Noboa reduce de 20 a 14 los ministerios y despide a 5.000 empleados públicos en Ecuador

El Gobierno ecuatoriano ha lanzado un plan de eficiencia en aras de la modernización que ha supuesto una reducción drástica del Gabinete y el despido de 5.000 empleados públicos sin justificación clara. De 20 ministerios se pasará a 14, y de nueve secretarías, sólo quedarán tres. Al Ministerio de Educación se le asignará la gestión de la Secretaría de Educación Superior, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el de Deportes. Una fusión desigual y de gran peso burocrático. Pero la más alarmante es la unión entre el Ministerio del Ambiente y el de Minas. Hasta ahora, el primero era la institución encargada de fiscalizar y controlar al segundo. Hoy serán parte de la misma estructura.

Según el Gobierno de Daniel Noboa, esta reestructuración permitirá una administración más ágil, una evaluación rigurosa de los funcionarios y la apertura a los jóvenes. Pero en las calles, entre quienes han perdido su empleo, se impone otra lectura, la de un ajuste sin rostro, sin transparencia, y con olor a purga.

La portavoz de la Presidencia, insistió en que no se trata de una medida para ahorrar dinero, sino de una apuesta por la eficiencia. Negó, también, que esté vinculada a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, que ha ofrecido a Ecuador una línea de crédito por 5.000 millones de dólares hasta 2028. Sin embargo, en los documentos del acuerdo figura una exigencia clara, reducir el gasto público en salarios, que actualmente supera los 9.000 millones de dólares anuales y cubre a más de 650.000 trabajadores estatales.

Durante días, en las oficinas del Palacio de Carondelet, se cocinó en silencio una decisión que afectaría a miles. No hubo filtraciones, ni advertencias. La lista de despidos del sector público se elaboró con absoluto hermetismo. Y solo al filo del jueves, cuando la jornada laboral ya casi terminaba, se hizo pública la medida: el Gobierno de Noboa decidió desvincular a 5.000 funcionarios del Estado. La noticia cayó como un hachazo.

La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, compareció apresuradamente ante los medios, con apenas media hora de anticipación. Allí intentó explicar la medida como parte de un plan para “alcanzar la eficiencia del Estado”. Y fue más allá, aseguró que había funcionarios que “obstruyen el trabajo eficiente que se quiere hacer en el gobierno”.

La versión oficial contrasta con lo que han vivido los despedidos. Rocío, -nombre cambiado para proteger su identidad- es una de ellas. Recibió la notificación sin previo aviso, sin evaluación previa y sin un informe técnico que justificara la medida. “No se hizo ninguna evaluación, ni tampoco entregaron ningún informe técnico en el documento donde se notificó el despido”, asegura.

Lo que más le dolió no fue el fin de su contrato, sino las palabras del Gobierno. “Salí tranquila hasta que escuché lo que dijo la portavoz de que nos despiden por ineficiencia o corrupción. Fue indignante. He tenido una hoja laboral intachable, y ahora han puesto esa marca sobre quienes lo entregamos todo en la función pública”, dice con la voz quebrada. Rocío dedicó diez años a servir al Estado y atravesó más de un año de desempleo antes de conseguir el trabajo del que ahora ha sido apartada. “Yo además voté por este Gobierno, creyendo en el cambio”. Sabe que la búsqueda de un nuevo empleo será aún más difícil, en un mercado sin oportunidades, saturado de personas que, como ella, buscan un empleo.

El presidente Noboa fue más tajante. Desde Guayaquil, afirmó que los despidos responden a la intención de sacar del Estado a quienes pretendían boicotear su gestión. No ofreció nombres, ni evidencias.