El retorno de la doctrina Monroe y el corolario de Trump

El 4 de diciembre, el Gobierno estadounidense publicó la Estrategia de Seguridad Nacional, que delinea las prioridades de política exterior de la administración de Donald Trump. En esta, América Latina vuelve a tener un papel protagónico, después de que, en mayo del 2012 Hillary Clinton anunciará la intención del gobierno Obama del “Pivot to Asia”, convirtiendo al continente asiático en su prioridad de política exterior, a expensas de América Latina. Aunado a esto, es importante también tener en cuenta que este retorno de América Latina a la prioridad de política exterior de Washington se da en un contexto en el cual China ha acumulado un poder importante en la región. Previo al 2008, año en el cual Pekín publicó su primer “White Paper” sobre cómo manejaría la política exterior en América Latina, y donde prometía una cooperación gana-gana con la región, la presencia del gigante asiático en la región era nula. Actualmente, este panorama ha cambiado.

Entre 2002 al 2022, el comercio entre América Latina y China se expandió de 18 billones de dólares a 450 billones. Adicionalmente, según datos del Inter-American Dialogue, un tanque de pensamiento enfocado en promover la resiliencia democrática, prosperidad, inclusión social y desarrollo sostenible en América Latina, entre 2012-2023, China ha proveído más de 120 billones de dólares en América Latina y el Caribe en financiamiento al desarrollo, principalmente en los sectores de energía (94,1 billones), infraestructura (12,1 billones), minería (2,1 billones), y otras sectores (12,1 billones). Solo en el 2015, China les prestó más a gobiernos Latinoamericanos y del Caribe que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo combinados. Esto ha derivado en que, para el 2023, según datos del Observatory of Economic Complexity, China fuese el principal mercado para sus exportaciones para Brasil, Chile, Perú y el segundo para México, Colombia.

De esta manera, mientras Estados Unidos abdicó su responsabilidad en América Latina, como resultado de su giro a Asia, Pekín aprovechó este vacío para incrementar, y consolidar, su influencia en la región. Esta influencia no solo fue económica. En Autocracy Inc., Anne Applebaum describe cómo China se ha convertido en un pilar fundamental de la nueva red global de cooperación entre regímenes autoritarios. Su argumento central es que Pekín no exporta una ideología cerrada, sino herramientas y recursos que fortalecen a los gobernantes que buscan debilitar controles democráticos.

En América Latina, Applebaum identifica tres mecanismos clave. El primero es la tecnología de vigilancia. China ha promovido sistemas de reconocimiento facial, plataformas de monitoreo masivo y software policial que permiten seguir opositores, controlar protestas y vigilar a la ciudadanía con un nivel de sofisticación imposible hace una década. Para gobiernos con pulsiones autoritarias, este “paquete tecnológico” ofrece una ventaja decisiva.

El segundo mecanismo es el financiamiento opaco y sin condiciones democráticas. A diferencia de los organismos occidentales, los préstamos chinos no exigen transparencia, reformas o supervisión institucional. Applebaum sostiene que este tipo de recursos actúa como un salvavidas para líderes que necesitan dinero, pero quieren evitar rendir cuentas. El efecto es claro: se consolidan redes de poder que operan lejos del escrutinio público.

Finalmente, China ofrece cobertura política. En foros internacionales, evita condenar abusos de derechos humanos o manipulaciones electorales de sus socios latinoamericanos. Ese silencio funciona como un escudo diplomático que reduce los costos de gobernar de forma autoritaria.

En conjunto, estos tres elementos —vigilancia, dinero y protección internacional— forman lo que Applebaum llama la “caja de herramientas del autoritarismo global”. En América Latina, sus efectos ya se sienten: líderes que enfrentaban límites internos ahora encuentran un aliado dispuesto a facilitarles la concentración del poder. Ante esta realidad, el Gobierno de Trump ha decidido que el restablecimiento de la supremacía de Washington en América Latina y el Caribe es su prioridad de política exterior. Al fin y al cabo, como afirma el profesor Tokatlian, si Estados Unidos no es capaz de ejercer su influencia y “no nos disciplina, no va a poder mostrarle al mundo que puede disciplinar a alguien más”.

Según la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Washington busca que el hemisferio occidental sea estable, bien gobernado y que la migración masiva hacia el gigante norteamericano sea desalentada. Aunado a esto, la estrategia busca que en esta zona los gobiernos busquen cooperar con Estados Unidos en su lucha contra los narcoterroristas, carteles y otras organizaciones de crimen transnacional, evidenciando que las acciones contra lanchas en el pacífico y otras relacionadas que han implementado desde hace meses, no solo continuarían, sino que responden a este objetivo. Finalmente, uno de los puntos clave de la estrategia radica en que buscan que América Latina y el Caribe se mantenga libre de incursiones extranjeras hostiles o de la apropiación de activos estratégicos, que respalde las cadenas de suministro críticas; y asegurar un acceso continuo a ubicaciones estratégicas. En otras palabras, afirma la estrategia, se aplicará un “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Esto último es, en parte, un eco de lo mencionado en 1904 por Theodore Roosevelt, cuando estableció el “corolario Roosevelt” que aseguraba que Estados Unidos tenía el derecho de intervenir en América Latina en casos de desviaciones graves y continuas del orden democrático.

Según Niall Ferguson para The Free Press, la Estrategia de Seguridad Nacional deja claro que Washington pretende apoyarse en aliados ideológicos, como Argentina, para reforzar su presencia en el hemisferio y equilibrar la creciente influencia económica de la República Popular China en la región. Esto lo podemos ver no solo con Argentina, sino también por ejemplo en Perú, donde recientemente el Congreso aprobó una resolución legislativa que permitirá que tropas de Estados Unidos porten armamento de guerra durante su estadía en el país sudamericano desde el 11 de enero hasta el 31 de diciembre del 2026. Aunque inicialmente la solución permite que la Unidad de Fuerzas Especiales del Departamento de Defensa de EE UU desarrollen actividades de cooperación, instrucción y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, no se puede evitar pensar que este mandato cambie y pueda expandirse, para incluir el apoyo a las Fuerzas Armadas del Perú en la ejecución de acciones militares a favor de los intereses de Estados Unidos.

Ahora, es importante tener en cuenta que, como afirma Ferguson, en Estados Unidos no es inusual que un Gobierno divulgue un documento estratégico que analistas de todo el mundo examinan con esmero, mientras sus autores celebran haber culminado la tarea, plenamente conscientes de que quienes, en teoría, deberían estudiarlo con mayor rigor —el presidente y su equipo más cercano— suelen ser los menos proclives a hacerlo. En otras palabras, que este documento se convierta en palabras sin acciones que lo respalden. Pero, independiente de esto, lo que sí es evidente es que, con la actual Administración, la doctrina Monroe parece haber renacido y, en esta ocasión, tendrá un “corolario Trump”, que la reinterpreta para el siglo XXI —jerarquizando la seguridad regional, la infraestructura crítica y la influencia económica de EE UU en América Latina como pilares centrales de su estrategia global. Solo el tiempo dirá si la estrategia, y corolario, se ejecutan. Pero Washington parece haberle retornado a América Latina la importancia geopolítica que la región merece.