“O ellos o nosotros”: la CIDH documenta al detalle la trama financiera que acabó en el asesinato de Berta Cáceres en Honduras

A casi diez años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, la luz penetra poco a poco en los entresijos de la trama que urdió el ataque, por el que hasta ahora hay ocho condenados. En los últimos meses, un equipo de analistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha investigado a fondo la pata financiera del complot, entre otras, tratando de entender su profundidad y alcance. La conclusión es que la dirigencia del conglomerado empresarial del que nació la trama asesina, ligada a la muy pudiente familia Atala Zablah, parece mucho más implicada en el ataque de lo que se ha podido comprobar.

El equipo de la CIDH, conocido como GIEI, mecanismo que la comisión ha usado en otros países como México o Nicaragua, ilumina ahora la madeja financiera detrás del asesinato de la activista, de la que no se sabía demasiado. En su informe de labores, que se presenta este lunes, y al que EL PAÍS ha tenido acceso estos días, los investigadores señalan que la trama criminal empleó fondos de bancos de crédito al desarrollo, de Europa y Centroamérica, para pagar a los sicarios que mataron a Cáceres. El GIEI detalla los caminos del dinero, los meandros y túneles que dispuso la trama para disimular su origen, hasta su cobro en tres cheques, por más de medio millón de lempiras, unos 25.000 dólares, y su reparto final entre los sicarios, hoy presos.

Los investigadores ponen el ojo en la familia Atala Zablah. Casi desde el principio, la sospecha apuntaba a este clan de empresarios, uno de los más ricos de Centroamérica, con intereses en bancos y otros rubros. Pero la justicia hondureña nunca ha llegado a ellos, ni siquiera a Daniel Atala, gerente financiero de Desa, la empresa cuya implicación en la trama está probada judicialmente: su presidente ejecutivo, David Castillo, fue condenado por el asesinato de Cáceres en 2021. Ahora, el GIEI dibuja a detalle la actuación y comunicaciones de Daniel y otros integrantes de la familia Atala Zablah, en los días y meses anteriores y posteriores al ataque.

Desde finales de la década de 2000, Desa, participada por el holding empresarial de los Atala Zablah, Inversiones Las Jacarandas, y por una firma de Castillo, Pemsa, impulsó la construcción de una presa en el occidente de Honduras, con el objetivo de producir energía hidroeléctrica. Pero el proyecto, conocido como Agua Zarca, chocó desde el principio con la oposición de la comunidad lenca en la zona, a la que pertenecía Cáceres, que denunciaba las afectaciones a su hábitat natural, la futura contaminación del río sobre el que se iba a erigir la presa, la destrucción, en fin, de su estilo de vida.

Madre de cuatro hijos, Cáceres encabezó este movimiento. Entre 2013 y en 2014, ella y los suyos lograron que el Banco Mundial y la empresa estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, que habían apoyado al principio el proyecto de Agua Zarca, finalmente se apartaran. La capacidad organizativa de la comunidad fue clave. Los esfuerzos de resistencia confluyeron alrededor de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn), fundada en 1993 por la misma Cáceres. Ya entonces, el pueblo lenca y otros vivían amenazados por la expansión de proyectos madereros, mineros e hidroeléctricos, que amenazaban ríos y tierras que las comunidades consideraban vitales para su vida.

Pese a la retirada de sus primeros patrocinadores, Agua Zarca siguió adelante. El proyecto demandaba la inversión de decenas de millones de dólares, así que Desa empujó y empujó. La empresa, detalla el GIEI, contaba con el apoyo del Estado. Es más, recuerda el equipo de expertos, “los expedientes judiciales revelan la convergencia entre estructuras empresariales y agencias estatales, los vínculos de cuatro personas imputadas por el asesinato con las Fuerzas Armadas y la creación de Desa por parte de un oficial de inteligencia militar que, al mismo tiempo, ocupaba un cargo estratégico en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.

Las hostilidades hacia Copihn y la figura de Cáceres crecieron con el tiempo, siempre con los Atala Zablah pendientes de la activista y sus colegas. Parecían dos mundos distintos. Por un lado, la resistencia del pueblo lenca contra Agua Zarca, que dejó varias víctimas, además de Cáceres, a lo largo de los años; por otro, los movimientos de Desa y sus dirigentes para atraer financiación al proyecto, asegurando que los que protestaban eran cuatro gatos, carentes de razón. Los últimos se salieron con la suya y llegaron a sumar a su causa a un banco holandés de créditos al desarrollo, FMO, y a otro centroamericano, el BCIE. Era tanto lo que había en juego, que Pedro Atala, uno de los principales accionistas de Las Jacarandas, llegó a decir, cinco meses antes del asesinato de Cáceres: “O ellos o nosotros”.

