotógrafo caminaron hasta 10 horas en un cerro llamado Conchuditas, donde los “coligalleros” a mitad de 2025 empezaron a abrir túneles y ahora operan a sus anchas, como evidencian los caminos recién hechos, trozos de montaña derrumbados, túneles nuevos y pilas para lavar el material con químicos cuyos residuos se filtran en el suelo y en las aguas, con consecuentes peligros para poblaciones aledañas.

Montero fue para constatar lo que reportó semanas atrás el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en una audiencia en la Asamblea Legislativa: “La extracción ilegal ya había evolucionado desde técnicas extractivas artesanales por mineros artesanales llamados coligalleros (güiriseros, en el uso nicaragüense) a explotación semiindustrial con presencia de crimen organizado, con el estímulo del alza en el precio internacional del oro. En este 2026 hay una nueva etapa con nuevas técnicas, pues ya no solo se extraen los sedimentos para procesar con cianuro y mercurio; han sido registradas más de 130 piletas de mayores dimensiones. Esto conlleva contaminación y destrucción de la capa boscosa, pero ya no sólo en las 900 hectáreas de la zona original (del proyecto); lamentablemente se ha incrementado a lo largo del terreno a más de 3.000 hectáreas”. Denunciaba también que el 90% de los mineros son nicaragüenses, quienes incluso han alterado los mojones limítrofes.

“Ese cerro ahora es casi inexistente”, lamentó Zamora, quien añadió que poco puede hacer un centenar de policías que patrulla la zona en cada turno, como parte de la vigilancia que cuesta al Estado un millón de dólares. Sin embargo, recibió fuertes críticas de partidos opositores por no dedicar más recursos para evitar que se continúe vulnerando la soberanía fronteriza.

La audiencia especial de Zamora ante los diputados tiene un trasfondo político: la intención del Gobierno de Rodrigo Chaves de aprobar una reforma que haga una excepción en la moratoria actual a la minería metálica a cielo abierto y permita concesionar la extracción del oro a una compañía extranjera, con un porcentaje de sus ganancias para las arcas del Estado. El Colegio de Geólogos ha calculado que en la zona hay oro por valor de 3.000 millones de dólares. La propuesta calza con la línea relativista de las tradicionales posiciones ambientalistas de Costa Rica en ámbitos oficiales, basadas en el afán de capitalizar los recursos naturales más allá del turismo y en el argumento de propiciar desarrollo en las comunidades rurales donde yacen esos recursos, señaló el investigador Leonardo Merino, del centro de pensamiento Estado de la Nación.

La concesión es también una prioridad política para la presidenta electa, Laura Fernández, quien pidió a los diputados actuales acelerar el trámite de un proyecto de ley antes del cambio de poderes (en mayo). La propuesta recuerda al fallido contrato de concesión hecha en 2001 a la canadiense Infinito Gold, tumbado por una sentencia judicial en 2011, así como el largo debate nacional sobre qué hacer con esa zona de alto valor ecológico y cómo evitar ahí lo que a fin de cuentas ha ocurrido: la expansión del contrabando con sus consecuencias sobre la economía, el ambiente natural y la seguridad de comunidades cercanas. Los informes también mencionan trasiego de drogas, armas y hasta órganos humanos, trata de personas y amenazas a la población para evitar denuncias. La realidad ha superado la promesa de Rodrigo Chaves de 2022, cuando prometió la intervención gubernamental en esa zona.

Ahora es aún más complejo, pues el conflicto adquiere tintes geopolíticos por la acusación de Costa Rica contra empresas mineras chinas que tienen concesionadas casi un millón de hectáreas en Nicaragua, el 8,5% del territorio del país gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según una investigación reciente de la organización no gubernamental Fundación del Río. El informe indica que la compañía china Thomas Metal Sociedad Anónima está instalada en la zona limítrofe, cerca de un campamento de minería ilegal que reúne hasta 4.000 personas con la permisividad gubernamental, dentro de la Reserva Indio Maíz. Uno de los lotes en explotación está ubicado a sólo 300 metros del río fronterizo San Juan.

“En este sitio es donde se está procesando el material minero que viene de la extracción ilegal de Crucitas y Conchudita de Costa Rica. Además se han registrado compras de oro en efectivo”, dijo a la prensa el director de la fundación, Amaru Ruiz, quien sin embargo muestra escepticismo ante la coordinación policial anunciada por autoridades de ambos países tras una reunión celebrada el 28 de febrero. Este fin de semana hubo operativos que resultado en 20 detenidos, pero el problema es mucho mayor. “Esa actividad ilegal en el lado costarricense no se va a detener si no se cierra la actividad ilegal en la zona de Las Cruces”, agregó sobre el poblado donde opera el campamento, según sus hallazgos.

La embajada de China, sin embargo, rechaza culpa alguna de empresas de su país y achaca a una campaña las acusaciones contra ellas, en un contexto de numerosas desavenencias con el gobierno de Costa Rica inclinado a Washington. “Es otro ejemplo de propaganda mediática sin ninguna comunicación o verificación”, respondió la embajadora Wang Xiaoyao a este periódico. “Estamos informados de que las empresas mineras que operan en Nicaragua son principalmente de Canadá u otros países”, añadió la diplomática.

Para grupos ambientalistas de Costa Rica, la legalización de la minería legal sería también un problema, por lo que se oponen al proyecto del Gobierno de concesionar la explotación en la zona fronteriza con el argumento de que igual se destruye el ambiente natural, es poco lo que le queda al Estado y nada garantiza que se acabará la extracción informal ni los problemas de seguridad alrededor.

“Díganme un sólo ejemplo de un proyecto minero que haya llevado desarrollo a las comunidades y haya acabado con la explotación ilegal, uno sólo. No han podido, porque no lo hay”, insiste la diputada Priscilla Vindas, del partido de izquierda Frente Amplio, en una comisión encargada de discutir el proyecto impulsado por el Ejecutivo. “Esto sería legalizar que nos sigan robando el oro a cambio de un miserable 7% de las ganancias. Serán otros extranjeros mejor vestidos, pero igual se van a llevar el oro”, denuncia la legisladora sobre la eventual concesión a una compañía de fuera del país, pues dentro no existe la industria aurífera.

Los diputados entusiastas de habilitar una nueva concesión minera lamentan el ritmo lento de la discusión en el Congreso y admiten que no hay solución completa al problema. “Quizás se va a vender barato el oro, pero no va a ser un robo legalizado ni lo que ocurre ahora”, refutaba en la comisión la legisladora Daniela Rojas, quien también reconoció que liquidar la minería ilegal y garantizar la seguridad en la zona requeriría otro tipo de esfuerzos. Sin embargo, los opositores no están optimistas. “Esto va a pasar tarde o temprano”, dice un activista, consciente de que a partir de mayo el oficialismo tendrá mayoría absoluta del Congreso y también podría encontrar apoyos adicionales, incluso de Estados Unidos.