El máximo tribunal de Perú ordena la libertad del exministro Daniel Urresti, condenado por matar a un periodista

El 24 de noviembre de 1988, en la sierra sur de Ayacucho, el periodista peruano Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, fue asesinado en una emboscada militar mientras investigaba un crimen atribuido al grupo terrorista Sendero Luminoso. Bustíos murió por los disparos y la detonación de un explosivo que desfiguró su rostro, mientras que el fotógrafo Eduardo Rojas logró escapar. El crimen ocurrió en pleno conflicto armado interno, que dejó cerca de 69.000 víctimas según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Aunque hubo testigos, el caso enfrentó años de silencios y amenazas.

En el 2023, 35 años después, Daniel Urresti —exministro del Interior, congresista y candidato presidencial y municipal— fue condenado a 12 años de prisión como coautor del homicidio, tras haber sido absuelto en 2018. El “Capitán Arturo”, como se le conocía a Urresti en los años ochenta, era el responsable de la Inteligencia y la Contrainteligencia de la base contrasubversiva de Castropampa en Ayacucho. El tribunal consideró inconsistentes sus versiones y valoró testimonios que lo identificaron en la escena del crimen. La sentencia, celebrada por la familia de Bustíos y organismos como la CIDH y la Defensoría del Pueblo, fue calificada como un hito contra la impunidad por violaciones de derechos humanos.

Pero la historia ha dado un giro dramático este viernes, cuando Hugo Bustíos hubiese cumplido 76 años. El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la sentencia, y ordenó su inmediata liberación. La decisión fue adoptada por mayoría: seis magistrados votaron a favor y solo uno se pronunció en contra. El fallo se conoce un año después de que Urresti interpusiera un habeas corpus con el que buscaba revertir su encarcelamiento.

La resolución dispone la aplicación de una ley, aprobada por el Congreso en 2024, que establece que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra solo pueden ser considerados como tales para hechos ocurridos desde el 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor en el Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La mayoría del tribunal sostuvo que la acción penal prescribía a los 20 años. Dado que el crimen se perpetró en 1988, el proceso —según esta interpretación— debió extinguirse en noviembre de 2008. El fallo deja sin efecto la condena dictada por el Poder Judicial en segunda instancia.

La decisión ha provocado una inmediata reacción de rechazo por parte de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). En un comunicado público, el gremio subrayó que la sentencia del Tribunal Constitucional “no declara la inocencia de Urresti ni pone en duda la existencia del asesinato de Bustíos”, sino que se sustenta en una “interpretación sobre la prescripción que excluye estándares internacionales sobre la imprescriptibilidad de graves violaciones a los derechos humanos”.

Para la ANP, no se trata de una absolución por falta de responsabilidad, sino de una resolución procesal que impide ejecutar una condena firme y que, a su juicio, debilita los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos. El gremio anunció que continuará acompañando a la familia Bustíos y respaldará las acciones que puedan emprender ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

17 periodistas asesinados

La indignación también se expresó en el entorno familiar. Sharmelí Bustíos Patiño, hija del periodista asesinado, recordó que la anulación de la condena coincidió con la fecha en que su padre habría cumplido 76 años. “Increíblemente, quien fue condenado por su asesinato saldrá libre”, señaló en un mensaje, donde reivindicó la memoria de su padre. Bustíos fue uno de los 17 periodistas asesinados durante el periodo de violencia entre los ochenta y noventa.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, ha defendido el fallo. Precisó que el el TC no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de Urresti, sino que evaluó si la sentencia del Poder Judicial respetaba los principios constitucionales del derecho penal. Según explicó, el tribunal consideró que hubo una aplicación indebida de la ley. “No es verdadera justicia si se usa el derecho de una manera indebida”, afirmó.

El impacto político no se hizo esperar. A siete semanas de las elecciones generales, el congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunció que, de llegar al poder, convocaría a Urresti para asumir el Ministerio del Interior. Sostuvo que el exministro encabezaría un plan de seguridad ciudadana —trabajado durante cinco años, según dijo— que incluiría un “shock” de inversión de 5.000 millones de soles (1.492 millones de dólares) para combatir la criminalidad organizada.

Mientras tanto, la Penitenciaria deberá ejecutar la orden de excarcelación de Daniel Urresti. Su esposa, Juanita Pastor, postula al Senado por la misma agrupación liderada por Luna Gálvez. La anulación de la sentencia reabre así un debate jurídico y político sobre la memoria, la justicia y los límites de la prescripción en casos vinculados al conflicto armado interno.