En esa lógica se fraguó el ataque fatal contra la activista. El GIEI Honduras detalla cómo el asesinato de Cáceres ocurrió en un contexto de máximo acoso al Copihn y su lideresa, entre finales de 2015 y principios de 2016. “Integrantes de la familia Atala”, señala el informe, “participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo [de WhatsApp] denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el Copihn”. Así, la trama criminal organizó hasta cinco incursiones a La Esperanza, donde vivía la activista, para preparar el atentado. Incluso, en una de las incursiones, trataron de acabar con ella, fallidamente.

Finalmente, a la sexta la mataron. Fue en la noche del 2 de marzo de 2016. Los sicarios entraron a su casa y dispararon contra ella, hasta matarla. El activista mexicano Gustavo Castro, que estaba de visita, resultó herido y tuvo que fingir su propia muerte para salvar la vida. El GIEI recuerda que una actuación óptima de las autoridades de investigación hondureñas podría haber desbaratado los planes de la trama antes del ataque. En un caso paralelo en que investigaba una red de narcotráfico, la Fiscalía monitoreaba las comunicaciones de uno de los ahora condenados, hablando de un futuro asesinato, el de Berta Cáceres. Si los investigadores hubieran indagado en las conversaciones monitoreadas, es más que probable que los responsables habrían sido detenidos.

Pero eso no ocurrió, Cáceres murió asesinada y el escándalo creció y creció, hasta el punto de que la Fiscalía hondureña no tuvo más remedio que emplearse a fondo y escalar en la cadena de responsabilidades del ataque. EL GIEI recuerda cómo en los primeros días, la trama criminal alentó teorías conspirativas sobre el asesinato, incluso el versión de que se había tratado de un crimen pasional. Pero la presión internacional obligó a que los investigadores se fijaran en la evidencia, lo que les condujo al presidente ejecutivo de Desa, David Castillo, y su cadena operativa, compuesta por un militar en activo, exmilitares y sicarios contratados.

Los problemas han aparecido después, a la hora de dar el siguiente paso en la cadena de responsabilidades. El GIEI señala “la posible existencia de un nivel de mayor jerarquía [en la organización del asesinato], con posibles responsabilidades en la toma de decisiones de diversa índole, insertas en un plan de naturaleza empresarial”. Y añade que “tanto David Castillo como Daniel Atala habrían desempeñado funciones de enlace entre los distintos niveles de la estructura, conectando el nivel operativo o gerencial de Desa con los accionistas responsables de canalizar recursos financieros asociados al proyecto”.

En este asunto, la investigación financiera del GIEI resulta fundamental. El grupo indica sin lugar a duda que al menos una parte del dinero empleado para pagar a los sicarios, 25.000 dólares, “se originaron en fondos girados por los bancos FMO y BCIE, de conformidad con una orden de pago emitida en el marco del préstamo extendido por esas instituciones”. Lo cual, por cierto, resultaba algo habitual para Desa y el proyecto Agua Zarca. Según el GIEI, más de 12 millones de dólares de los 18 ejecutados en el proyecto fueron objeto de desvíos y/o manejos irregulares.

En su informe, el grupo detalla cómo la trama trianguló el dinero para los sicarios en cuentas de diferentes empresas, vinculadas a Desa. Finalmente, el dinero salió de las cuentas de las compañías en tres cheques, cobrados por dos personas de confianza de Castillo, entre el 3 y el 4 de marzo, los días posteriores al asesinato. En esos días, Castillo mantuvo comunicación constante con integrantes de la familia Atala Zablah. El 4 de marzo, por ejemplo, Castillo habló con Pedro, Daniel y Jacobo Atala en varias ocasiones. Jacobo y Pedro eran tíos de Daniel, principales accionistas de Las Jacarandas, el holding familiar. “La frecuencia y modalidad de interacción de las comunicaciones permiten presumir que, en ese lapso, se estaban coordinando acciones cruciales relacionadas con el hecho crimina”, señala el GIEl.

Aunque parezca lo contrario, por las condenas de los autores materiales y parte de los intelectuales, el caso Berta Cáceres está lejos de resolverse. El GIEI pide que se investiguen precisamente las comunicaciones de los Atala con los ejecutores del asesinato y el resto de funcionarios de Desa. Además de Castillo, de momento solo hay otro ejecutivo de la empresa condenado, Sergio Rodríguez. También pide que se investigue las relaciones de Desa con el Ministerio de Seguridad. “Documentos y mensajes develan una relación sostenida entre directivos y accionistas de Desa con el entonces ministro de Seguridad, así como con elementos policiales, antes, durante y después del homicidio”, señala el grupo, que apunta de ejemplo la “coordinación” de Daniel y Pedro Atala con el ministro de Seguridad, y con el comisionado general de la policía.