Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas

Hablar de acceso a la justicia puede parecer, a primera vista, un asunto técnico, casi abstracto. Un tema de códigos, tribunales y procedimientos. Más allá de la toga y los oficios, estamos hablando de la vida cotidiana; de la posibilidad concreta de que una mujer, donde sea que se encuentre, pueda ejercer sus derechos y confiar en que el Estado la escuchará, la protegerá y le responderá.

En 2026, el Día Internacional de las Mujeres nos convoca a nivel global bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”. Este llamado reunirá en Nueva York a mujeres y representantes de todo el mundo en la 70º Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) para afirmar que el acceso a la justicia es la base del ejercicio de todos los derechos y para abordar los obstáculos históricos que aún impiden su plena realización.

El acceso a la justicia es el puente entre la norma y el ejercicio de derechos: convierte el principio de igualdad ante la ley en una experiencia tangible. Aún así, en todas partes del mundo está lejos de ser una realidad.

En América Latina y el Caribe, esta conversación es particularmente relevante. La región ha avanzado en marcos normativos y en políticas públicas. Veinte países han tipificado el feminicidio en su legislación penal, asimismo la región cuenta con instrumentos pioneros como el Acuerdo de Escazú, que fortalece el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.

Sin embargo, el desafío no es sólo legislativo ya que persisten barreras estructurales que impiden que la justicia sea accesible. La distancia hasta un tribunal, los costos de un proceso judicial, la falta de defensorías especializadas, los recursos limitados y la persistencia de estereotipos de género en decisiones y procedimientos restringen el acceso efectivo.

La falta de justicia se refleja en la violencia e impunidad. En 2024, la CEPAL registró al menos 3.828 víctimas de feminicidio/femicidio en 26 países de América Latina y el Caribe, lo que equivale a 11 mujeres asesinadas cada día por el hecho de ser mujeres. Ese mismo año, 14 países reportaron más de 5.500 tentativas de feminicidio. Estos datos no solo muestran la gravedad de la violencia, también evidencian fallas en prevención, protección y respuesta oportuna.

El acceso a la justicia también exige garantizar derechos sexuales y reproductivos y erradicar prácticas nocivas. Un dato alarmante en la región es la persistencia de los matrimonios y uniones infantiles y forzadas, que afectan a una de cada cinco niñas y adolescentes. Diecisiete países han aprobado la prohibición absoluta del matrimonio infantil, sin excepciones, lo que constituye un avance significativo. Sin embargo, en muchos contextos predominan las uniones informales que producen efectos similares al matrimonio y suelen estar vinculadas a embarazos en la adolescencia. Sin marcos legales sólidos, políticas de prevención y servicios accesibles, la denuncia es poco frecuente y la reparación resulta difícil sino imposible.

El acceso a la justicia debe ser inclusivo y tener en cuenta la interculturalidad. Las mujeres afrodescendientes, indígenas y en situación de movilidad enfrentan barreras geográficas, lingüísticas, culturales y económicas que limitan su acceso a servicios judiciales. La justicia debe ser accesible en lenguas originarias y libre de discriminación racial. Además, las mujeres con discapacidad enfrentan sistemas que no garantizan ajustes razonables ni participación autónoma. Las personas LGBTI+, especialmente las personas trans, enfrentan prejuicios y obstáculos a lo largo de todo el proceso judicial.

La tecnología podría contribuir a ampliar el acceso a la justicia al facilitar denuncias, información y seguimiento de casos, en especial en zonas alejadas, pero sin un enfoque de derechos humanos y de género, también puede reproducir desigualdades y generar barreras y violencias. Las plataformas deben tomar acciones para prevenir y atender las violencias que facilitan, así como garantizar mecanismos efectivos de protección y rendición de cuentas.

La CSW70 situará el acceso a la justicia en el centro del debate global, con el objetivo de fortalecer sistemas jurídicos inclusivos y eliminar leyes y prácticas discriminatorias. Será una oportunidad para reafirmar un principio esencial del derecho internacional de los derechos humanos: la no regresividad. Toda reforma debe ampliar la protección de mujeres y niñas, nunca reducirla.

Garantizar el acceso a la justicia exige marcos legales sólidos con enfoque de género e interseccional, financiamiento suficiente y sostenido, servicios especializados con cobertura territorial, datos confiables y rendición de cuentas. Requiere coherencia entre ley e implementación, entre compromiso y presupuesto, entre discurso y acción.

Es momento de atender la evidencia, forjar alianzas y cerrar brechas de manera sostenida. Invertir en sistemas de justicia inclusivos y con perspectiva de género no es un gesto simbólico, es saldar deudas históricas y avanzar hacia sociedades más justas y seguras. Este 8 de marzo el llamado es claro, urge convertir los compromisos en resultados concretos, que los avances normativos se conviertan en transformaciones reales para la vida de todas las mujeres y las niñas.